Plantean bajar beneficios a inversores

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La OPP planteará al presidente Mujica que se eliminen los beneficios fiscales otorgados por la ley de inversiones a los emprendimientos que no aportan valor agregado a la producción.

Dentro del paquete de medidas -entre las que se encuentran el aumento del IRAE del 25% al 30% y la creación de un nuevo tributo a productos suntuarios- que manejan los técnicos liderados por el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Gabriel Frugoni, se incluirán modificaciones al sistema de promoción de inversiones, regulado por la ley 16.906 de enero de 1998.

Los cambios irán en el sentido de "acotar" las exenciones fiscales que se otorgan a los proyectos productivos a aquellos que proporcionen "valor agregado" a la producción, dijeron a El País fuentes de gobierno. Los informantes aseguraron que la propuesta es "mucho más que una discusión sobre aumentar impuestos" y plantea una "visión integral de la economía orientada a cambiar la matriz productiva".

En 2012 y luego de una discusión a la interna del Frente Amplio, el Poder Ejecutivo modificó el decreto reglamentario de la ley de inversiones y estableció que las empresas beneficiarias debían generar empleo de calidad, más allá de la cantidad de puestos de trabajo que generaran.

Ahora, la nueva propuesta tiende a "afinar la selectividad" de los proyectos que se encuentran amparados por las exenciones tributarias. Las fuentes indicaron que "no hay razones para mantener privilegios al agro, cuando no tienen deudas y los commodities tienen un alto valor".

También explicaron que sería conveniente identificar los proyectos vinculados al comercio que "no generan ningún tipo de valor agregado" para el país, para continuar aplicando una política "que beneficie a los que necesitan", dijeron.

El valor agregado como concepto había sido incluido en el decreto reglamentario de la ley de inversiones en 2007 como uno de los ítems para puntuar y determinar los porcentajes de exoneración de impuestos. Sin embargo, fue dejado de lado en el nuevo decreto reglamentario redactado el año pasado por las dificultades que tenía el Poder Ejecutivo para medir este tipo de indicador.

Según el decreto vigente, las empresas cuyos proyectos de inversión hayan sido promovidos podrán beneficiarse de una exoneración parcial en los pagos del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE), en el Impuesto al Patrimonio (IP) y el IVA.

Los cambios a la ley de inversiones no son una discusión nueva para el Frente Amplio. Tanto el Movimiento de Participación Popular (MPP) como el Partido Comunista del Uruguay (PCU) han realizado propuestas para modificar el decreto reglamentario del Poder Ejecutivo.

El senador comunista Eduardo Lorier recordó a El País que las exenciones tributarias a empresas estuvieron sobre la mesa hace dos años en una reunión mantenida con el presidente José Mujica. Según explicó, en la actualidad el Partido Comunista no se encuentra promoviendo ningún cambio en la ley de inversiones, "pero respalda la propuesta que está haciendo la OPP".

Por otra parte, Antonio Vadell (militante del MPP) publicó en el mensuario Mate Amargo la visión del sector sobre el tema donde se propone revisar las exenciones tributarias otorgadas por la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap), así como los beneficios que mantienen las zonas francas.

"No podemos contentarnos solo con realizar obras de infraestructura por el hecho de que generan puestos de trabajo, ya que estos son coyunturales y no permanentes. Además es insostenible en el tiempo hacer todos los años un puerto o una planta de celulosa", opinó el dirigente del MPP.

RENUNCIA FISCAL.

Los beneficios fiscales que otorgó el gobierno a proyectos de inversión del sector privado prácticamente se quintuplicaron en la última década, mientras que el monto de esas iniciativas promovidas casi se duplicó, según datos oficiales.

En 2010, las exoneraciones fiscales a proyectos que se presentaron ante la comisión de aplicación de la ley de inversiones sumaron US$ 754 millones, mientras que en 2001 totalizaban US$ 160 millones. Esto supone un crecimiento de 471% en el sacrificio fiscal máximo del gobierno para impulsar la inversión, al resignar recaudación de impuestos como al Patrimonio, el IVA y el IRAE.

La inversión promovida por el gobierno creció 178%, pasando de US$ 646 millones a US$ 1.149 millones. Esta diferencia en el ritmo de crecimiento de ambos montos (de inversión y de exoneración) se debe a que en 2001 el beneficio fiscal representaba 24,8% de lo que invertía el privado.

