CAMPAÑA Y CRISIS EN EL EJÉRCITO

Bayardi decidió no sancionar a Manini Ríos para respetar "su derecho a hacer política"

Por otro lado, el ministro de Defensa instó al Partido Nacional llevar ante la Suprema Corte su negativa a que sea el Parlamento quien decida sobre la destitución de cuatro generales, como lo solicitó el Poder Ejecutivo.

El ministro José Bayardi ya estuvo en la comisión del Senado donde se discute el tema. Foto: Darwin Borrelli
El ministro José Bayardi ya estuvo en la comisión del Senado donde se discute el tema. Foto: Darwin Borrelli

Una ley se presume constitucional hasta que no se declare inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia”, afirmó el ministro de Defensa José Bayardi, quien instó a los legisladores del Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente a recurrir ante la corporación en caso de considerar que el pedido del Poder Ejecutivo al Senado para destituir a cuatro generales no le corresponde al Poder Legislativo sino al presidente Tabaré Vázquez.

“Estando la ley, me obliga la ley. En el rango legal la pirámide de Kelsen dice que prima la Constitución, pero desde el punto de vista legal estoy obligado por la ley a operar de esta manera”, afirmó Bayardi, en una entrevista con el informativo de Radio Sarandí. “Si alguien, como los senadores del Partido Nacional, no quiere arriesgar una posición política, lo que tienen que hacer es ir a la Suprema Corte y pedir que se declare inconstitucional esa ley”, afirmó el ministro, en respuesta a la postura de los senadores blancos y otros partidos, que consideran que la destitución de los generales -de los militares en general- no le corresponde al Parlamento, amparándose en el inciso 14 del artículo 168 de la Constitución.

El Poder Ejecutivo envió al Parlamento hace casi dos semanas un proyecto de ley pidiendo la venia del Senado para la destitución de los generales Claudio Romano, Carlos Sequeira, Alejandro Salaberry y Gustavo Fajardo por su actuación en los órganos del Ejército que juzgaron la conducta de los militares José Gavazzo, Jorge Silveira y Luis Maurente.

En el Partido Nacional, incluso, el precandidato Jorge Larrañaga quiere que el excomandante en jefe Guido Manini Ríos concurra a la comisión de Defensa a explicar por qué no elevó a la Justicia la confesión de Gavazzo, ante ese tribunal militar, de haber hecho desaparecer el cuerpo de Roberto Gomensoro en 1973. Larrañaga planteó que, antes de decidir si se votan las venias de destitución, hay que escuchar al excomandante.

En la entrevista en Sarandí, el ministro Bayardi no objetó que Manini Ríos concurra al Parlamento a hablar del tema.

La polémica por saber a quién corresponde destituir a los generales incluye la opinión del experto constitucionalista Martín Risso, quien sostuvo que es facultad del presidente y no del Poder Legislativo. El presidente de la comisión de Defensa del Senado, el nacionalista Javier García, anunció que se convocará a Risso y otros constitucionalistas antes de tomar una posición.

El ministro de Defensa se mostró dispuesto a polemizar públicamente con la interpretación de Risso. Y afirmó que, como para ascender a un oficial al generalato se necesita venia del Senado, no puede disponer el Poder Ejecutivo por sí y ante sí su destitución.

“Esto es constitucional y es político, las dos cosas. Siendo constitucional la discusión que plantea el Partido Nacional, hay un componente político. Lo que se plantea es tratar de sacarle el cuerpo a la necesidad de tener que tomar una posición por sí o por no”, sostuvo el ministro.

La interpretación del Poder Ejecutivo es que para destituir a los cuatro oficiales generales se necesita mayoría especial de 3/5 de componentes del Senado, es decir 18 votos a favor, con lo cual la participación de la oposición es clave.

Bayardi insistió en que hay una “cantidad” de artículos en la Constitución que suponen el marco de referencia y que “están reglados, desde el punto de vista de una ley de 2013, acerca de esa facultad” del Poder Ejecutivo.

El ministro indicó además que no se sancionará al general Manini Ríos por hacer política, pese a estar comprendido por el llamado “estado militar” desde su retiro ocurrido hace pocas semanas, y por los siguientes cuatro años como establecen los reglamentos.

“Tengo que compatibilizar mi derecho a sancionarlo con su derecho a hacer política. Y prefiero respetárselo”, dijo.

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