Polémica por licitación del Kibon llegará al Parlamento Nacional

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La oposición halló insatisfactorias las respuestas de la IMM sobre la licitación del Kibon y resolvió -en una medida inédita- trasladar un tema departamental al Parlamento Nacional. Tampoco descarta recurrir ante el Tribunal de lo Contencioso.

Durante seis horas, las autoridades de la Intendencia de Montevideo comparecieron an-te el Plenario de la Junta Departamental para explicar los pormenores de la polémica licitación del exparador Kibon.

Aunque con los votos de la oposición y del oficialismo se había requerido la comparecencia de la intendenta Ana Olivera, esta no concurrió. Para el caso, se hizo representar por el prosecretario de la IMM, Jorge Rodríguez, el director de Jurídica Ernesto Beltrame, el gerente de Compras Gustavo Cabrera, y el director de Desarrollo Económico, Luis Polakof. Este último -quien generó el llamado a Sala a través de sus declaraciones públicas- no pronunció palabra alguna.

La administración confirmó que ya hay una adjudicación a la firma Afacor S.A. y que el proceso licitatorio no tiene marcha atrás, pese a que fue observado por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR).

La oposición, en tanto, insistió en la "ilegalidad" del mismo y el Partido Nacional -por intermedio del edil Fabián Martínez- anunció que recurrirá la resolución municipal ante la Cámara de Representantes, co-mo órgano de alzada, situación que no tienen antecedentes en la presente legislatura.

A su vez, los blancos pedirán un informe ampliatorio al TCR y no descartan recurrir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), confiaron fuentes de esa bancada a El País.

SOCIEDAD ANÓNIMA. Como se recordará, Polakof dijo en entrevista con El País que el gru-po de empresarios que integra la sociedad anónima Afacor -única oferente para recuperar y explotar el local de la rambla de Pocitos- está conformado entre otros por el arquitecto Martín Gómez Platero, Francisco Ravecca y Pablo Milburn, estos dos últimos vinculados al emprendimiento Aguada Park.

Sin embargo, los ediles que estudiaron el pliego dijeron no conocer esos nombres, lo cual generó una reacción que se sumó a las acusaciones de "irregularidades" y "falta de transparencia" en el proceso, formuladas por el edil convocante, Martín Bueno (PC).

El llamado a Sala no estuvo exento de acusaciones y enfrentamientos, que llevaron a que la sesión tuviera que suspenderse más de una vez.

La edila Graciela Villar, por ejemplo, dijo que los nombres citados por Polakof estuvieron "subyacentes" cuando se discutió el pliego en Comisión. Y que "más de un edil los conocía".

Del mismo modo, el prosecretario de la Intendencia, Jorge Rodríguez, apuntó que en el expediente "hay una carta firmada por Pablo Milburn que ha-bla de una línea de crédito de US$ 1 millón", con lo que intentó demostrar la solvencia económica del inversor y el supuesto conocimiento que se tenía sobre quiénes estaban detrás de la sociedad anónima.

En respuesta a los dichos de Villar, los ediles de oposición que integraron la comisión que analizó el pliego licitatorio rechazaron enfáticamente conocer quiénes representaban al grupo inversor Afacor S.A.

CUESTIONAMIENTOS. Como diera cuenta El País, el Tribunal de Cuentas observó la licitación del exparador. El dictamen del organismo de contralor señala que "la documentación presentada por Afacor S.A. no se ajustó al pliego".

La licitación fue vinculada ad referéndum al dictamen del TCR, situación considerada "un error de Jurídica de la Intendencia, en el afán de darle más transparencia al llamado", según fuentes del propio oficialismo consultadas por El País.

De todos modos, el director de Jurídica, Ernesto Beltrame, recordó que los fallos del tribunal no son vinculantes, por lo que la IMM -más allá de responder las observaciones- no tiene por qué acatarlos.

Para el edil Martínez, sin embargo, la observación del tribunal y la vinculación ad referéndum no permiten seguir adelante con el proceso, que consideró una "flagrante violación a la Constitución".

Esta apreciación lo enfrentó duramente con Beltrame, quien fue su profesor en la carrera de Derecho. "O el profesor le enseñó mal, o el alumno entendió errado", bromeó un edil en los corrillos de la Junta.

El edil convocante, el colorado Martín Bueno, dijo a El País que "quedó probado que la Intendencia tenía información relevante que ocultó a la Junta Departamental".

Además, "nunca contestó por qué la línea de crédito (elemento excluyente si no está en el acto de presentación según los pliegos) se presenta absolutamente extemporáneamente, contradiciendo el propio pliego y el Tocaf, siendo un absoluto acto de permisividad de la administración".

Bueno agregó que los directores de la Intendencia tampoco contestaron en sala "por qué se adjudica el parador Kibon a este grupo sin haberse acreditado las fuentes de financiamiento, otro elemento excluyente" en el proceso licitatorio.