Con cierto grado de confusión por la novedad y una gran dosis de expectativa por conocer el alcance de la aplicación que hará la policía del nuevo sistema de control callejero, los sectores políticos esperan hoy al ministro del Interior, Guillermo Stirling, en la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Representantes.
En las horas previas al informe del ministro, los partidos se dividen entre quienes apoyan el aumento del patrullaje, aplicado con criterio selectivo, y los que advierten en la medida cierto riesgo de caer en una lesión a los derechos de los ciudadanos.
Tras idas y vueltas, la Policía resolvió lanzar los operativos de control en la calle, reviendo la decisión de la Jefatura de Montevideo, que los había suspendido debido a la ola de críticas surgidas principalmente de sectores de izquierda.
Ayer, Stirling respaldó ampliamente la gestión del jefe de Policía, José Pedro Delgado, al frente de la fuerza, aunque admitió que algunas de sus expresiones no fueron del todo felices. "Este Ministerio se ha caracterizado por ser garantista de derechos y en la medida en que hubiera dudas respecto a las apreciaciones hechas por el jefe de Policía, debíamos aventarlas a efectos de que los procedimientos futuros siguieran siendo realizados como hasta la fecha", precisó Stirling.
El jerarca fue convocado a la comisión por el diputado nacionalista Jaime Trobo, que desea pedirle a Stirling explicaciones por las "marchas y contramarchas" provocadas por las continuas decisiones sobre la medida, lo que a su juicio causa "inquietud" en las fuerzas policiales. Con esa actitud, apuntó Trobo, se "genera incertidumbre en el accionar policial y también en la ciudadanía".
Para el legislador herrerista, esto "es una muestra de vacilación", dijo a El País.
En particular, Trobo planteará a Stirling la necesidad de profundizar en la información de que dio cuenta el jefe Delgado, en cuanto a que algunos delitos han aumentado de modo significativo.
APOYOS Y RECHAZOS. En el plano político, Stirling se enfrentará a la siguiente situación: en la comisión acudirán más miembros que los que normalmente la integran, por lo que se presentará una correlación de fuerzas distinta a la usual. Los colorados están dispuestos a respaldar las medidas, de lo cual ya se informó, con la salvedad de que se empleen con criterio para no lesionar los derechos ciudadanos.
En el resto del Partido Nacional se ha exhibido una actitud de cautela a priori, aunque la Correntada Wilsonista (CW) se ha mostrado más proclive a la negativa. El sector considera que conceptualmente las medidas establecen que "todos los ciudadanos están bajo sospecha", según afirmó el senador Francisco Gallinal, lo cual es un criterio "peligroso".
Los colorados, por su parte, están sin vacilar detrás del ministro. El aumento de la vigilancia "bien aplicada es una buena medida", opinó el diputado del Foro Batllista (FB) Alberto Scavarelli. "Hay que ser ponderado y firme porque hoy la gente de bien no puede andar por la calle", pidió el legislador, dando su aprobación a la aplicación de las medidas.
También desde tiendas de la Lista 15 se anunció el apoyo al plan. El representante Daniel García Pintos, de Fuerza Nueva Colorada, estimó que en esos operativos muchas veces quedan "apretados" delincuentes que vienen siendo buscados por la policía.
El Partido Independiente (PI), a su vez, ha sostenido en lo previo que entre los dichos del ministro Stirling y el jefe Delgado "hay que proceder con sentido común", aunque el diputado Iván Posada compartió la idea de aumentar el patrullaje en las calles.
La izquierda, en cambio, se muestra considerablemente distante de la medida propuesta por las fuerzas del orden. Aunque sus legisladores admiten cierta "confusión" por las idas y venidas sobre la decisión, se muestran partidarios de escuchar a Stirling antes de resolver eventuales medidas políticas.
El diputado Jorge Orrico, del sector frenteamplista Asamblea Uruguay, indicó que las medidas propuestas son "un disparate" y que los anuncios del jefe Delgado son "terroríficos", por lo que adelantó su intención de plantear el malestar existente en su fuerza política.
La semana pasada, cuando se anunció que la medida se aplicaría, legisladores del Encuentro Progresista-Frente Amplio manifestaron su oposición y, en consecuencia, sus intenciones de llamarlo a responsabilidad, instancia que finalmente sufrió una postergación por las alternativas que experimentó la medida policial.