La Policía quiere usar autos y armas de los delincuentes

Tanto en las comisarías como en los depósitos policiales, los autos usados por los delincuentes se van pudriendo con lentitud, en tanto que la Policía debe hacer frente a las demandas cada vez más crecientes de la seguridad con un escaso presupuesto. Esa realidad hizo que el Ministerio del Interior redactara un proyecto de ley para que la Policía pueda utilizar esos vehículos en el combate al crimen.

En el proyecto se incluyen también las armas incautadas. El ministro Guillermo Stirling explicó que todos esos vehículos no los utiliza nadie y "si algún día fueran reclamados, los dueños solo recibirían desechos".

El total de los vehículos que permanecen en depósito en las Jefaturas de Policía del país es de 4.785. El porcentaje de ellos que todavía es utilizable es muy bajo. En Maldonado, por ejemplo, sólo el 30 por ciento de los 156 autos y camionetas que esperan en depósitos policiales está en funcionamiento, en tanto que solo el 6 por ciento de las 850 motos y bicicletas incautadas en dicho departamento está en condiciones de funcionar.

Entre los vehículos que esperan su destrucción por acción del tiempo hay, además de autos, camionetas, motos y bicicletas, algunos remolques, ómnibus, tractores, trailers y carrocerías.

MOTIVOS. En la exposición de motivos del proyecto de ley que el Ministerio del Interior envió a Presidencia, para que una vez que obtenga la firma de Jorge Batlle sea enviado al Parlamento, se explica la conveniencia de adoptar la medida, que el ministro Stirling considera "de sentido común".

"El proyecto de ley permitirá que innumerables armas incautadas a la delincuencia, así como de vehículos de todo tipo (camionetas, autos, motos y bicicletas) incautados o secuestrados y que se encuentran desde hace años parados y depositados en predios policiales bajo custodia, a la espera de una resolución judicial sobre la causa, puedan ser empleados en pos de mejorar la seguridad ciudadana y las tareas de prevención del delito", dice la exposición de motivos.

El texto añade que el hecho de que los autos estén abandonados a la intemperie convierte a los depósitos en "cementerios de autos", a lo que se suma "el desinterés, en muchos casos de los titulares, como la lenta tramitación del proceso judicial correspondiente".

El proyecto se basa en que tanto los vehículos como las armas pueden ser "de utilidad para la operativa y acción policial, lo que a su vez repercute en una fuerte economía para el Estado y consecuentemente para la sociedad en su conjunto, al no tener que volcar recursos para adquirir estos elementos, sino que se pueden emplear los incautados en los procedimientos policiales, aduaneros o de cualquier otra naturaleza; secuestrados por orden judicial penal, aduanera o civil; robados y recuperados; abandonados, involucrados en accidentes de tránsito o cualquier otra circunstancia, hasta tanto no se disponga expresamente la efectiva entrega a su legítimo titular o el remate público correspondiente".

FRANCIA. La idea se aplica desde el año pasado en Francia, donde las autoridades policiales no sólo ven en la medida un ahorro para el Estado sino también una oportunidad de mejorar los vehículos que usan las fuerzas del orden, ya que los patrulleros son coches diesel y muchas veces los autos incautados son potentes autos de lujo.

En el caso de Uruguay, muchos de los vehículos ingresan a los depósitos policiales en excelentes condiciones y en algunos casos se trata de modelos nuevos, que eran usados justamente para correr.

"Son riquezas que se van licuando y que nadie utiliza. Si eso se convirtiera en una instrumento útil para la Policía, beneficiaría a toda la sociedad", afirmó Stirling.

TEXTO. El artículo único del proyecto de ley que el Ejecutivo enviará al Parlamento, una vez que obtenga la firma del presidente de la República, dice textualmente: "Se autoriza al Ministerio del Interior a disponer y utilizar para la operativa policial del armamento incautado y de todos aquellos vehículos, de cualquier tipo, que se encuentren bajo custodia policial, aduanera o judicial, en razón de haber sido incautados en procedimientos policiales, aduaneros, o de cualquier otra naturaleza; secuestrados por orden judicial penal, aduanera o civil; robados y recuperados; abandonados, involucrados en accidentes de tránsito; no reclamados o cualquier otra circunstancia, hasta tanto no se disponga expresamente la efectiva entrega a su legítimo titular o el remate público correspondiente".

MOTIVOS. La idea es usar una riqueza que ayudaría a la operativa de la Policía y ahorraría gastos al Estado, y por ende a toda la ciudadanía.