Las exoneraciones que otorga el gobierno son potenciales, ya que luego de concedidas los privados no siempre ejecutan la totalidad del beneficio recibido y no discriminan entre inversión extranjera y nacional.

Las mayores resignaciones fiscales del Estado se hacen por descuentos del IRAE a los proyectos aprobados en el marco de la ley de inversiones. En 2010 se aprobaron exoneraciones de ese impuesto por US$ 557,6 millones, mientras que las del Impuesto al Patrimonio totalizaban US$ 107 millones y las del Impuesto al Valor Agregado (IVA) fue por US$ 89 millones.

TIERRAS.

La semana pasada, el presidente José Mujica volvió a poner la atención en los fondos de inversión en el sector agropecuario cuando acusó a las empresas Taurion S.A. y Montes Fresnos S.A. de "especular financieramente". El planteo de Mujica se hizo en momentos en que la OPP reclama aumentar el IRAE del 25% al 30% y el Frente Amplio estudia medidas para combatir la compra de tierras por parte de extranjeros.

El senador Ernesto Agazzi (MPP) defendió ayer el planteo de Mujica y dijo que sus declaraciones no se pueden interpretar como una crítica, sino como "una puesta a punto".

"Lo que supongo es que a Mujica le llamó la atención la manera de compra de las tierras, porque se hizo de a lotes pequeños", declaró ayer el legislador en Radio Rural.

Agazzi dijo al respecto que "hay que limitar este tipo de inversiones extranjeras, porque nuestro mapa tiene que ser para que trabajen los uruguayos" y añadió que "las inversiones no tienen que estar bajo cuestionamiento, sino bajo observación".

"Estas sociedades anónimas no son golondrinas. Trabajan muy bien (…) Siguen siendo capitales especulativos, porque a la larga buscan el beneficio de la especulación. Por eso hay que prestar atención", argumentó Agazzi.

La semana pasada en Mate Amargo, Antonio Vadell (exdirector de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería) fustigó a "los capitales de fondos de previsión extranjeros, que no generan ni dos puestos de trabajo". Como ejemplo, citó "la compra de grandes superficies de tierras con fines meramente especulativos".

El Partido Comunista está redactando una propuesta para combatir la suba de los precios, que alcanzó el 1,9% en el mes de enero. El planteo será efectuado en la orgánica atendiendo el planteo del expresidente Tabaré Vázquez de no discutir medidas por la prensa y evitar "el show mediático", dijo a El País el senador y secretario general del Partido Comunista, Eduardo Lorier. "Como creo que todo el mundo, estamos preocupados por los precios de alimentos que hacen parte de la canasta familiar y por el valor de los alquileres y en ese sentido estamos preparando una propuesta", adelantó Lorier.

El planteo de los comunistas se suma a un aporte que está preparando el Partido Socialista sobre posibles medidas para contener la inflación. El secretario general y diputado del sector, Yerú Pardiñas, adelantó a El País que se planteará una revisión de la tasa de referencia aplicada por el Banco Central y la necesidad de mejorar la eficiencia del gasto público a través del sistema de compras.

No se descarta que la inflación esté hoy sobre la mesa en la reunión del Consejo de Ministros.

Las empresas que proyecten hacer inversiones podrán solicitar beneficios fiscales amparados por la ley de promoción de inversiones.

El Poder Ejecutivo evaluará las propuestas a través de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap). Para acceder a las exenciones fiscales el proyecto presentado deberá ser declarado promovido por dicha comisión.

La Comap tiene un plazo de 90 días para expedirse desde que se presentan los proyectos por parte de las empresas. Si vencido el plazo la Comisión no se expide, se entenderá como válido el criterio de la empresa.

Los indicadores que exige el Ejecutivo para promover los proyectos son: generación de empleo, descentralización, aumento de exportaciones, utilización de tecnologías limpias, incremento de investigación y desarrollo de la innovación.

El porcentaje total obtenido de los indicadores se incrementará en un 15% para aquellas empresas que revistan la calidad de parques industriales.

Para acceder a los beneficios las empresas deben identificar a los titulares de las compañías y presentar una carta compromiso, donde el solicitante se compromete a cumplir con las condiciones para el otorgamiento de los beneficios fiscales.

Las empresas cuyos proyectos hayan sido declarados promovidos gozarán de exoneraciones parciales del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE), del Impuesto al Patrimonio (IP) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El impuesto exonerado no podrá exceder el 100% del monto efectivamente invertido por la empresa que solicitó la exención.