Bustillo desmiente a Mata, apunta a Lubetkin y dice que sumario viola principios del Derecho Administrativo

El exministro de Relaciones Exteriores Francisco Bustillo interpuso formalmente recursos de revocación y jerárquico contra la resolución que dispuso iniciarle un sumario administrativo, por entender que existe "ilegitimidad" para llevar adelante este proceso.

En el recurso, presentado ante el actual canciller, Mario Lubetkin, y al que tuvo acceso El País, el exministro del gobierno de Luis Lacalle Pou argumenta que la decisión viola principios fundamentales del Derecho Administrativo y constitucionales, centrando su defensa en cuatro pilares: la improcedencia del sumario, la violación del debido procedimiento, la desviación de poder y la vulneración del principio non bis in idem (sancionar o juzgar a una persona más de una vez por los mismos hechos).

Bustillo presentó este recurso, con fecha del pasado 20 de octubre, luego de que Cancillería remitiera al fiscal especializado en Delitos Económicos y Complejos de 1^er Turno, Alejandro Machado, detalles de la investigación administrativa que da cuenta de un documento protocolizado presuntamente destruido el 25 de noviembre de 2022 por el ex asesor de Lacalle Pou, Roberto Lafluf. Este contenía chats entre la ex vicecanciller Carolina Ache y el ex subsecretario de Interior Guillermo Maciel, donde este último señalaba a Sebastián Marset, como un narcotraficante “peligroso”.

En la investigación, según informó La Diaria y confirmó El País tras acceder a los documentos, se adjuntó una declaración del exjefe de Jurídica del ministerio, Carlos Mata, en la que este señala que llevó un sobre con el contenido de los chats al piso 11 de la Torre Ejecutiva tras recibir la orden de su superior, en referencia al entonces ministro Bustillo.

Casi un año después de estos hechos, en noviembre de 2023, Ache concurrió a declarar ante Fiscalía y se hicieron públicas conversaciones que había mantenido con Bustillo en cuanto a los contenidos de los chats. Según se develó en una grabación —que fue divulgada por Búsqueda y a la que accedió El País—, el entonces ministro le pidió a su subalterna que “aguante” para ver si se podía “enderezar esto porque es un desastre”, y le sugirió: “vos perdé el celular”. Esto desató un escándalo político que terminó con la salida del gobierno de Maciel, Lafluf y también de los ministros Bustillo y Luis Alberto Heber, entonces al frente de la cartera del Interior.

Los chats entre Ache y Maciel (que datan de setiembre y noviembre de 2021) habían sido difundidos por La Diaria en diciembre de 2022, y a los pocos días, tras perder el respaldo político del Partido Colorado, ella había renunciado al cargo.

En el marco de la investigación interna, según los documentos a los que accedió El País, Mata declaró que recibió “una orden verbal vía telefónica”, desde el sexto piso del Palacio Santos, “donde estaban las autoridades del despacho del ministro”, para llevar el sobre con el contenido de los chats a Torre Ejecutiva.

“Recibí la instrucción o la orden de que el mismo se llevara el día viernes antes de la una, y que lo llevara a Presidencia. Del sexto piso como decimos nosotros, donde están las autoridades, del despacho del ministro. El propio ministro lo solicitó", declaró Mata según surge del expediente.

“Indicaron que tenía que entregarlo al señor Lafluf, y así hice: entregué la cédula en presidencia, subí al piso 11 y se lo entregué a Lafluf”, prosiguió Mata, que sostuvo que la orden implicaba hacer la entrega antes de la una de la tarde del viernes 25 de noviembre, día en que se llevó a cabo el encuentro entre los dos ex subsecretarios y el ex asesor de comunicación en el edificio de la Presidencia de la República.

Investigación de la Cancillería concluye que chat sobre conversaciones sobre Marset "fue destruido"

Política

Bustillo rebate tener algo que ver con lo que sucedió ese día en Torre Ejecutiva, al tiempo que advierte otros vicios que tendría el proceso por el que fue sumariado. El principal argumento del exjerarca es que los hechos investigados corresponden a su desempeño como ministro de Estado, un cargo que, según su defensa, lo exime de ser sometido a un proceso disciplinario.

"Los ministros de Estado no son pasibles de responsabilidad disciplinaria, la cual queda absorbida por la responsabilidad política”, sostiene Bustillo en el documento. Y añade que prueba de esto fue su cese al cargo de canciller “a pedido del presidente de la República”. En este sentido, y citando al constitucionalista Justino Jiménez de Aréchaga, afirma que “el modo de hacer valer la responsabilidad administrativa es la separación de los ministros por acto del presidente de la República” y no que los funcionarios sean pasibles de sanciones por otros cargos que pudieran haber ostentado previamente o tengan en reserva. Bustillo es diplomático de carrera.

Otro punto crítico esgrimido por el excanciller es la violación del principio non bis in idem, que prohíbe el doble enjuiciamiento o sanción por los mismos hechos. Bustillo sostiene que, si bien carecía de responsabilidad disciplinaria, si se entendiera otra cosa por parte de las autoridades él ya fue sancionado con el “cese como ministro de Relaciones Exteriores”.

“Si se me aplicara una sanción, por mínima que fuera, se estará incurriendo en una grosera violación de este principio”, alega.

