La IMM recibe diez nuevas denuncias por cementerios

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El exedil Daniel Graffigna -por cuyas denuncias ya fueron procesadas tres personas con prisión- presentará la semana próxima a la intendenta de Montevideo, Ana Olivera, otros diez casos sobre irregularidades en cementerios municipales.

Según informó el exedil nacionalista a El País, dos de los casos podrían encuadrar en las denuncias sobre una organización que vaciaba nichos y panteones para venderlos después con títulos falsificados. Los restantes, pertenecen a denuncias de ciudadanos que pagaron sepulcros por adelantado que luego fueron vaciados por la Intendencia, por un cambio de los contratos. Actualmente, el único plazo vigente es el de cinco años, aunque hay quienes hicieron contratos por 40 años.

"El gobierno de Montevideo se amparó en un decreto de la dictadura militar. Aplica con retroactividad un decreto que va en desmedro de ciudadanos que contrataron con la Intendencia. Deja sin efecto contratos en plena vigencia, generando un daño inconmensurable, desde el punto de vista moral, a las familias que abonaron la suma de dinero que requería la División Necrópolis en nombre del gobierno departamental, a los efectos de que los restos se mantuvieran en custodia en el urnario municipal del Cementerio del Norte", dijo Graffigna, quien tiene previsto concurrir la semana próxima a la IMM a presentar sus nuevas denuncias junto con familiares afectados por estas "desapariciones" en los cementerios municipales.

Pese a que la Intendencia hizo publicaciones en algunos diarios sobre esos cambios contractuales, no todos los afectados se enteraron. Según una consulta realizada por el exedil al abogado Martín Risso Ferrand, es un principio general de derecho incuestionable el que establece que los contra-tos no pueden se modifica- dos ni rescindidos en forma unilateral.

En el Quinto Informe Anual de la Defensoría del Vecino, el ombudsman de Montevideo, Fernando Rodríguez, también se refirió al tema.

"Más allá de procurar el compromiso de la administración, para el total esclarecimiento acerca de cuál fue el procedimiento general realizado y las situaciones particulares que se planteen, con las explicaciones del caso a los interesados lesionados, es necesario recomendar la revisión de protocolos", indicó.

CASO EMBLEMÁTICO. Como se recordará, la Justicia condenó a la Intendencia de Montevideo a indemnizar en cifras que van de los US$ 4.000 a los US$ 1.000 a varios integrantes de la familia de Ramón "Moncho" Sabella, sobreviviente de la tragedia de Los Andes.

El reclamo se inició en 2005 por la vía administrativa, cuando los restos del padre, madre, hermana y abuelos de Sabella -entre otros familiares- fueron retirados del panteón N° 61 del Cementerio Central por deudas acumuladas y llevados al Cementerio del Norte. El sepulcro pasó a manos de una mujer que luego alegó encontrarse en estado de extrema pobreza, por lo que lo puso a remate. Sin embargo, la familia Sabella pudo impedir la subasta y la comuna habilitó la restitución de los cuerpos, aunque solo nueve regresaron, de aproximadamente 30. Incluso existen dudas sobre la relación de estos restos recuperados con la familia Sabella.

"MAFIA". Como diera cuenta El País, el exjuez especializado en crimen organizado Jorge Díaz (hoy fiscal de Corte) procesó con prisión a tres personas en la causa abierta por Graffigna.

El exedil presentó una denuncia sobre una organización involucrada en la venta ilegal de nichos y panteones, principalmente en los cementerios Central y del Buceo. Según el denunciante, la organización detectaba sepulcros abandonados o con deudas de los que retiraba los cuerpos y luego los volvía a vender con títulos falsificados, en algunos casos por decenas de miles de dólares.

"Dos de los casos que voy a presentarle a la intendenta responden al mismo modus operandi mafioso de esa organización. Refieren a un panteón del Buceo y a un nicho en el Cementerio del Cerro que, por lo que me dicen quienes eran titulares de los mismos, fueron despojados de los bienes funerarios", explicó Graffigna.

Tras los relevos de juez y fiscal de la causa (abierta hace ya más de dos años en el Juzga- do del Crimen Organizado), el exedil se entrevistará con los nuevos actores judiciales. "Le voy a pedir una entrevista al fiscal que va a comenzar a actuar, luego de haberse removido a Ricardo Perciballe. Y más adelante haremos lo mismo con el nuevo juez, porque ahora arrancamos de cero", indicó.

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, dispuso el traslado del fiscal especializado en crimen organizado, Ricardo Perciballe, quien será sustituido por el fiscal penal Juan Gómez. De esta forma, tras abandonar el propio Díaz el Juzgado del Crimen Organizado, la causa de los cementerios quedó sin sus dos principales actores judiciales. Además de las tres personas que fueron enviadas a prisión, Perciballe había solicitado un tercer procesamiento.