Parlamento en vía de votar la ley destinada a enfermos terminales

En dos a tres semanas, el proyecto de ley que habilitaría a una persona en una fase terminal de una enfermedad a oponerse a recibir un tratamiento médico que prolongue su vida con "dolor, angustia o daño", recibiría una primera aprobación a nivel parlamentario.

La iniciativa que regula los "Derechos del Paciente Terminal" e instaura el denominado "Testamento Vital" sería aprobada en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Los autores del proyecto, el frentista Luis Gallo y el colorado Washington Abdala, esperan que en junio el proyecto ingrese en plenario de la cámara.

Se trata de una iniciativa polémica, que busca garantizar el derecho de las personas a no sufrir un "encarnizamiento terapéutico", cuando la persona ya ha entrado en un inevitable proceso de muerte. Algunos actores que participaron en el proceso de discusión de la propuesta, como el juez Alberto Reyes, considera que el proyecto va en la línea de regular la llamada "eutanasia pasiva", que es la que no tendría cuestionamientos éticos a diferencia de la activa.

"Está claro que el fundamento es el temor, el sufrimiento o no, y la dignidad humana frente a una posibilidad de ensañamiento terapéutico", afirmó el integrante de la Asociación de Magistrados el pasado 2 de mayo en la Comisión de Salud.

Sin embargo, los autores del proyecto evitan enfáticamente cualquier referencia al término "eutanasia". Gallo dice que la propuesta a estudio no tiene nada que ver con las leyes de eutanasia aprobadas en Holanda u otros países europeos. "Aquí, lo que se busca es garantizar el derecho de un enfermo en una fase irreversible de su enfermedad a autorizar a su médico a no insistir con tratamientos que solamente prolongan su proceso de muerte", asegura. El proyecto que está en las etapas finales de ajuste y que contaría con el consenso de todos los partidos, se basa en dos iniciativas presentadas tiempo atrás por Abdala y Gallo. El alcance del proyecto definitivo se ha nutrido de aportes de delegaciones de los ámbitos jurídicos, eclesiásticos, médicos y universitarios.

requisitos. El acuerdo logrado tras varios meses de análisis establece que una persona afectada por una etapa terminal de una enfermedad podrá manifestar a través de un testamento su voluntad de que no se le continúen suministrando tratamientos para prolongar su vida. La persona deberá ser mayor de edad y capaz mentalmente. La decisión también puede ser adoptada por la persona aún cuando se encuentre en perfecto estado de salud.

De acuerdo al texto original, en ese caso, la persona deberá firmar un certificado notarial que le dará un aval jurídico a la decisión. El diagnóstico de incurabilidad deberá ser corroborado por dos médicos, uno de ellos el tratante del paciente. En caso de incapacidad del titular, se deberá fijar un sustituto, que será el encargado de tomar las decisiones relativas a la medida. La persona, o sus familiares -en caso de que el titular no esté en condiciones- podrán revertir la decisión original.

En caso de que una persona no haya testado y caiga en una situación de inconciencia repentina, la suspensión del tratamiento podrá ser resuelta de forma unánime por el médico principal y un familiar directo del paciente. El caso será estudiado por el comité de bioética que deberá funcionar en cada institución.

El proyecto original también da intervención a la justicia penal. Si en 48 horas, el magistrado en cuestión no manifiesta su oposición, quedaría habilitada la decisión. Sin embargo, este aspecto está en discusión, luego de que la Asociación de Magistrados planteara la dificultad que tendrían los jueces penales para determinar la pertinencia de cada caso. Gallo explicó que en estas semanas se acordarían algunos cambios para simplificar el procedimiento.

"Es un tema muy sensible, por lo cual quisimos asegurar todos los controles. Pero la idea es que tampoco exista un exceso de garantismo", explicó Gallo.

CORRECCION En las próximas semanas los legisladores tratarán de corregir algunos aspectos del proyecto, en función de las críticas realizadas por médicos, jueces y expertos en bioética consultados.

TERMINAL Para despejar toda duda, buscarán redactar una definición precisa de lo que significa la fase terminal de una enfermedad. La propuesta no está destinada a los pacientes que adquieren enfermedades incurables, como puede ser el Alzheimer, sino a aquellos que ya ingresaron en un proceso de muerte.

PROCEDIMIENTO Otro de los aspectos que se discutirán es la necesidad de la firma de un acta notarial y de la intervención de la justicia penal.

JUECES Los magistrados consideran que la justicia penal sólo debería intervenir ante la presunción de un delito penal. "No me parece que esto deba debatirse en la órbita penal porque el juez tiene su cometido específico, salvo que sospechemos algo o que la Comisión de Bioética tenga alguna presunción de que lo que se quiere es suspender un tratamiento para que la institución, pública o privada, ahorre dinero", precisó Cristina Crespo, presidenta de la Asociación de Magistrados.

TIEMPOS El juez Alberto Reyes considera que es un proyecto que no debe se sancionado rápidamente y recalcó que es una ley pionera en la región. "La velocidad conspira contra el fin en un tema tan delicado", afirmó en la comisión.

DILEMA Reyes incluso comentó las dudas planteadas por médicos de Estados Unidos. Los profesionales temen que si son ellos quienes interpretan que se debe aplicar el testamento sean acusados por omisión de asistencia. En cambio, si la misión recae en los parientes, el médico podría verse obligado a actuar en contra de su conciencia profesional.