Por otro lado, denuncia que la resolución ministerial adolece de vicio de motivación al no indicar el hecho irregular concreto que se le imputa. Y en este punto señala una “irregularidad flagrante” al tener que acudir a la prensa para conocer las acusaciones. En este sentido, dice que fue por el semanario Búsqueda que se enteró que se le atribuye —en la investigación administrativa que lleva adelante la Cancillería— haber dado la orden de llevar un sobre con los chats de Ache y Maciel a Torre Ejecutiva.

Sin embargo, Bustillo asegura: “Mal podía yo dar órdenes cuando estuve fuera del país desde el 25 de noviembre de 2022” —día en que se llevó adelante la reunión en Presidencia—. El excanciller asegura que volvió al país el 9 de diciembre, cuando, según su escrito, fue internado en el Sanatorio Americano por una trombosis venosa que lo tuvo por fuera de la gestión pública hasta el 23 de diciembre. Durante ese tiempo, advierte, Ache se desempeñó como ministra.

En cuanto a este punto, Bustillo también critica el accionar de la Cancillería a cargo de Lubetkin, por entender que “no es lógico, ni razonable, ni ajustado al interés público que, para conocer la presunta irregularidad que se me imputa, me haya visto obligado a acudir a la prensa, a la cual, además, se informó con lujo de detalles antes de notificarme la resolución, sin permitirme acceder a las resultancias de la investigación administrativa que la motiva”.

Y prosigue: “Es más: la prensa ha transcripto declaraciones que se me atribuyen en las que habría dicho reiteradamente que no recuerdo nada de lo que se me imputa. ¿Cómo podría recordar lo que no hice o lo que ocurrió mientras estaba fuera del ministerio y su jerarca era la subsecretaria?”.

Finalmente, el recurso denuncia una violación del debido procedimiento al haberse omitido la vista previa de la investigación administrativa que dio mérito al sumario. Esta omisión “inficciona (infecta) la resolución que dispone el sumario, la cual apareja un daño reputacional evidente", máxime cuando la decisión fue "difundida por la prensa y demás medios de comunicación días antes de notificarse personalmente".

En el escrito, firmado por el especialista en Derecho Administrativo Carlos Delpiazzo, se cita el artículo 66 de la Constitución que establece que “ninguna investigación parlamentaria o administrativa sobre irregularidades, omisiones o delitos, se considerará concluida mientras el funcionario inculpado no pueda presentar sus descargos o articular su defensa”.

“Es claro el apartamiento de la Constitución ya que la garantía de defensa aparece en el artículo 66 de la Carta Magna en favor de los funcionarios sobre los cuales recaiga una investigación administrativa. El derecho a defenderse no se limita a la posibilidad de ser oído antes de dictarse resolución —lo que, en la especie, no ocurrió— sino que comprende también el derecho a ser enterado de la existencia del procedimiento que precede al acto, a conocer el contenido de las actuaciones. En suma, como es notorio, nada de lo debido se cumplió en este caso, lo que configura una causal de ilegitimidad por sí sola suficiente para disponer la revocación impetrada (solicitada)”, argumentó el profesional firmante.

Por todo esto, es que Bustillo pide la inmediata anulación de la resolución o, en subsidio, la suspensión de la instrucción hasta que se le permita acceder a la investigación administrativa.

La Fiscalía archivó en setiembre de 2024 la investigación por la entrega del pasaporte a Marset cuando estaba preso en Dubai, pero continúa indagando sobre la presunta destrucción de un documento público.

Ache había protocolizado los chats que mantuvo con Maciel sobre Marset el 18 de noviembre de 2022 y el 24 del mismo año entregó en sobre cerrado el contenido de las comunicaciones a Jurídica de Cancillería. Sin embargo, el acta protocolizada que debía entregarse a la Justicia terminó en Presidencia.

Un día después, el 25 de noviembre, tuvo lugar la reunión en el piso 11 en la que, según surge de declaraciones en Fiscalía, se borraron los chats entre Ache y Maciel. Según la versión de Ache, Lafluf le pidió que luego de destruida esa información hiciera constar por escribano que la conversación nunca existió, acción que la exsubsecretaria de Relaciones Exteriores dijo se negó a hacer e informó al asesor presidencial sobre esa decisión al otro día de ocurrida la reunión, el 26 de noviembre.

Tras la negativa de la exjerarca de volver a protocolizar, Lafluf se volvió a comunicar telefónicamente con ella ese mismo día (el 26 de noviembre) y le expresó que entregara de vuelta la acta protocolizada con el chat con Maciel en Cancillería puesto que él había destruido la documentación, siempre según la versión de la ex subsecretaria.

Frente al fiscal que investiga qué fue realmente lo que sucedió, Ache dijo que por esa razón debió entregar una copia del acta protocolizada nuevamente en Cancillería el 28 de noviembre.

Aclaración: En la primera versión de este artículo se señala que Maciel le advirtió a Ache "la inconveniencia de entregarle un pasaporte al narco". Esto no fue así. Maciel solo advirtió a Ache que se trataba de un narcotraficante peligroso, pero no se habló del pasaporte. A los lectores y los involucrados, las disculpas del caso.