Mirabal sería el juez que decidirá sobre extradición

Si el pedido de extradición del juez argentino Guillermo Montenegro se concreta en este mes, el juez encargado de diligenciar el caso será Gustavo Mirabal. El secretario de Derechos Humanos del gobierno argentino anunció el martes la solicitud del juez pero todavía no ha llegado a la Oficina de Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional. Una vez que ingrese desde esta oficina será derivado al juez competente, explicó a El País el titular de la Autoridad Central, Eduardo Tellechea.

De acuerdo a la planilla de turnos para el diligenciamiento de exhortos, elaborada por la Suprema Corte, si el escrito llega con la fecha de mayo, el juez que deberá instruir la causa es Mirabal, quien entendió en el caso de los militares uruguayos extraditados a Chile por el caso Berríos y quien denunció sufrir un atentado.

Ayer, el prosecretario de la Presidencia, Jorge Vázquez dijo que cuando llegue la solicitud del exterior el Poder Ejecutivo decidirá qué opina. Telemundo 12 informó que el tema será tratado en el próximo consejo de ministros.

El magistrado que actúe, junto con el fiscal que corresponda, deberá citar a los militares, investigar el caso y si entiende que el pedido de su colega argentino es fundado, concederá la extradición. De todos modos, desde que se inicie el trámite hasta que se concrete la entrega -en caso de que eso ocurra- podrán pasar algunos años, como en el caso Berríos, que terminó en la Suprema Corte por las apelaciones de la defensa de los militares.

El juez Montenegro dictó el 26 de abril la resolución en la que solicita la extradición de los militares José Arab, José Gavazzo, Ernesto Rama, Jorge Silveira, Gilberto Vázquez, y el ex policía Ricardo Medina, además del fallecido jefe de Ejército uruguayo, general Julio César Vadora, por su presunta responsabilidad en el secuestro y desaparición de María Claudia García, nuera del poeta argentino Juan Gelman, en una causa que involucra al ex dictador argentino Rafael Videla. En el caso de Arab, Rama, Vázquez y Medina, el magistrado reclamó además la captura internacional.

Sin embargo, la fecha que se tiene en cuenta en este caso es la del exhorto, no la de la resolución del juez.

Montenegro se adelantó al juez Norberto Oyarbide, quien anunció que pediría la extradición de los mismos militares pero todavía no lo concretó por el caso Gelman. Si bien desde la secretaría de Derechos Humanos argentina se anunció en octubre que el exhorto había sido remitido, ese pedido nunca llegó a los tribunales uruguayos.

Caducidad. El tratado aprobado en 1996 por el Parlamento, determina que los delitos que darán lugar a la extradición deben ser considerados como tales por las leyes de ambas partes. El artículo 6 del tratado de extradición firmado con Argentina determina que "no se concederá la extradición de la persona reclamada, si hubo sentencia firme en la parte requerida respecto del hecho o de los hechos objeto de la solicitud de extradición".

El abogado de Gelman, José Luis González, afirmó que en Uruguay esos militares y el policía "nunca fueron a los juzgados por el caso de la nuera de Gelman". Estimó que no hay impedimentos para que la justicia uruguaya conceda la extradición a Argentina.

González afirmó que la justicia no está obligada a consultar al gobierno sobre si el caso está o no comprendido en la ley de Caducidad y estimó que aunque la justicia haya indagado el caso de la nuera de Gelman y lo haya archivado, tampoco es razón para rechazar el pedido de extradición.

Tellechea que también es catedrático de Derecho Internacional Privado explicó que este tratado no admite excepciones de nacionalidad por lo tanto la nacionalidad de las personas requeridas no es un obstáculo para conceder la extradición.

En relación a la posibilidad de que se alegue que el caso está comprendido en la ley de Caducidad, dijo que esa posición es "muy discutible" porque se trata de un secuestro que no ocurrió en el territorio uruguayo. El profesor argumentó que Uruguay no tiene jurisdicción para resolver sobre delitos ocurridos en el territorio extranjero.

ANTECEDENTE. En setiembre de 2004 la Suprema Corte de Justicia puso fin a un pedido de extradición del juez argentino Rodolfo Canicoba Corral, quien reclamaba extraditar a los militares Gavazzo, Cordero, Silveira, Vadora y el comisario Hugo Campos Hermida. La corporación avaló la decisión del gobierno de rechazar la extradición "por razones de orden público" sin que el caso fuera analizado por un juez.

El Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) pidió a la justicia que interviniera pero la Corte falló que el Ejecutivo tiene la facultad de rechazarlo porque el tratado con Argentina lo permite. Ielsur plantó que esa disposición contradice normas legales fundamentales y tratados penales internacionales.

En el 2003 el gobierno de Jorge Batlle se comprometió a profundizar la investigación para hallar los restos de María Claudia García. Sin embargo, meses después el Ejecutivo respondió a la justicia que el caso estaba comprendido en la ley de Caducidad.

En su discurso de asunción, el presidente Tabaré Vázquez afirmó que entre las prioridades de su gobierno estaría investigar el caso Gelman. Meses después comenzaron las excavaciones. Se señaló que García podría estar en el Batallón 14 pero hasta el día de hoy sus restos no se han encontrado.

Ante una nueva consulta, el gobierno declaró que el caso no estaba comprendido en la ley de Caducidad. Tiempo después, el fiscal Enrique Moller opinó lo contrario y su decisión fue avalada por un tribunal de apelaciones que puso fin al expediente.

Para sortear el obstáculo de la justicia, el gobierno evaluó la posibilidad de crear una ley interpretativa de la de Caducidad, lo que no prosperó y se trabaja en una denuncia contra los mandos. Desde Argentina se anunciaron los pedidos de extradición a los militares.

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