El pasado 23 de mayo, el juez Huberto Álvarez condenó a un hombre de 68 años tras hallarlo responsable de reiterados abusos hacia sus dos hijas de cinco y siete años, en Montevideo. El hombre fue condenado a una pena de siete años y nueve meses de prisión, pero no será de efecto inmediato, ya que ahora solo deberá ir a firmar a una comisario mientras corre el plazo para que su defensa apele la decisión judicial. Se le tipificaron no solo abusos sexuales, sino reiterados casos en que sometía a sus hijas a violencia, cuando ellas se negaban a ser abusadas.
Las menores estaban en custodia de su padre cuando se obtuvieron indicios del calvario que vivían. Su madre había abandonado a la familia y formado otra, y había perdido totalmente el contacto con sus pequeñas hijas.
Los familiares de las menores habían notado al condenado preocupado por el cuidado de sus hijas ante la partida de su pareja, pero nunca notaron indicios de los que ocurría en realidad. Su tía fue la primera en tomar conciencia, cuando recibió una llamada desde la mutualista de las menores, a mediados de junio de 2019.
Defensa del padre alega inocencia
La defensa del condenado, quien negó las acusaciones en su contra, sostiene su inocencia. Lo hace bajo el entendido que se trata de un caso en que las menores sufrieron “abandono materno”, además de que sus declaraciones estuvieron contaminadas e incluso son contradictorias entre sí. Si bien el juez desestimó su postura, esto podrá ser utilizado en una eventual apelación.
Hechos
“¿Usted considera que las niñas puedan estar siendo abusadas por su padre?”, esa fue la pregunta que recibió la mujer al teléfono por parte de un equipo multidisciplinario del centro. Los profesionales se habían presentado antes, pero esto no evitó el desconcierto de la tía, quien negó tener indicios de que esto ocurriera.
De todas formas, pidió que se investigara a fondo la situación y consultó qué se conocía al momento. El equipo explicó a la mujer que las menores habían sido trasladadas desde su escuela, ya que una de ellas había acusado un dolor en sus partes íntimas a la docente. Esta última, ya había recogido testimonios de la menor que daban a entender que era víctima de abuso, por lo que resolvió pedir asistencia médica.
Las menores relataron a los médicos su vivencia y esto derivó en que fueran retiradas de su hogar. Fue allí donde su tía pidió hacerse cargo, hecho que se mantiene hasta el día de hoy.
Los testimonios de las menores fueron tan concluyentes para el juez actuante, como desgarradores para quien accede a ellos. Relataban que su padre las obligaba a ducharse y dormir con él, oportunidad en las que eran abusadas. Ante la negativa de estas los golpes eran la respuesta, que según las niñas eran efectuados con “la mano, zapatilla y un cinto”.
En ocasiones, las menores se resistían completamente y allí eran encerradas en habitaciones oscuras por horas, en lo que describían como “penitencias” que el hombre dictaba. “Nos decía que si no le hacíamos caso nos iba a echar de la casa”, aseguraba una de las víctimas.
Según explicaron las menores a los especialistas que intervinieron en el caso -psiquiatras, asistentes sociales y psicólogos- su padre las hacía ver pornografía e incluso a observar mientras el hombre mantenía relaciones con su pareja.
Pero por fuera del relato de las menores, otras pericias que se les practicaron fueron concluyentes. Entre estas los dibujos que realizaban las niñas, donde se les pedía que dibujaran la familia y estas representaban sus miembros “a todos con genitales” y con tachas o borrones en el proceso del boceto. Uno de los profesionales destacó que una de las víctimas “se ponía nerviosa y en determinado momento rompió el dibujo” lo que definió como “algo sumamente significativo”.
Tía reclama prisión para el condenado
Como la primera en conocer los hechos y hacerse cargo de las menores, la tía de las víctimas vivió de cerca el proceso de las niñas. Esto la llevó a indignarse con etapas del proceso, pero sobre todo con su desenlace.
“Después de cuatro años me encuentro con un fallo y un abusador libre completamente. Solo va a firmar a una comisaría, que encima está a cinco cuadras de mi casa y de las nenas. Esto no puede ser, tiene que estar en la cárcel”, sentencia la mujer.
Se trata de un hecho que genera la preocupación del defensor de las víctimas -por el consultorio jurídico de la UdelaR- Juan Raúl Williman. El abogado explicó que la libertad del hombre se explica en que durante su imputación no fue enviado a prisión, sino que se resolvió imponer un régimen de firma en la comisaría. “Pero con una sentencia y una condena tan alta, es increíble que no se haya solicitado por parte de fiscalía un dispositivo o prisión efectiva por el riesgo procesal que existe”, aseguró Williman. La última determinación, antes de que el hombre comience a cumplir su condena, es que hasta el 11 de noviembre deberá presentarse una vez por semana ante una seccional policial.