Los investigadores de homicidios están acostumbrados a ver escenas que asustarían a cualquiera. Sin embargo, quienes indagan el doble homicidio en el barrio Plácido Ellauri -donde un adolescente de 15 años apuñaló más de 20 veces a su padre y su hermano- se extrañaron por el nivel de violencia que están constatando.

La preocupación se viene instalando luego de varios casos en los que las características de los asesinatos fueron violentas. Días atrás, dos hombres fueron asesinados en la ciudad de Maldonado, cuando otro se acercó en moto y, sin mediar palabra, les disparó a sangre fría varias veces contra las víctimas.

Otro ejemplo fue el de a comienzos de marzo, cuando un guardia de seguridad fue asesinado mientras cumplía sus funciones. Luego de pegarle un tiro con una escopeta en la nuca, el delincuente prendió fuego la garita donde se encontraba, le robó y huyó.

“Es el reflejo de una sociedad que en general es más violenta”, aseguró el subsecretario del Ministerio del Interior, Pablo Abdala. “Es una responsabilidad social compartida y hay que trabajar de forma interinstitucional”, afirmó y señaló que “no hay que generar alarma” pero “tampoco mirar para el costado”.

El jerarca también remarcó las instancias que tuvo el Ministerio del Interior en el Parlamento y en la presentación de los datos de violencia doméstica, donde se hizo referencia “al trabajo que se está haciendo en torno a este tema”.

Abdala resaltó al “aumento de violencia generalizado” y el ministro Nicolás Martinelli también lo ha marcado como un tema que debe ser atendido.

El asesor de la cartera, Diego Sanjurjo, dijo a El País que “no es un aumento repentino ni novedoso”, y lo definió como “un fenómeno gradual”.

Según Sanjurjo, la violencia actual “muestra una falta de políticas preventivas que ha tenido Uruguay” y que “este gobierno ha intentado llevar adelante”.

Los jerarcas consultados coincidieron en que este problema “no solo se ve reflejado en los delincuentes, sino también en la población general a la hora de resolver sus conflictos”.

La fiscal de Homicidios de 1er Turno, Adriana Edelman, se enfrenta a investigar estos crímenes a diario. En diálogo con El País aseguró que la violencia “se traduce en un recrudecimiento de los métodos con los que actúan” los delincuentes, ya sea en conflictos entre bandas o casos aislados.

El acuerdo con la organización internacional Cure Violence, cuyo objetivo es mejorar la convivencia en los barrios más asediados por el delito, comenzará a aplicarse la próxima semana.

La primera zona integra a los barrios Villa Española, Marconi, Casavalle, Peñarol, Manga y Las Acacias. Allí trabajará la ONG Ecofamilia, que tendrá su sede en el Centro Aparicio Saravia, recientemente inaugurado.

La otra zona abarcará los barrios Casabó, Cerro, Cerro Norte, La Teja, Tres Ombúes y La Paloma, que trabajarán con la ONG Vida Nueva. Su centro de referencia será el Hospital del Cerro.

La primera semana de abril recorrerán los terrenos ambos equipos, mientras que en la segunda se harán las capacitaciones para que puedan comenzar a operar.

Al mismo tiempo, Interior intervino en los últimos meses los barrios Villa Española, Marconi, Cruz de Carrasco, Boix y Merino, Cerro y Cerro Norte.

Desde el Ministerio del Interior señalaron a El País que hubo “un descenso en la violencia de estos barrios”. “El barrio continúa saturado, y es real que ha bajado la violencia notoriamente”, dijo el alcalde del Municipio D -que integra Villa Española-, Gabriel Velazco, aunque también sostuvo que están “lejos de niveles óptimos”.