Por Maite Beer
En 2021 una mujer llegó a la emergencia del Centro Coordinado del Cerro por una infección grave. Le habían cortado toda una mano y las falanges de la otra. La tortura se había producido hace tres días y alguien había asistido a la mujer para así evitar que se dirija al centro de salud, pero no le suministraron los medicamentos necesarios y la herida se agravó.
La tuvieron que internar por un par de semanas por la infección y durante la estadía fue cuando confesó que el ataque se produjo porque la mujer tenía una deuda en una de las bocas de droga de Los Suárez, banda que era liderada por Luis “Betito” Suárez, y por eso los miembros del grupo decidieron mutilarla. Pero ella resolvió no ir a la Emergencia y casi pierde la vida.
Los fiscales de Estupefacientes y los investigadores de la Zona Operacional IV conocieron esta modalidad delictiva en algunos barrios periféricos de Montevideo a fines de 2019, que también implicaba cortar orejas. Antes de dejar ir a los mutilados, los integrantes de la banda le advertían que perderían otro dedo o la oreja que le quedaba si denunciaba el hecho a la Policía, explicó a El País una fuente policial cuando estas prácticas se veían a menudo, sobre todo en Cerro Norte, La Paloma y La Boyada.
Pero además de detectar estas represalias inhumanas, los investigadores de la Policía comenzaron a observar otro patrón que continúa hasta el día de hoy: varias personas que llegan a las policlínicas o son detenidas y tienen heridas de bala o de arma blanca que fueron curadas en un principio, pero luego se infectan.
“Tenemos información de que hay ciertas personas que, utilizando su acceso a medicina, hacen curaciones de forma ilegal”, dice a El País una fuente de investigación policial. Se trata de enfermeros o auxiliares que son vecinos de los integrantes de las bandas delictivas y, a raíz de ese contacto estrecho, los delincuentes los fuerzan a curarles las heridas que son más leves.
También se trata de enfermeros que son familiares de los integrantes de las bandas o conocidos de ellos y aceptan curar estas heridas accidentales porque es “plata fácil”, aunque en su mayoría lo hacen por miedo a que les puedan hacer algo a ellos o a su familia si se niegan a asistirlos.
La intención de estas bandas es evitar los centros de salud porque, por reglamento, cuando ingresa un herido accidentado -por heridas de arma de fuego, arma blanca o siniestro- deben dar aviso a la Policía. Y las autoridades en primer lugar buscan en su base de datos si la persona está requerida.
“Hemos parado gente que, al revisarlos, vemos que tienen heridas de arma de fuego de dos, tres semanas, que fueron atendidas aunque sin un tratamiento formal en hospitales y por eso las tienen supurando. Eso quiere decir que alguien le prestó un auxilio médico, pero al verificar en el sistema constatamos que ese herido no está registrado en el sistema de salud. Eso se da muchísimo y justamente a través de los testimonios de los vecinos estamos intentando llegar a quiénes son esos funcionarios de la salud y por qué ayudan a los delincuentes”, detalló el policía.
Entre enero de 2019 y julio de 2022, a los centros de salud de Piedras Blancas, Hipódromo, Cerro y el Hospital Maciel ingresaron en total 4.661 personas por heridas con armas, lo cual representa un promedio de 110 ingresos por mes, según la respuesta a un pedido de acceso a la información pública hecho por la diputada cabildante Elsa Capillera al Ministerio de Salud Pública (MSP).
En el detalle por año, se indicó que en 2019 ingresaron 1.198 baleados a estos centros de ASSE. En 2020 el número aumentó a 1.367 y en 2021 siguió la tendencia de incremento con 1.410 heridos.
Según los investigadores de la Policía, las bandas a gran escala, como lo fue la de Los Suárez, tienen un “enfermero propio” a quien le pagan regularmente por curaciones clandestinas. “Abogados, enfermeros, conexión con otras instituciones, todo eso tienen estas personas de gran nivel delictivo”, relató la misma fuente.
Cuando Los Chingas dominaban el Borro tenían sus propios enfermeros y, al hacer allanamientos, la Policía encontró personas heridas que estaban siendo atendidas por expertos en Enfermería. De todas formas, otra fuente de la Policía aclaró que Uruguay está lejos de parecerse a Colombia o México, donde existen grandes hospitales clandestinos para atender a los miembros de clanes de narcotraficantes.
Los investigadores descartaron que siquiera existan pequeñas clínicas clandestinas en Uruguay. Cuando se realizaron allanamientos en Zona IV no se hallaron domicilios que tengan estas características o que cuenten con utensilios médicos avanzados, solo se encontraron materiales de primeros auxilios como vendas, agua oxigenada o calmantes, aunque no se descarta que en próximos operativos hallen hilo para suturas.
