Las mutualistas en contra del estatuto del trabajador

Las mutualistas están en contra de la propuesta de regulación del régimen laboral en las instituciones de salud planteada por el gobierno. Para la gran mayoría de las empresas de Montevideo y del Interior el "borrador" del Estatuto Unico del Trabajador de la Salud presentado por el ministerio del ramo es "inconstitucional" porque atenta contra la libertad de asociación y de empresa, y además consagra una suerte de "inamovilidad" de los funcionarios del mutualismo.

La semana pasada los representantes de más de 30 instituciones mantuvieron una reunión, en la que coincidieron en rechazar el documento preliminar propuesto por el Ministerio de Salud Pública (MSP). El texto establece que en todo el sector salud el personal deberá ser contratado y ascendido mediante concurso. Además, determina criterios de remuneración y de productividad comunes al área pública y la privada. El Ministerio pretende lograr un texto consensuado, con el fin de convertirlo en proyecto de ley.

CRITICOS. Sin embargo, las mutualistas creen que la propuesta es una intromisión estatal en un sector regido por el derecho privado. "La invocación de la salud como `bien social`, no implica otorgar carta blanca para la arbitrariedad estatal, ni puede servir de pretexto para consagrar reivindicaciones sectoriales cuya dilucidación corresponde al ámbito de la negociación colectiva", consigna el documento que el Plenario de Instituciones le remitirá al MSP. La cámara -integrada por Universal, SMI, Impasa, Gremca y Cudam- considera que el Estado pretende "imponer" por vía legal las condiciones, modalidades de relación, calificación y egreso de la actividad privada y que en el afán de equiparar a trabajadores públicos y privados, genera una "suerte de inamovilidad" de los últimos, "seguramente muy valorada por las entidades gremiales de trabajadores".

Para la cámara resulta "insólita" la "imposición compulsiva" de procedimientos para el ingreso de funcionarios. "En un sistema regido por el Derecho y la libertad de asociación, trabajo y empresa, escapa por completo a la potestad de la Administración y no puede ser materia de ley, determinar qué trabajadores debe contratar una institución privada". A su criterio se violan los artículos 7, 9, 10, 32, 36 y 39 de la Constitución.

También la Federación Médica del Interior (FEMI) prepara un documento en el que se manifestará filosóficamente contraria a la propuesta, porque se cambian las reglas de juego entre trabajador y empleador en el derecho privado. La cámara todavía no tiene listo el texto, pero manifestará, además su oposición, que se imponga una misma fórmula para las condiciones laborales de médicos y no médicos.

PROPIEDAD SOCIAL. Para el dirigente de los funcionarios de la salud privada, Jorge Bermúdez, las empresas siempre se van a oponer a la reforma de la salud. "El problema para los empresarios no es el Estatuto, sino que con el nuevo seguro nacional de salud, van a dejar de manejar la plata, y en la administración van a participar los usuarios y los trabajadores", afirmó.

Bermúdez cree que es "discutible" que las instituciones mutuales se rijan bajo el derecho privado, ya que son un sector regulado por el Estado y de "propiedad social". "No estamos hablando de una fábrica. ¿De quién son las mutualistas: de los directivos o de los socios?. Si de verdad fueran de derecho privado, los directivos de las ocho mutualistas que cerraron deberían haber respondido con su patrimonio, pero nadie fue preso", explicó.

Sin embargo, Bermúdez cree que previo a esta discusión, el MSP debe aprobar el seguro nacional de salud.

"No podemos estar discutiendo un estatuto del trabajador sobre un sistema de salud que no existe. Primero, hay que saber cómo se financia el seguro, porque si no ¿cómo hacemos para igualar situaciones tan diferentes entre la salud privada y la pública? ¿cómo podemos unificar situaciones, cuando en el Estado el empleo está asegurado y en el mutualismo, hay instituciones al borde del cierre".

El mutualismo también ha mostrado sus reparos hacia otras iniciativas del proceso de la reforma de la salud. El proyecto de ley del Poder Ejecutivo que permite a las empleadas domésticas que logren la cobertura de Disse optar entre atenderse en Salud Pública o el mutualismo puso también al sector "con las barbas en remojo".

El gobierno quiere que los nuevos sectores de población que ingresen en la seguridad social puedan elegir el sistema público, entre otras cosas, para que tengan la posibilidad de no absorber los costos de tiques y órdenes.

Sin embargo, el presidente de FEMI, Yamandú Fernández, dijo a El País que en el proyecto -ya aprobado en Diputados- se establece que el complemento de cuota que debe pagar el empleador sería más bajo si la doméstica opta por el sistema público. "No es la competencia lo que nos preocupa, sino que existan reglas de juego diferentes. Nos parece que puede existir un dirigismo hacia el sector público, pero además ese factor puede violentar la libertad de elección, porque la empleada puede ser presionada a elegir el sistema público, por el menor costo de los aportes patronales", opinó.

Bermúdez

"Lo que en verdad les inquieta a las empresas es que van a dejar de administrar la plata"