Movimiento en Paysandú pide "atacar" inseguridad

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PAYSANDÚ | SANDRA KANOVICH

Hoy se realizará la cuarta marcha en repudio a la muerte de Romina Severo y para exigir modificaciones en la legislación vigente para los menores infractores. La cita es a la hora 16.30 en la Plaza Artigas.

Una proclama será leída en el anfiteatro del río Uruguay, que será el destino de la movilización de esta tarde. La convocatoria fue lanzada por familiares y allegados de la víctima, organizados ahora en un movimiento ciudadano "apolítico y abierto", que en su última reunión -el viernes de noche- logró reunir a figuras políticas en una improvisada mesa redonda.

Alrededor de la última foto de Romina con su familia, el senador nacionalista Jorge Larrañaga, el diputado colorado Walter Verri y el ex intendente frenteamplista, Julio Pintos, expusieron su opinión y aclararon a unas 50 personas, que todos los sectores están trabajando para solucionar el problema de la inseguridad.

Se animaron a pronosticar que "no se está lejos de alcanzar acuerdos", al menos en algunos de sus reclamos.

El movimiento ha resuelto centrar su trabajo en promover modificaciones legislativas para que los menores infractores conserven su legajo al cumplir los 18 años y en bajar la edad de imputabilidad. También abogan por crear un centro de rehabilitación "eficaz" para los menores conflictivos.

La única consigna para la marcha de hoy es llevar un globo u otro distintivo de color verde. "Es el verde esperanza, de que por fin cambien las leyes y estas cosas no se repitan", explicó a El País Lorena Severo (31), la hermana mayor de la profesora de literatura y madre de tres niñas, que murió el 24 de agosto, después de sufrir un arrebato por parte de dos adolescentes en moto, lo que provocó que ella cayera de su moto al pavimento y fuera arrollada por un ómnibus.

La tragedia conmocionó a los sanduceros y provocó aún mayor indignación cuando se supo que uno de los responsables era "El Maikol", famoso infractor que en estos días cumple sus 18 años y cuenta con 59 anotaciones policiales y numerosas fugas del INAU.

Lorena recordó que aún aguardan respuesta a la petición enviada al presidente, José Mujica, a quien solicitaron una pensión económica que alivie la situación del esposo y las tres hijas de Romina.

COINCIDENCIAS. Conservar los antecedentes penales más allá de los 18 años parece ser el punto en el que existe mayor acuerdo entre los partidos.

Larrañaga expresó que "no parece lógico que se adquiera imputabilidad penal a los 18 años y que quienes tienen antecedentes estén en las mismas condiciones que quienes no los tienen". "En esa misma línea trabaja la bancada parlamentaria del Frente Amplio", dijo Pintos, quien informó que los legisladores oficialistas se han reunido con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, para estudiar "este paquete de temas".

Los referentes políticos también coincidieron en que no basta la legislación para solucionar la problemática, que definieron como de "graves causas sociales", entre las que mencionaron la educación, la desarticulación familiar, el alcohol, las drogas y la ruptura de factores de igualación social. "Hay que atacar estos temas", subrayó Verri. Larrañaga advirtió que el drama de la inseguridad es una realidad que no es culpa de un gobierno: "Viene en picada libre desde hace 30 años y es a la que hay que atacar desde muchos ángulos". También hay que considerar la cara de la aplicación de la norma jurídica, agregó el senador, que está en manos del Poder Judicial y de la Policía.

Frente a estas coincidencias, los representantes políticos revelaron la polémica en el tratamiento de la edad de imputabilidad. Pintos no mencionó directamente el tema, aunque aseguró que se están estudiando modificaciones para el Código de la Niñez y Adolescencia. Larrañaga y Verri, en tanto, expusieron las iniciativas que impulsan sus respectivos sectores.

El diputado recordó que Vamos Uruguay defiende bajar a 16 años la edad para que un menor de edad sea imputable cuando comete delitos graves. "Es necesario actualizar las leyes, hay muchachos que a esa edad ya no pueden ser considerados menores", apuntó.

El líder de Alianza Nacional sostuvo que más que de bajar la edad de imputabilidad, "hay que hablar de agravamiento de la responsabilidad penal de menores infractores a partir de los 16 o 18 años" y de "castigar la complicidad o coautoría de los mayores". No obstante, advirtió que una modificación legislativa no será efectiva si no se crea un instituto especializado que cumpla la doble función de rehabilitación y reclusión.

Los políticos coincidieron asimismo en valorar el movimiento generado por la muerte de Romina. Pintos, no obstante, señaló su preocupación porque éste pueda "abrir paso" a quienes adhieren a la justicia por mano propia. "Hay que transmitir que vivimos en un Estado de derecho", dijo y propuso que el movimiento organice seminarios con especialistas, para avanzar en el conocimiento de la temática y "salir de un diálogo para el que a veces nos quedamos sin elementos".

La participación de los políticos en la asamblea desató los reclamos del resto de los participantes. "¿Por qué si parece que están todos de acuerdo no se concretan las soluciones?", preguntó un hombre. La respuesta vino más tarde en palabras de otro participante: "Podemos pedir la paz mundial pero no serviría de nada, tenemos que saber que no hay solución inmediata y avanzar paso a paso".

Una adolescente intervino para relatar que su casa fue robada 15 veces. Su madre acotó que guarda un correo electrónico de 2006, en que el entonces ministro del Interior respondía un petitorio de ella y le aseguraba que "pronto tendría soluciones". "Yo sigo esperando", ironizó. Otro vecino aseguró representar a 300 familias de la zona de cooperativas de viviendas y mostró una carta enviada hace un año al Jefe de Policía, pidiendo entrevista para tratar el tema de los frecuentes robos y disturbios. "Nos dijeron que la difundiéramos, pero queríamos que la autoridad nos recibiera por buena voluntad y no por presión de la prensa", subrayó.

Desde el fondo del salón, el padre de Leticia Álvarez -asesinada en una rapiña al almacén familiar en 2007- tuvo palabras para todos. "Al mes de la muerte de Leticia ya todo se había olvidado; lo importante es seguir adelante con lo de Romina, pedir a la gente que acompañe; porque a algunos les sirve que se olvide, pero si nos olvidamos nosotros vendrán más Leticias y más Rominas". "Y ustedes también -dijo a los políticos- tienen hijos, nietos, tienen mucho para perder, igual que nosotros".

La comunidad colabora con la familia en atender las urgencias que generó la muerte de Romina. Sus colegas entregaron al viudo una primera partida de dinero de una colecta y un piscólogo asiste a las niñas de 6 y 4 años. Uno de los problemas más engorrosos es la provisión de leche materna para la bebé, que cumplió tres meses: no acepta otro tipo de leche. Hay madres que la están aportando pero a veces es insuficiente. A través del Club de Leones la familia se contactó con el Banco de Leche Materna en Salto. Primero no tenía leche disponible y la que enviaron luego desde Montevideo llegó en malas condiciones, relató Lorena, hermana de Romina.