“NUNCA DEBIÓ CONSTITUIRSE”

Fenapes acusa de ilegal a investigadora y se queja de su imposibilidad para defenderse

Sindicalistas y exconsejeros denuncian falta de garantías y piden a la cámara archivar actuaciones por suponer “una enorme pérdida de tiempo y de recursos”.

Comisión investigadora. Foto: Francisco Flores.
Comisión investigadora. Foto: Francisco Flores.

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En sus descargos ante la investigadora del Parlamento, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) apuntó a la ilegalidad de la comisión y a su imposibilidad de defensa. Mientras que la expresidenta del Consejo de Secundaria, Celsa Puente, denunció que fue sometida “al escarnio público” y a la “difamación”, y el consejero Javier Landoni pidió a la cámara archivar actuaciones por suponer “una enorme pérdida de tiempo y de recursos”.

Así todos contestaron a la investigadora, luego de que el pasado 25 de abril -a iniciativa de los diputados de la coalición de gobierno- se los citara para hacer sus descargos ante la conclusión de que surgieron “presuntas omisiones e irregularidades administrativas y conductas con apariencia delictiva”. Por ejemplo: fraude, estafa, falsificación, abuso de funciones y encubrimiento.

La cúpula de Fenapes basó su defensa en la ilegalidad que supone el trabajo realizado por el Parlamento respecto a las licencias irregulares, al afirmar que se investiga a una “persona del derecho privado”. El presidente del gremio José Olivera y los sindicalistas Marcel Slamovitz, Ana Pescetto, Alejandra Vespa, Virginia García Montecoral y Graciela Almeida firman el escrito donde aseguran que “nunca debió constituirse” la investigadora en Diputados.

Tras ser apuntados por presuntos delitos, los gremialistas sostienen que la comisión “es a todas luces contraria a derecho” al “entrometerse en la vida interna de un sindicato”.

En tanto, se cuestiona que los legisladores que representan a la coalición de gobierno “se atribuyeron poderes jurisdiccionales materializando con dicho accionar otra perla en este largo collar de ilegalidades”. Por lo que piden a la Cámara de Representantes “subsanar la ilegalidad” no aprobando todas las actuaciones de la comisión, “bajo el riesgo de ser pasibles de responsabilidad civil por un acto legislativo manifiestamente antijuridico”.

“Se solicita a la Cámara de Legisladores que no se aprueben las actuaciones emergentes de esta ilegal comisión investigadora y se repare de esta manera la lesión que han hecho al ordenamiento jurídico vigente aplicable”, sostiene Fenapes.

Con respecto a las acusaciones de posibles delitos como estafa, fraude, falsificación, abuso innominado de funciones y encubrimiento se entiende que la comisión “afecta flagrantemente el derecho de defensa”. Además, se sostiene que “la ausencia de una imputación precisa” hace imposible articular una defensa.

“Queda claramente demostrado que la intención de los miembros oficialistas de la comisión es que las personas individualizadas en la resolución que las convoca se vean impedidos de comparecer e impetrar ante la misma sus argumentos defensivos”, sostienen. Por lo que se entiende se lesiona el principio de defensa, por el cual a toda persona sometida a proceso se le da derecho a ser oída. Asimismo, se cuestiona que se quiera transformar a la defensa en “un mero adorno” para tratar de legitimar todo el proceso de la investigadora.

A su vez se cuestiona a los legisladores por “avasallar derechos de raigambre constitucional” -al debido proceso, a la defensa y a la libertad sindical- “cuando al momento de asumir sus cargos juran defender la Constitución”. “Es una clara manifestación del irrespeto que se le tiene a las instituciones como así también al pueblo que dicen representar”, finalizan los docentes que fueron intimados por la investigadora a elevar sus descargos.

Exconsejeros

No solo Fenapes presentó sus descargos ante la comisión, también lo hizo Puente. Allí sostuvo que la conferencia de los diputados de la coalición, donde se la nombró junto a dirigentes de Fenapes y en una lista asociada a posibles delitos, supone “un hecho más” de los que dijo sufrió al ser sometida “al escarnio público”, de acuerdo a los descargos a los que tuvo acceso El País. Denunció una “acechanza cotidiana, difamación y prejuzgamiento” y afirmó sentirse “menoscabada” en su imagen pública. “He sido sometida a una fabulación que ha dañado mi vida personal”, advirtió. No obstante recordó que compareció a la investigadora y declaró durante seis horas “con la intención de colaborar”. Dijo no comprender cuáles descargos debería hacer, porque según dijo son “imposibles”, al “no garantizarse el debido proceso”.

Landoni -en el escrito al que accedió El País - cuestiona la falta de garantías al no tener la investigadora un carácter reservado y afectar a los que aparecen mencionados. “No es posible defenderse adecuadamente cuando lo que se comunica es simplemente un listado de normas penales”, sostuvo.

El exconsejero de Secundaria pidió archivar las actuaciones de la investigadora de Fenapes por ser “infelices”, constituir “una pérdida de tiempo” y suponer un “enorme desprestigio de la ANEP que quedó colocada como alguien incapacitado para autogobernarse”, además de acotar que tanto para él como para su familia el tema supuso “una enorme mortificación”.

En junio se tratan los informes en Cámara

De acuerdo a lo informado por el presidente de la comisión investigadora, el diputado nacionalista Alfonso Lereté, el plazo para presentar los descargos vence el próximo jueves 19, aunque con la prórroga se puede extender hasta el 29 de mayo.

Lereté aclaró en un comunicado interno que el exconsejero Javier Landoni no elevó su defensa, sino un escrito dirigido a la investigadora. Toda la documentación presentada por Fenapes, Landoni y la expresidenta de Secundaria, Celsa Puente, ya está en poder de los integrantes de la comisión.

La última convocatoria a la investigadora tendrá lugar a fines de mayo, después de vencida la prórroga para hacer los descargos, o en los primeros días de junio. Si bien no está fijada la fecha, en ese mismo mes se convocará a la Cámara de Diputados para que se consideren dos informes de la investigadora: una en mayoría (de los legisladores de la coalición) y otro en minoría (del Frente Amplio). Desde la coalición se adelantó que la intención es pasar todos los antecedentes de lo actuado ante la Justicia Penal, para que se expida al respecto.


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