ABUSO INFANTIL

Fue en Treinta y Tres; el fiscal se mostró asombrado por el número de casos.

El fiscal se mostró sorprendido con la cantidad de denuncias de abuso que se registran en el departamento de Treinta y Tres. En este caso la investigación comenzó en octubre de 2018. En ese momento las niñas estaban internadas en una dependencia local del INAU. Un día comenzaron a contar que su madre las hacía mantener relaciones con personas de su entorno.

Las niñas tienen 7, 12 y 14 años de edad y son del pueblo General Enrique Martínez, (Charqueada). Cuando llegaron al hogar del INAU estaban “en una situación deplorable”, dijo a FM Conquistador el fiscal del caso, Christian Bueno.

El fiscal dijo que “el caso sucedió en Charqueada, y lo que se hizo fue un juicio abreviado con una de las imputadas, la progenitora de las tres víctimas. La madre admitió los hechos y se dispuso una condena de seis años de penitenciaría, tres años de cumplimiento efectivo y tres de una libertad vigilada intensiva, debiendo cumplir con determinadas condiciones”.

Se le aplicó la pena correspondiente al delito de omisión de los deberes inherentes a la patria potestad en reiteración real con un delito de contribución a la explotación sexual de personas menores, que en este caso eran sus propias hijas.

Ahora la investigación continúa ya que habría dos personas mayores presumiblemente implicadas. Lo que se averigua es si dos hombres mayores de edad eran los que pagaban a la madre para tener sexo con las niñas. El fiscal entiende que se les debe imputar por reiterados delitos de violación, reiterados delitos de atentado violento al pudor, delito de retribución a personas menores o incapaces, y un delito de retribución y contribución a la explotación sexual de personas menores.

Cuando las menores llegaron al INAU de Treinta y Tres estaban en una “situación deplorable”. Tenían larvas de moscas en sus oídos, desnutrición, micosis y mala higiene. “Por eso se le imputa a la madre omisión de los deberes inherentes a la patria potestad”.

El INAU comenzó a abordar la situación con mucha delicadeza y así se llega a que las víctimas comienzan a relatar que su progenitora las obligaba a realizar esas visitas con vecinos, a los que identifican como primos o amigos, explicó el fiscal.

Una pieza clave para poder desarrollar la investigación fue la participación de la Red Charqueada, una organización social compuesta por autoridades locales, jerarcas de la Policía, profesionales de distinto tipo, docentes y vecinos en general.

“Muchas casos de estos están naturalizados, por ejemplo la violación, los abusos o la propia violencia doméstica que se vive y que es una realidad y que en un futuro próximo cercano no habrá solución si no se les pone fin”, afirmó.

El fiscal admitió que muchas veces se demoran los procesos de investigación. “La realidad es que como fiscal tenemos que encontrar los elementos, la prueba para llevar un caso, formalizar y solicitar condena e imputar a una persona. Estos casos, al no haber testigos, se requieren informes, pericias siempre tratando de no revictimizar a los menores”, dijo.

El fiscal se mostró sorprendido de la cantidad de casos de abuso y violaciones que se producen en el departamento. Además, aseguró que en muchos casos estas situaciones son naturalizadas por las víctimas. “Teniendo en cuanta que muchas veces no se animan a denunciar por miedo a represalias, me sorprende la cantidad de denuncias de abuso, atentado violento al pudor, denuncias todas que recibimos tanto en la Fiscalía como en la Jefatura de Policía”, dijo.

En tanto, en Montevideo dos hombres fueron imputados por reiterados delitos de abuso sexual contra una niña de cinco años. Se trata del tío de la pequeña y la pareja de su abuela. La madre de la menor no tenía conocimiento de la situación.

La pequeña, que ahora está en el INAU, pasó al Hospital Pereira Rossell. Presentaba una infección genital dado que quienes la abusaron le contagiaron gonorrea. La denuncia fue presentada por el centro asistencial público.