CASO BALCEDO

Piden para Fiege arresto domiciliario

Della Valle alegó razones humanitarias ante la Justicia Penal.

Paola Fiege escuchó tranquila la acusación del fiscal Morosoli. Foto: F. Ponzetto
Paola Fiege . Foto: F. Ponzetto

Alegando razones humanitarias, los abogados del empresario periodístico y sindicalista argentino, Marcelo Balcedo y Paola Fiege, Víctor della Valle y Alejandro Balbi solicitaron a la Justicia Penal la excarcelación de la pareja del acusado. La Justicia se pronunciará esta semana.

Della Valle dijo a El País que, en caso de que se pruebe de que se cometió algún delito en Uruguay, la participación de Fiege es secundaria. "Debe atenderse el pedido de arresto domiciliario por razones de humanidad. Cuando la niña más chica de nuestra cliente estaba en el hospital debió ser acompañada por una hermana. Los otros dos hijos quedaron prácticamente solos en la casa", agregó.

Della Valle destacó el gesto de la jueza especializada en Crimen Organizado, María Helena Mainard, quien autorizó a Fiege a salir de la cárcel para visitar a su pequeña hija internada en el hospital de Maldonado por la mordedura de una serpiente.

Esta es la segunda vez que Della Valle solicita a la Justicia que otorgue el arresto domiciliario a Fiege con el objetivo de evitar "un daño" a sus tres hijos, cuyas edades oscilan entre dos y diez años.

El 30 de enero pasado, cuando el fiscal Rodrigo Morosoli presentó la formalización de la investigación penal contra Balcedo y Fiege por lavado de activos, contrabando y tráfico interno de armas, Della Valle y Balbi solicitaron el arresto domiciliario para la pareja del sindicalista.

Della Valle presentó pericias donde advertían sobre el daño psicológico que podrían sufrir los tres menores ante la prisión de la madre.

"Mis clientes viven en Uruguay desde hace 11 años. No son prófugos de la Justicia. Con el nuevo Código de Proceso Penal, la prisión preventiva no es preceptiva. Se pueden hacer todas esas acciones reservadas con mis clientes en libertad", insistió el penalista.

El fiscal pidió una prisión preventiva de 150 días. El juez Pablo Benítez resolvió que ésta fuera de 120 días.

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