La coalición inicia juicio político a alcalde corrupto nacionalista

PARLAMENTO

En las últimas semanas, la comisión de Constitución y Legislación del Senado ha estado discutiendo sobre si esa cámara tiene o no la potestad de iniciarle un juicio público a un alcalde condenado por corrupción, tal como se hace mención en la Constitución para el caso de jerarcas del Estado o quienes ocupan cargos electivos, que la carta magna detalla.

Sin embargo, la Constitución nada dice acerca de los alcaldes, cargo que fue creado por la ley de descentralización de 2014, norma que sin embargo previó que para ese caso se aplicara, por analogía, el mismo procedimiento, siempre y cuando se haya formado una causa o condena de la Justicia.

Esto implicó entonces un ida y vuelta dentro de los senadores del oficialismo, que la semana pasada había derivado en la conclusión de que iniciarle un juicio al alcalde nacionalista Alfredo Sánchez, en prisión desde el año pasado por usar su cargo para favores personales con recursos públicos, era inconstitucional.

Sin embargo, tal como informó El Observador y confirmó El País, ante los reclamos y una discusión interna que fue más allá del intercambio que quedó registrado en las versiones taquigráficas, el oficialismo decidió dar marcha atrás. Esto, pese a las intenciones de hacer primar “lo jurídico por sobre lo político”, como manifestó por ejemplo la senadora blanca Graciela Bianchi, integrante de esta comisión, en un mensaje que publicó en Twitter la semana pasada. “El juicio político no se puede extender por analogía (a los alcaldes). Para la coalición republicana lo jurídico está siempre por encima de lo político”, escribió el miércoles la legisladora.

Pero luego siguieron más reuniones, en las que se decidió que aunque la ley que ampara el juicio a un alcalde es inconstitucional, no es el Senado quien debe determinar ello sino la Suprema Corte de Justicia, órgano ante el que Sánchez, si lo entiende, puede presentar un recurso de inconstitucionalidad.

De todos modos, en el corto plazo un juicio contra Sánchez -conocido por el eslogan de su última campaña departamental, “el alcalde de las mil gauchadas”- no tendrá mayores consecuencias, ya que el hombre estará en prisión efectiva hasta 2023, y luego tendrá otro año más de pena bajo régimen de prisión domiciliaria. No obstante, la “inhabilitación especial por dos años para el ejercicio de la función pública” que también consta en la sentencia, es por dos años, por lo que al purgar su pena en 2024 podría quedar apto para retornar a su cargo si no es destituido por el Parlamento.