COMUNICADO

La Aministía Internacional emitió este miércoles un comunicado en el que informó que se opone a la reforma constitucional impulsada por el senador blanco Jorge Larrañaga mediante la campaña "Vivir sin miedo" y, en cambio, se adhirió a la organización "No a la reforma".

La iniciativa, que busca realizar modificaciones en materia de seguridad, "se halla en contradicción a los estándares internacionales de derechos humanos que Uruguay debe observar", expresaron. 

Los estándares internacionales exigen "siempre que el uso de fuerzas militares para la seguridad interna sea excepcional" y que "esté sujeto a claras limitaciones", agregan. 

Amnistía Internacional consideró que la creación de la Guardia Nacional, uno de los puntos establecidos en el proyecto, implica "incorporar a efectivos militares a tareas de seguridad interna" y esto, expresaron, es "desaconsejable". 

"Es de señalar que la formación policial para la protección de la población civil y la asistencia a la Justicia es sustancialmente distinta a la formación militar orientada a la eliminación de un enemigo, en la que a menudo se producen 'daños colaterales' que no son necesariamente punibles", destacaron.

Al respecto indicaron que Uruguay ya cuenta con con cuerpos policiales formados y especializados y recordó los datos del Ministerio del Interior que informaban que en 2016 había una tasa de 421 efectivos cada 100.000 habitantes, una cifra que "supera la de países como Colombia, México o El Salvador".

Con respecto a los allanamientos nocturnos, otra de las propuestas para reformar, el comunicado indica que "aumentan la probabilidad de enfrentamientos armados, poniendo en peligro a los vecinos y transeúntes". 

"El texto de la reforma propuesta también prevé la pena de prisión perpetua revisable a partir de transcurridos 30 años, lo cual no es recomendable. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, por ejemplo, en el que Uruguay es parte, exige que una pena de este tipo sea revisable a los 25 años, y no a los 30 como dispone la propuesta", agregaron.

Amnistía Internacional entendió que "se debe cambiar de un enfoque punitivo y de militarización sobre la seguridad a un enfoque respetuoso de los derechos humanos en conformidad con los estándares internacionales, en particular las reglas Mandela y Bangkok".

"Esto implica que el sistema penitenciario evite la reincidencia a través de la rehabilitación y la reinserción social de las personas privadas de libertad. Esto solo será posible brindando a las personas privadas de libertad educación, salud, formación profesional y trabajo, así como políticas de apoyo que les permitan reinsertarse en la sociedad tras su puesta en libertad", expresaron.