PROYECTO DE PRESUPUESTO

Alertan que Presupuesto afecta políticas de violencia de género

Según la Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual, los artículos 483 y 509 implementarían cambios que tendrían un impacto negativo en la Ley de Violencia a las Mujeres.

Ni una menos. Foto: Marcelo Bonjour.
La Red Uruguaya Contra La Violencia Doméstica y Sexual cuestiona los artículos 483 y 509. Foto: Marcelo Bonjour.

La Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual rechaza las modificaciones que pretenden realizarse a la ley 19.580 de Violencia a las mujeres basada en género y solicitó reuniones con representantes de todas las bancadas, integrantes de comisiones legislativas y también con Isaac Alfie, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), para dar a conocer y explicar sus puntos de vista.

Según alerta la organización, los artículos 483 y 509 del proyecto de ley de Presupuesto Nacional, si se aprueban como fueron redactados, implementarán cambios que tendrán un impacto negativo en la Ley de Violencia a las Mujeres.

“Parece mentira que uno tenga que andar explicando estas cosas”, dijo a El País Teresa Herrera, doctora en Ciencias Sociales e integrante de la red. “Hay una especie de mito creado por la falta de preocupación, de investigación y de información, sobre todo de la clase política de este país, que esta ley es un invento de las feministas uruguayas, pero no es así”, enfatizó.

“Esta ley tarde, mal y nunca llega a Uruguay, es de las leyes de tercera generación que recomienda Naciones Unidas en todo el mundo, no es un invento uruguayo ni tampoco del Frente Amplio, que es cierto, legisló pero no otorgó presupuesto”, recordó.

Los cambios

La red puntualiza que el proyecto desnaturaliza al Observatorio sobre Violencia Basada en Género hacia las Mujeres, “eliminando el requisito de ser profesional para integrarlo, quitándole jerarquía institucional, convirtiéndolo en una comisión honoraria integrada por representantes del Estado y excluyendo la representación de la sociedad civil organizada”.

“De prosperar las pretendidas modificaciones, el Estado tendrá a su exclusivo cargo no solo diseñar y ejecutar las políticas públicas en materia de violencia hacia las mujeres basada en género, también automonitorearse, autoevaluarse y autorrecomendarse cómo mejorar esa política. Ello atenta contra los estándares de mínima transparencia y participación que rigen en un estado democrático de derecho”, puntualiza la red en un comunicado.

“El observatorio hoy es un modelo internacionalmente admirado y felicitado en América Latina, pero ahora argumentan tiene que ser manejado por personas idóneas, como si la sociedad civil no lo fuera”, agregó Herrera. Y destacó: “No se trata de una comisión, el observatorio debe observar las políticas públicas, monitorearlas, evaluarlas. También dicen que su lugar no es la OPP, pero por lo que sé, las políticas públicas de este país se evalúan desde ahí, salvo que para Alfie y su equipo las muertes de mujeres y niños no importen y no sean políticas públicas dignas de ser evaluadas por la OPP”, dijo la experta.

Por otra parte, si prosperan las modificaciones pretendidas, las mujeres víctimas de violencia basada en género continuarán obligadas a realizar un periplo por el sistema de justicia, compareciendo antes distintas sedes judiciales, en ocasiones durante años y logrando sentencias muchas veces dispares y parcializadas, dijo Herrera. “Por lo menos deberán pasar por tres: la de violencia de género, la penal y la familiar; mientras que la ley integral plantea una sola comparecencia y que exista un expediente único con un solo equipo judicial y multidisciplinario que entiende la integralidad del problema”, dijo Herrera y explicó que, de lo contrario, un juzgado puede no enterarse que hay expedientes en otro. Y “la mujer se ve obligada a repetir su situación varias veces”.

“En el Poder Judicial se habla de cómo se va a destruir la especialización de penal, de esto, de lo otro, pero hay una especialización que es violencia basada en género. No es lo mismo que lo penal o lo familiar común”, advirtió. “Es luchar contra los molinos de viento. Discutimos con personas y el problema no son las diferencias ideológicas, es la falta de información y conocimiento. Parece que este tema que a nosotras nos conmociona, no importa”, concluyó.

ADEMÁS

El punto más polémico y qué es lo que modifica

El artículo 483 plantea que se modifica el artículo 18 de la ley 19.580, de 22 de diciembre de 2017, que quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 18 (Observatorio sobre la Violencia Basada en Género hacia las Mujeres). Créase el Observatorio sobre Violencia Basada en Género hacia las Mujeres, destinado al

monitoreo, recolección, producción, registro y sistematización permanente de datos e información sobre la violencia hacia las mujeres. Estará a cargo de una Comisión Honoraria Interinstitucional conformada por el Ministerio de Desarrollo Social, que la presidirá, el Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la Nación. La referida Comisión podrá convocar a organizaciones de la Sociedad Civil dedicadas a la lucha contra la violencia basada en género. Los integrantes de dicha comisión serán personas idóneas designadas por cada una de las Instituciones. Funcionará en el ámbito del Instituto Nacional de las Mujeres, que proveerá la secretaría técnica y administrativa, así como la infraestructura necesaria para su funcionamiento”.

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