Poder Ejecutivo rechaza el emplazamiento de Uragua

El presidente Jorge Batlle firmó ayer un decreto que establece que la empresa concesionaria Uragua no puederesolver "unilateralmente" medidas y plazos que la desvincule de los servicios de agua y saneamiento en Maldonado.

En una respuesta a la presión que interpuso la empresa el último viernes, al comunicar al Poder Ejecutivo que no pagará más el canon por la concesión y que tampoco emitirá más facturas a los usuarios como consecuencia de la vigencia de la reforma constitucional aprobada el 31 de octubre, el gobierno se plantó y fijó en el decreto la idea de que el concesionario no puede resolver por sí y ante sí que no cumplirá más el servicio.

En un decreto "debidamente fundado", según indicaron fuentes oficiales, se reafirma la posición del Poder Ejecutivo en el sentido que pasa a ser "ilícito" que el servicio no lo cumpla una persona pública estatal, sin embargo el gobierno reivindica cómo y cuándo se procesará el mecanismo de transferencia.

"Eso es lo que hay que arreglar", significaron las fuentes. En ese orden, los informantes recordaron que aún están pendientes una serie de informes que Uragua prometió al Poder Ejecutivo y que todavía no han sido evacuados. "No pueden decir yo no cobro más", sentenciaron las fuentes.

En la nota enviada al gobierno, Uragua le dio al Poder Ejecutivo un plazo de tres días para que imparta las directivas sobre los pasos a seguir. A su vez, remarcó su compromiso con la población pero advirtió que de ser obligada a continuar brindando el servicio, comenzará a emitir las facturas a cuenta y orden de OSE.

El decreto se difundirá mañana lunes. Ayer, el presidente Batlle, el subsecretario del Ministerio de Vivienda, Oscar Brum, el secretario de la presidencia, Raúl Lago, y el subsecretario del Ministerio de Defensa, Elías Bluth, estuvieron reunidos en la residencia oficial de Suárez analizando la situación y ajustando la redacción del decreto. El mismo, está circulando para recoger la firma del Consejo de Ministros.

El subsecretario de Vivienda, Oscar Brum, dijo ayer que el Poder Ejecutivo no va a admitir que la empresa "imponga plazos".

"El gobierno está tomando con muchísima tranquilidad, precaución y cautela ante todo con el objetivo de garantizar el servicio. Es un tema más, de toda esta maraña de problemas que nos está causando la reforma constitucional. Tenemos la obligación de garantizar los servicios y estamos procesando la carta o la intención que tiene la empresa Uragua. Lo que sí no admitimos es que en forma unilateral la empresa concesionaria nos imponga procedimientos que no están elaborados y nos imponga plazos para poder resolver este intríngulis", manifestó Brum.