Si hay quórum en medio de la campaña electoral, la Cámara de Diputados dará sanción definitiva mañana al proyecto de ley -votado en el Senado el miércoles pasado- que establece la suspensión del nuevo sistema de juicios laborales hasta el próximo 1° de febrero de 2010.
La ley busca suspender la aplicación del nuevo régimen que abrevia los juicios laborales y que está vigente desde el pasado 19 de octubre, tras un pedido formulado por el Ministerio de Trabajo en acuerdo con la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, el texto no contempla las demandas que fueron presentadas luego de la entrada en vigencia de la ley, que creó dos sistemas abreviados e independientes del Código General del Proceso, que regula los trámites de los juicios laborales.
En realidad, la convocatoria para esta sesión de Diputados es la designación de una escuela rural en Rocha, aunque el tema de fondo es el de los juicios laborales. Si mañana no están los votos para levantar el receso, se podrá citar a una nueva sesión, transcurridas las cinco horas fijadas en el reglamento.
LEY. El nuevo régimen establece un sistema para casos de menos de $ 81.000, donde todo el proceso se sustancia en una única audiencia y cuyo fallo no puede ser apelado.
Pero cuando los reclamos superan ese monto, se inicia un proceso más complejo y con más audiencias y, si bien habilita la apelación, los empleadores deberán depositar el 50% del monto total de la condena antes de recurrir la decisión de primera instancia. El nuevo sistema es cuestionado desde el sector empresarial, porque se considera que le quita garantías.
Según se informó a El País desde la Oficina Distribuidora de Asuntos del Poder Judicial, entre el 19 de octubre y el viernes pasado se presentaron 167 demandas que, en principio, deben tramitarse bajo la nueva modalidad procesal. Esa cantidad de reclamos tuvieron lugar solamente en sedes de Montevideo, ya que la dependencia no registra los casos iniciados en departamentos del Interior. Además de los 167 casos en trámite, mediante el nuevo proceso hubo otra importante cantidad de casos que no fueron admitidos debido a carencias formales que presentaron las demandas, dijo a El País el juez Pedro Hackenbruch.
"Mientras la norma no esté suspendida, nosotros (los jueces) tenemos que aplicarla, porque ese es nuestro trabajo", señaló Hackenbruch. Agregó que los magistrados han mantenido conversaciones con el objetivo de tener "criterios comunes" a la hora de aplicar la ley, como por ejemplo en lo relativo a la presentación de las liquidaciones y la constancia de que se buscó la conciliación en el Ministerio de Trabajo, requisitos indispensables establecidos para tramitar las demandas.
Por su parte, la jueza Julia Odella, dijo que los magistrados ya están aplicando la ley desde su entrada en vigencia porque "es lo que corresponde mientras no se apruebe la suspensión". Odella estimó que es "poco probable" que se emita una sentencia mediante la aplicación del nuevo sistema, antes de que el Parlamento apruebe la suspensión de la nueva ley, porque los juzgados no están fijando nuevas audiencias hasta diciembre, y, en algunos casos, recién tienen la agenda disponible en febrero del año 2010.
Sin embargo, casos que se están tramitando bajo el nuevo sistema ya tienen audiencia fijada. Tal es el caso de una demanda patrocinada por la abogada del sindicato de trabajadores de la pesca, Isabel Camarano, cuya primera audiencia será el miércoles.
VISIÓN. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Larrieux, opinó que el plazo previsto para suspender la vigencia del nuevo sistema "no va a dar mucho margen" para preparar a los jueces y funcionarios ni crear cinco nuevos juzgados que se estiman necesarios.
Larrieux recordó que se deberá aprobar otra ley para que la SCJ pueda habilitar las nuevas sedes. "Sería más lógico que la suspensión fuera por más tiempo", declaró a El País.
Convocatoria: En medio de la campaña, diputados intentarán alcanzar quórum.