“El que pide asistencia es porque mató a alguien y está herido, pero si no hay forma de asociarlo a algún delito, entonces sí va a los centros de salud. Ni que hablar cuando es una situación de vida o muerte”, explicó el policía que no quiso ser identificado. Los que más se curan en domicilio son los jóvenes, que, en su mayoría, no tienen la vacuna antitetánica y por eso sufren infecciones.
El País le consultó a seis enfermeras de policlínicas si tanto ellas como otros colegas alguna vez fueron intimidados por integrantes de bandas criminales para asistirlos y todas contestaron que no, aunque tres de ellas aseguraron que no les sorprendería que sucediera. Algo similar respondió a El País Julio Pontet, director de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, que atiende regularmente a heridos de bala: “No me consta, pero tampoco me sorprende”.
Más baleados
La gente camina tranquila por la calle Pedro Castellino en un día de temperatura agradable, y algunos ingresan al Centro Coordinado del Cerro, donde ya hay una larga fila de espera para atenderse. Solo el ruido ensordecedor de las motos que recorren la calle corta el clima de calma. Quizá lo más sorprendente es que la puerta de emergencia está vacía. Por ahora.
“Acá atendemos a baleados como si fuera un resfrío”, cuenta el médico de 50 años que trabaja desde 2011 en la puerta de urgencias del centro de salud. El médico dice que, en promedio, es usual que reciban a dos baleados por día, aunque hay días en los que tienen que atender a cuatro o cinco durante la jornada.
El centro de salud del Cerro fue la policlínica de la Red de Atención del Primer Nivel metropolitana que recibió al mayor número de heridos de bala, con un total de 1.365 personas entre enero de 2019 y julio de 2022. Le siguió la policlínica de Capitán Tula, a donde llegaron 1.112 heridos en ese mismo lapso de tiempo. El Maciel, en Ciudad Vieja, es el hospital con mayor flujo de baleados y tuvo un registro de 1.496 baleados.
Hay heridos que llegan con mucho dolor, pero sin generar conflicto y otros lo hacen con amigos o familiares que amenazan al personal. “Antes los enfrentaba para que se tranquilicen, pero ahora me pueden pegar un tiro mientras cruzo al kiosco”, dice.
Eso no se aleja de lo que sucedió en 1997, cuando asesinaron a un auxiliar de enfermería en la sala de emergencia del Maciel para rescatar a un privado de libertad que atendía por una lesión autoinfligida. La dirección del centro de salud decidió homenajear al enfermero y nombró a la sala “Miguel Martínez”. En 2011 se dio otro ataque en el Maciel, dado que aún no contaban con policías las 24 horas, y una médica resultó herida de gravedad.
El personal médico de la policlínica de Capitán Tula prohibió que los familiares de los heridos ingresen a la sala de emergencia y colocaron una puerta de chapa que impide el paso. Incluso, la enfermera toma las consultas detrás de un vidrio con reja. Es que hace unos años un familiar entró a la sala con un revólver y amenazó al personal apuntando a la sien de un médico.
Escapar
La mayoría de las personas que ingresan con heridas de armas de fuego no quieren contar qué fue lo que sucedió, dan información imprecisa o que, evidentemente, es falsa. “Estaba yendo al almacén y me sentí herido”, “estaba sentado en mi casa, escuché ruidos y de repente sentí un dolor muy fuerte en mi pierna”, “iba caminando cuando pasó una moto y me dispararon”, son algunas de las frases que le dicen a los médicos que están de guardia, según relataron.
Otros, que saben que están requeridos por la Justicia, deciden entregar cédulas de otras personas a la hora de arribar a las puertas de emergencia.
Y hay quienes intentan escapar luego de que les prestan los primeros auxilios. Esto fue lo que sucedió en la policlínica de Capitán Tula en julio de 2022 cuando un joven con una herida de bala en el abdomen ingresó al centro a las 20:00 y atrás de él llegó el hombre a quien quiso matar, que estaba en estado grave. A los pocos minutos se declaró la muerte del herido y el joven decidió huir durante el cambio de guardia. “La banda del fallecido lo agarró ahí en la esquina y lo prendieron fuego vivo, 17 años tenía el gurí”, narró un enfermero en la puerta de emergencia de la policlínica de Piedras Blancas.
La cifra
De enero de 2019 a julio de 2022 4.661 heridos de bala ingresaron a los centros de salud de Piedras Blancas, Cerro, Hipódromo y al Hospital Maciel en Montevideo.
En 2019 ingresaron 1.198 baleados a estos centros de ASSE. En 2020 el número aumentó a 1.367 y el 2021 siguió la tendencia de incremento con 1.410 heridos.