Observan acuerdo de Aduanas por no llamar a licitación

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El Tribunal de Cuentas observó un acuerdo para pasantías de estudiantes entre Aduanas y la Asociación de Despachantes por no haber llamado a licitación. Unos 900 funcionarios reclamarán cobrar el porcentaje de una partida.

El Tribunal de Cuentas (TCR) observó un acuerdo entre la Dirección Nacional de Aduanas y la Asociación de Despachantes para que estudiantes de la Escuela en Comercio Exterior y Aduana realicen pasantías en el organismo.

En su resolución, el TCR señaló que de acuerdo al Tocaf, "todo contrato se celebrará mediante el procedimiento de la Licitación Pública, cuando del mismo se deriven gastos de funcionamiento o de inversión o salidas para el Estado". Agregó que en este caso se contrató "directamente con la Asociación de Despachantes de Aduanas", contraviniendo el Tocaf.

"Proyecto Específico de Cooperación entre la Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay y la Dirección Nacional de Aduanas" se llama el convenio que suscribieron ambas organizaciones y que prevé pasantías de estudiantes de la Escuela de Comercio Exterior y Aduanas, instituto que está en trámite de habilitación ante el Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

El convenio "tiene por objeto el desarrollo de prácticas curriculares -remuneradas o no- orientadas a proporcionar a los estudiantes de la Escuela en Comercio Exterior y Aduana ámbitos de práctica curricular técnico-profesional, en las diversas unidades organizativas de la Dirección Nacional de Aduanas", indica la resolución del TCR.

El convenio con la gremial de despachantes forma parte de la política de relacionamiento de la actual dirección de Aduanas encabezada por Enrique Canon, con los operadores privados sometidos a su control. En el año 2011, ya había contratado a la ADAU para el dictado de cursos de capacitación para funcionarios aduaneros, expresaron fuentes consultadas por El País.

Esto con la particularidad de que la plantilla de docentes de la escuela de la ADAU -según consta en su página web- está compuesta por jerarcas de la Aduanas. Entre ellos el actual subdirector de Aduanas Guzmán Mañes, el jefe de la Oficina de Procedimientos Aduaneros Alvaro Palmigiani, y la directora de inspección de los servicios aduaneros Norma Locatelli.

En un proyecto para reformular la estructura organizativa de Aduanas presentada por Canon a los funcionarios, el de ADAU es el único instituto de enseñanza privado exceptuado para el dictado de clases por parte del personal jerárquico que tendrá dedicación exclusiva, agregaron las fuentes.

La ley anticorrupción y su decreto reglamentario establecen la prohibición de que los funcionarios públicos perciban ingresos de los agentes sujetos a su control.

RECLAMO. Por otra parte, la Asociación de Funcionarios de Aduanas (AFA) reclama que a 900 funcionarios aduaneros les corresponde cobrar un porcentaje de dinero de una partida salarial que se les dejó de pagar en 2009.

El reclamo de AFA cuenta a su favor con un dictamen del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) de octubre de 2011, que le dio la razón a seis funcionarios que reclamaban la ilegalidad de un decreto por el que dejaron de percibir el porcentaje de esa partida.

La sentencia anuló el decreto 82/2011 de octubre de 2011, norma que consideró ilegal y por la que el Poder Ejecutivo dejó de pagar a los funcionarios aduaneros los aumentos salariales de una de las partidas de los servicios extraordinarios que fueron salarizadas a partir del 1º de enero de 2009.

Dicha sentencia está referida a la acción de nulidad presentada por seis funcionarios, pero la anulación del decreto tiene efecto general, por lo que el gremio de los funcionarios aduaneros (que ya había iniciado acciones legales en ese sentido) insistirá en cobrar el dinero que sostiene se adeuda.