DECRETO DEL PODER EJECUTIVO

Los funcionarios de la Dinama recibirán una partida especial por su trabajo para la concreción de la segunda planta que la empresa finlandesa instalará en Uruguay.

La instalación de la segunda planta de UPM es central para el gobierno de Tabaré Vázquez. Pero para eso necesita agilidad en los trámites y gran parte de ellos pasan por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama). Por eso el Poder Ejecutivo decidió aprobar una compensación especial de hasta $20 millones a los funcionarios que trabajaron en el estudio de autorizaciones para UPM.

El decreto firmado por Vázquez, la ministra de Vivienda, Eneida de León, y el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, determina la “necesidad de tomar medidas para asegurar que la remuneración de los profesionales y técnicos del Ministerio (de Vivienda)” para que dichos sueldos sean “competitivos con el mercado laboral y evite la pérdida de recursos humanos especializados”.

La relación entre los trabajadores del Ministerio de Vivienda y las autoridades no ha sido la mejor en el inicio del año. La ministra De León decidió cortarles en forma imprevista las licencias a todos los trabajadores que tenían tareas directas o indirectas con las inversiones de UPM o el Ferrocarril Central.

El gremio decretó medidas de protesta y en febrero trancó las emisiones de todas las autorizaciones ambientales que se trabajaban en la Dinama. Ahora las autoridades del gobierno decidieron otorgar una partida especial para compensar a los funcionarios encargados de analizar los permisos para la nueva planta que se instalará.

El decreto determina que “para ser beneficiarios de esta compensación los funcionarios deberán cumplir las tareas especiales encomendadas con alta especialización, responsabilidad especial, máxima dedicación y permanencia a la orden, perdiendo el derecho de percibirla una vez que dejaran de cumplirlas o fueran desafectados de las mismas”. A su vez, la norma aclara que la cantidad de funcionarios que sean comprendidos por este beneficio “en ningún caso podrá superar el 10% de los funcionarios presupuestados” en el ministerio.

El aumento salarial que los funcionarios recibirán por concepto de “partida especial” no podrá superar el total nominal de $137.393 a valores vigentes al 1° de enero de 2019. Dicho monto se actualizará en la oportunidad y condiciones en que se ajusten los salarios de la Administración Central.

A su vez, estas partidas especiales no pueden superar en total los $ 20 millones anuales. Este gasto resuelto por el Poder Ejecutivo será financiado mediante “trasposición prevista en la normativa vigente, con cargo a Rentas Generales”.

El decreto fue firmado el 13 de mayo de este año y publicado en el Diario Oficial. Al día siguiente, el 14 de mayo, el Ministerio de Vivienda dio la autorización ambiental para la segunda planta de celulosa de UPM y para su zona franca.

En el texto se explicita que tras la documentación presentada por la empresa finlandesa para la inversión de su segunda planta no se detectaron “impactos ambientales negativos que puedan ser considerados inadmisibles”.

En el documento se determina que la empresa UPM deberá implementar medidas para prevenir y mitigar los impactos ambientales posibles a la hora de poner en marcha la nueva fábrica.

A pesar de tener la autorización ambiental firmada, aún resta la aprobación final del proyecto de inversión.

La iniciativa extranjera es cuestionada por grupos ambientalistas y por el candidato a la presidencia por el Partido Verde Animalista, Gustavo Salle. Hace algunos días organizó una manifestación a los pies del mausoleo de Artigas.

El presidente Tabaré Vázquez dijo que el país es “referencia internacional” en temas ambientales por la prevención y medidas vinculadas al cambio climático.

“Uruguay fue vanguardia en la región por lanzar este proyecto y por una cantidad de medidas tomadas”, dijo Vázquez, en conferencia de prensa. Y explicó que Uruguay “al igual que el resto del mundo, es muy vulnerable a los cambios climáticos que se producen”. Ante eso, se creó “un sistema y una política nacional de cambio climático”.

El gobierno tiene el compromiso de UPM para comenzar la construcción de su segunda planta de pasta de celulosa. La inversión será la más grande en la historia del país. “Puedo decir con seguridad que todos los puntos que nos propusimos trabajar para llegar a un acuerdo final, todos, absolutamente todos, están acordados entre el gobierno nacional y UPM”, dijo el presidente Tabaré Vázquez a inicios de mayo a los medios de prensa.

En los primeros días del próximo mes, el directorio de UPM se reunirá en Helsinki, Finlandia, para analizar todo el acuerdo alcanzado con el gobierno y terminar de dar su confirmación a la inversión en Uruguay.

La intención de los inversores extranjeros es comenzar cerca de setiembre con los primeros movimientos de tierra en Durazno, donde se elevará la nueva fábrica de pasta de celulosa.

Por otro lado, el gobierno y el privado Consorcio Vía Central avanzan con el proyecto de la reconstrucción del Ferrocarril Central.

Esta inversión es clave para la instalación de la segunda planta de UPM para transportar la producción desde la fábrica al puerto de Montevideo.

Para eso el gobierno colocó la piedra fundamental la semana pasada. El proyecto es a través del sistema de Participación Público Privada (PPP).