La familia Gelman recibirá US$ 500.000

Investigaciones las coordinará comisión interministerial

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Es inminente el pago de unos US$ 500 mil a Macarena y Juan Gelman, tras la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, que así lo ordenó.

El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, dijo a El País que se tomaron las disposiciones para que en semanas se efectúe ese pago , "del entorno del medio millón de dólares" y para el que solo resta ajustar algunos aspectos técnico-jurídicos.

Breccia sostuvo que el gobierno pretende separar este punto del fallo de la CIDH de otros aspectos que consideró "más de fondo y más simbólicos", entre los que mencionó un acto público que se realizará este año y en el que los tres poderes del Estado harán un reconocimiento de la responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.

Agregó que está decidido que "sea un acto lo más pausado y libretado posible, por el valor simbólico y peso que tendrá; todo lo que se diga y no se diga cobra un valor especial". Para ello se busca llegar "al mayor acuerdo posible" con los actores sociales involucrados en este tema, señaló.

Breccia dijo que, tal como ofreció el Estado al contestar la demanda en la CIDH, mediante resolución del Consejo de Ministros se creó una comisión interministerial que dirigirá y coordinará "las acciones de averiguaciones e investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos durante la dictadura".

Esta comisión será presidido por la Secretaría de Presidencia y tendrá la participación de los ministros de Interior, Defensa, Relaciones Exteriores y Educación, un integrante de la Fiscalía y la coordinadora de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, a la que se dota de mayores recursos materiales y humanos.

Breccia afirmó que el presidente José Mujica "no va a estar ni censurando ni limitando a ningún ministro para que plantee una posible solución", incluso la del ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, que declaró estar dispuesto a recibir información de militares con el compromiso de no relevar la fuente ante la Justicia y con lo que podría incurrir en desacato.

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