Mujica promulgará ley y dejará el tema en manos de la Suprema Corte

l presidente José Mujica dijo a El País que será la Suprema Corte de Justicia la que tendrá la última palabra en los casos que se denuncien al amparo de la ley que deja sin efecto la prescripción de los delitos cometidos en dictadura.

Mujica reiteró que no usará la facultad de veto y que promulgará la nueva ley antes del 1° de noviembre, fecha en la que prescribirían todos los delitos contra los derechos humanos que implica a militares que actuaron durante la dictadura (1973-1985).

"Si a usted le interesa mi opinión, usted sabe que reiteradamente yo he dicho que soy contrario al veto como instrumento. Lo vuelvo a reafirmar", dijo Mujica, y anunció que el proyecto de ley se promulgará "cuando se pueda" aunque respondió "sí, sí" cuando se le preguntó si sería antes del 1° de noviembre.

En cuanto a cómo observaba la solución legislativa al tema, Mujica dijo que "los problemas jurídicos tienen varias bibliotecas", y que esta materia no era su "especialidad". Pero agregó: "Alguna decisión tendrá que haber por parte de la Suprema Corte de Justicia y estaremos a lo que ella decida".

Más allá de que las nuevas denuncias por apremios físicos a los detenidos se iban a presentar de todos modos, la aprobación de la norma que declara de lesa humanidad los delitos cometidos durante la dictadura, le brinda a los denunciantes un mayor respaldo jurídico para hacer los planteos.

El delito de tortura está previsto en la ley 18.026, de septiembre de 2006, que castiga los ilícitos de la Corte Penal Internacional contra el genocidio, los crímenes de guerra y de lesa humanidad.

La primera denuncia por torturas fue presentada en diciembre de 2010 ante la jueza Mariana Mota por un grupo de expresos de la base aérea de Boiso Lanza. En ese caso, los denunciantes son actualmente más de 40 personas.

Waldemar Tarocco, presidente de Crysol, organización que nuclea a ex detenidos políticos, dijo a El País que recientemente se presentó una nueva acción por torturas en el Batallón 6° de Caballería.

Por otro lado, en breve también se presentará una denuncia por torturas en el establecimiento de reclusión de La Tablada y otra por la "Operación Morgan", que se desarrolló en 1975 y que implicó la persecución a dirigentes comunistas.

VIOLENCIA SEXUAL. A su vez, entre hoy y mañana un grupo de 28 ex presas políticas presentarán una denuncia por las torturas y violencia sexual que sufrieron estando detenidas. La denuncia apunta contra oficiales, personal subalterno y médicos y enfermeros del Hospital Militar. Entre los denunciados, que en total son más de 40, figuran los exrepresores que ya están en prisión.

En la acción se denuncian hechos ocurridos en la Cárcel de Punta Rieles, que durante la dictadura funcionó como centro de detención femenino.

A su vez, se pondrán en conocimiento de la Justicia los ataques sexuales sufridos por las detenidas en al menos otros seis centros de reclusión.

Pero, además, en la denuncia también se da cuenta de hechos ocurridos en unidades militares de Paso de los Toros y Mercedes, así como bajo jurisdicción de las jefaturas de Policía de Montevideo y Salto.

La ley que se aprobaba esta madrugada salva el escollo jurídico que se planteaba el 1° de noviembre, fecha que según la tesis jurídica mayoritaria, se extinguirían los ilícitos.

"toda la cancha". A nivel de los militares retirados, también hay reacciones ya que se anunció que se presentarán denuncias contra miembros de la guerrilla que no fueron juzgados en su momento.

"Ahora vamos a salir a jugar el partido en toda la cancha", dijo a El País el presidente del Centro Militar, coronel (r) Guillermo Cedrez, quien estimó que habría unos 30 casos que podrían ser denunciados.

Las denuncias serán presentadas por un grupo de cuatro abogados que trabajaban en la institución.

Asimismo, el Centro Militar también pidió asesoramiento jurídico para reclamar ante la Suprema Corte de Justicia la inconstitucionalidad de la ley que se aprobaba en la madrugada.

El ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, propondrá al presidente José Mujica sancionar al jefe del Estado Mayor de la Defensa (Esmade), José Bonilla, quien ayer dijo en declaraciones a la prensa que los militares retirados que tengan información sobre el destino de los desaparecidos no la aportarán a la Justicia por temor a ser procesados.

Ante las "inconsultas" declaraciones de Bonilla, Fernández Huidobro pondrá "a la brevedad" a consideración de Mujica "la sanción correspondiente", informó el Ministerio.

"Quienes algo sabían, podían, a partir del 1° de noviembre, con la libertad que da la prescripción de los delitos, aportar datos importantes", dijo Bonilla. Pero ahora "la información no se va a aportar por temor a ir preso", señaló el militar.