El alcalde del municipio de Porvenir, el dirigente del Partido Nacional Ramiro Ayende, terminó de colmar la paciencia de sus correligionarios en Paysandú, que enviarán una nota al directorio que preside Pablo Iturralde para pedirle que intervenga la Comisión de Ética. Es que ha tenido varios cruces con el intendente del departamento, Nicolás Olivera, quien debió dictar la intervención del municipio para disponer una reorganización, por entender que se habían dejado de cumplir las funciones básicas de la administración.

Además, Ayende protagonizó episodios insólitos: el más reciente ocurrió este martes, cuando una vez dispuesta la intervención del municipio volvió a entrar a la sede y cerró la puerta, impidiendo el ingreso y obligando a la intendencia a sacarlo con la Policía, luego de hacer oídos sordos a un pedido de desalojo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Previamente, hace dos semanas, impidió el ingreso al CAIF que funciona en la sede del municipio alegando que había un cable de alta tensión que podía significar un riesgo, y tuvo que ir personalmente el intendente con la Policía y un cerrajero para habilitar el ingreso.

“Este conflicto no es nuevo”, dijo a El País el presidente de la departamental del Partido Nacional en Paysandú, Gerardo Muria, quien dijo que el organismo que preside “ha intentado siempre acercar las partes y mantener el diálogo”, pero se dificultó porque, entre otras cosas, Ayende “no cumplía con los concejos”. Es que los municipios tienen un órgano deliberativo que preside el alcalde pero que cuenta con otros cuatro concejales, en este caso tres del Partido Nacional y uno del Frente Frente Amplio.

“La departamental siempre intentó mediar, más allá de que no pudimos sostener en ningún momento a los concejales que fueron renunciando. Van 27 concejales que renuncian”, dijo y explicó que de una de las listas renunció el titular y todos sus respectivos suplentes.

Muria explicó que Ayende “se aparta continuamente de los valores partidarios y de la ley”. “Como departamental hemos colmado nuestra paciencia”, sentenció y explicó que enviarán una nota al directorio blanco para que eleve el caso a la Comisión de Ética.

En tanto, la Junta Departamental de Paysandú, que tiene en su mayoría ediles blancos, recibirá este jueves a Ayende para que dé sus explicaciones del caso, instancia similar a una interpelación pedida por el único curul del Partido Colorado, David Helguera.

En diálogo con El País, el edil colorado dijo que fue él mismo quien, desde la Junta Departamental, solicitó la intervención de la comuna en Porvenir, “que a esta altura es un municipio fallido en función de la gestión del alcalde”. Según dijo, es “un municipio que funcionaba muy mal” y “de modo unipersonal”, sin tomar en cuenta la opinión de los concejales, “nada que ver con la democracia”.

Señaló que posturas del alcalde “han generado muchísima violencia” y “no parece lógico que en un municipio pequeño del interior del país tenga que concurrir el intendente acompañado de jerarcas policiales”.

Marcelo Tortorella, edil blanco que preside la Junta Departamental, dijo que ve la situación “con preocupación en cuanto a que se trata de un alcalde electo por el Partido Nacional” cuyo “comportamiento no está siendo el adecuado a la condición y a la actitud que tiene que tener un gobernante”.

Según dijo, el alcalde incumple la ley “en forma reiterada y permanente, transformando al municipio en un feudo”. De todas formas, dijo que todavía no se dio el marco necesario para analizar un juicio político, entre otras cosas porque “todavía no se ha configurado una violación de la Constitución”.

El documento por el que Olivera dispuso la intervención del municipio indica que se registró “falta de regularidad en la prestación y ejecución de los servicios afectados a su jurisdicción” y un “cúmulo de situaciones que evidencian una sostenida erosión institucional”.

Por ejemplo, se indicó que “por fuera de su competencia” el alcalde dispuso acciones que derivaron “en serias distorsiones del funcionamiento del Plan CAIF que gestiona directamente la intendencia”. También que no ha asumido sus tareas de mantenimiento de la caminería rural, inactividad que también se extiende al “mantenimiento de áreas verdes y recolección de residuos”, así como “déficit en la atención del servicio de cementerio, barométrica y comedor”.

Entonces, para “garantizar la efectiva prestación de los servicios”, se dictaminó que tanto el personal como la maquinaria y los bienes que hoy se encuentran asignados al municipio “pasen a la órbita de la intendencia” en coordinación con el Concejo Municipal.