POLÍTICA DE SEGURIDAD

Estaban en sus casas, ya jubilados luego de una vida de servicio público, pero por un artículo de la ley de Presupuesto decidieron volver a ponerse el uniforme. Son 196 policías retirados que ingresaron al Ministerio del Interior para desempeñar funciones en comisarías, seccionales, subcomisarías, destacamentos, garitas o kioscos policiales de todo el país.

Según datos de la cartera a los que accedió El País, los funcionarios reintegrados tienen entre 50 y 66 años. Lidera las contrataciones Canelones (35), le sigue Montevideo (28), luego Rivera (16), Salto (14) y Artigas (12), por lo que los reingresos se concentran en el interior del país. En tanto, en Treinta y Tres se contrató a uno solo.

Habilitadas en la ley de Presupuesto en diciembre de 2020, estas reincorporaciones se reglamentaron en un decreto firmado en setiembre de 2021, que habilita la contratación de hasta 1.000 policías retirados para tareas ejecutivas, de prevención, disuasión y represión del delito.

En el mismo decreto se establecen como “cometidos principales” de los uniformados que reingresan: “Cumplir con actividades de observación, prevención, disuasión y represión para impedir la comisión de delitos o faltas, debiendo desplegarse en las jurisdicciones asignadas”.

Asimismo, se prevé que desempeñen “funciones de relacionamiento con la comunidad (vecinos, comisiones barriales, actores sociales, centros de enseñanza u organismos análogos con finalidades de mejoramiento social), para fortalecer el entendimiento con la comunidad y el Instituto Policial”.

Los postulantes debían cumplir varios requisitos para ser considerados. Por ejemplo, tenían que estar retirados al 1° de enero de 2021, pertenecer al subescalafón ejecutivo y tener hasta 65 años cumplidos al último día del cierre del período de inscripciones (que fue del 17 al 31 de enero de 2022).

Además de contar con cédula de identidad vigente y en buenas condiciones, así como credencial cívica expedida en el departamento en el que se postularon, los efectivos debían presentar Certificado de Antecedentes Judiciales, ficha médica y estudio electrocardiográfico validado por un “prestador autorizado”.

El contrato definido es de 30 horas semanales por un período de cuatro años, renovable por hasta dos años más. Los policías seleccionados accedieron al grado que ostentaban al momento del retiro, y su salario equivale al 60% del sueldo nominal de efectivos.

Las contrataciones apuntan a reforzar la plantilla de la Policía ante las bajas de funcionarios por certificación médica o incapacidad parcial, estimadas en un 15%, explicó en 2020 el entonces ministro del Interior Jorge Larrañaga. Su sucesor, Luis Alberto Heber, dijo que se necesitaban 1.000 funcionarios para llenar las vacantes ejecutivas.

Desde el Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom) cuestionan los reingresos de retirados. “Son varios puntos por los que no vemos con buenos ojos la contratación de personal retirado, sobre todo, porque tenemos entre 500 y 700 policías eventuales a los que estaría bueno brindarles la seguridad de tener un contrato fijo”, señaló la vicepresidenta de Sifpom, Patricia Noy.

En el sindicato entienden, además, que estos ingresos van en contra de su reivindicación de modificar la ley, de modo que los policías puedan jubilarse antes.

También consideran que estos funcionarios que vuelven a la actividad están expuestos a una delincuencia más violenta. “En su momento fueron los mejores policías, pero hoy su respuesta capaz que no es la misma. Hay que cuidarlos”, sostuvo Noy.

En esa línea, explicó que a diferencia de otros departamentos como Montevideo o Canelones, donde los retirados policiales cumplen tareas administrativas, “en el interior, hay carencia de personal en casi todas las unidades, entonces ellos llegan y salen a hacer las tareas como cualquier otro, inclusive salir a patrullar”.

Por su parte, la Asociación de funcionarios de la Jefatura de Policía de Maldonado (Sipolma) emitió un comunicado el 12 de abril donde afirmó que “el retirado policial no suma a la seguridad pública” ya que en algunos casos están haciendo tareas de jardinería en unidades policiales.

La nota dice que a esos efectivos no se les paga la función “prevento represiva” y que por ello no salen a hacer patrulla, y agrega que la mayoría de estos funcionarios “no cuentan con la capacitación del Sistema de Gestión en Seguridad Pública, principal herramienta para la atención al ciudadano”.

El País intentó comunicarse con el subsecretario del Ministerio del Interior Guillermo Maciel para consultarlo sobre el tema, pero no tuvo éxito.