Junta médica para empleados públicos

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RAÚL MERNIES

La mayoría de los sumarios en la Administración Central se inicia por "inasistencias médicas". Según un estudio de la Oficina Nacional de Servicio Civil, cada año se ausentan, de manera irregular y prolongada, más de 600 funcionarios.

"En buen romance, lo que hay que cortar es la joda en la Administración Central, porque ya no da para más", dijo sin dudarlo la doctora Daniela Cabral, asesora de dirección de la Oficina Nacional de Servicio Civil.

El problema de las inasistencias en el Estado ha sido causa de dolores de cabeza para quienes a lo largo de los años han procurado profesionalizarlo.

El problema ha ido agravándose a partir de 2005, año del inicio del gobierno de Tabaré Vázquez, cuando las inasistencias médicas se despegaron entre las causales de sumarios, duplicándose en tres años.

El estrés y la depresión se encuentran entre las causas más esgrimidas en los últimos años por los funcionarios de la Administración Central que solicitan licencia por enfermedad.

Hasta hoy, el único recurso para combatir estos males, cuando se extienden más allá de lo razonable, son los sumarios administrativos.

Según el último informe del Observatorio de Gestión Humana de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), entre 2005 y 2008 se realizaron 6.669 sumarios en la Administración Central, lo que representa un promedio de 1.667 investigaciones por año.

Aunque las causas son varias, casi el 40% se inició por exceso de inasistencias, con o sin justificaciones médicas.

Teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos que motivaron los sumarios, los especialistas dividieron las causas en cuatro categorías: presunción de delito, faltas administrativas, inasistencias médicas y, por último, irregularidades.

Dentro de la causa "presunción de delito" los sumarios iniciados representan un 11% del total. Esta categoría incluye encubrimiento, estafa, falsificación, fraude y lesiones personales, entre otras cosas.

En la categoría "faltas administrativas" se concentró 36,6% del total de sumarios. Aquí se incluyen todos los incumplimientos en los que el funcionario incurre por acción u omisión en el desempeño de sus funciones.

El volumen más abultado de sumarios en la Administración Central se agrupa bajo la causa "inasistencias médicas", donde están registradas las ausencias por enfermedad certificadas por médicos, o no. Estas representan el 37,6% del total de sumarios, y junto con las faltas administrativas conforman la mayoría de las causales.

Por último, las "irregularidades" representan el 14,8% del total de sumarios.

Los sumarios por enfermedad se inician para comprobar la "ineptitud física o mental, absoluta, total y permanente del funcionario para desempeñar sus funciones".

El artículo 12 de la ley Nº 16.104 dispone que al funcionario público que "en un período de 12 meses incurra en más de 30 inasistencias, o por un período de 24 meses en más de 50 inasistencias (justificadas o no), se le instruirá un sumario administrativo".

Si de ese sumario (cuya culminación puede demorar entre dos y tres años) surge que el funcionario padece ineptitud física o mental permanente, "la autoridad competente lo suspenderá preventivamente, procediendo a su posterior destitución", previa venia del Senado.

Según la ONSC, el 79% de los sumarios por inasistencias médicas finalizan sin sanción.

Privados. Según la información en los registros del Banco de Previsión Social (BPS) brindados a El País por Elvira Domínguez, directora en representación de los empresarios, entre 2007 y 2009 aproximadamente unos 14.000 trabajadores han hecho uso mensual de los subsidios por enfermedad (con importantes oscilaciones en los meses de invierno), representando cerca del 1,4% del total de la masa de registrados. El promedio de trabajadores registrados en esos años fue de 1.008.377.

Dolor de espalda. Alberto Sayagués, ex director del Programa Nacional de Desburocratización, afirmó a El País que "la mayoría de los buenos funcionarios tienen mucha mejor salud que la mayoría de los malos funcionarios".

Según sus estimaciones, los abusos son "de un número reducido de empleados", que oscila entre 5 y el 20%. Según la ONSC, en la Administración Central hay 49.951 funcionarios presupuestados.

Sayagués también explicó que ciertas licencias por enfermedad son iguales para todos los funcionarios, buenos y malos, como la rotura de piernas, hepatitis, operaciones quirúrgicas, "las que no se pueden fingir", agregó.

"La diferencia entre unos y otros se da habitualmente con dolencias tipo dolor de espalda, neuralgia, diarrea, depresión o estrés, de muy difícil comprobación médica", explicó el experto. También puntualizó que las ausencias se registran mayoritariamente los lunes, viernes y días "sandwich".

Cambio. La abogada Cabral, de la ONSC, explicó que en la nueva ley de Presupuesto el Poder Ejecutivo propuso que la fiscalización de las inasistencias médicas deje de realizarse mediante sumarios.

En la nueva modalidad la fiscalización es "un poco más rigurosa" e incluye la realización de juntas médicas. "Si finalmente la persona no tiene la aptitud para seguir trabajando, se la jubilará por enfermedad, y si no, que se presente a trabajar y punto", soltó.

Cabral agregó que la idea es "que no se extienda más este tema de seguir, seguir, y seguir con las faltas médicas, porque al final se hacen eternas".

A su entender, las ausencias "afectan mucho el funcionamiento de la Administración Central y se hizo esa norma para evitar que siga habiendo gente que no va a trabajar diciendo que está enferma y en realidad no lo está".

El texto de la nueva ley de Presupuesto establece que "las licencias por enfermedad que superen los 60 días en un período de 12 meses, o los 90 días en un período de 24 meses, deberán ser comunicadas al jerarca de la Unidad Ejecutora. Éste ordenará solicitar el dictamen de sus servicios médicos, a efectos de determinar la pertinencia de la realización de Juntas Médicas de ASSE, con la finalidad de establecer la aptitud física o psíquica del funcionario para el desempeño de sus tareas habituales".

La modificación del artículo 12 también agrega que "dichas inasistencias, cuando no determinen imposibilidad permanente para el desempeño de las funciones, podrán prolongarse hasta por dieciocho meses más.

Vencido ese plazo y comprobada la ineptitud física o psíquica de un funcionario, finalmente (después de más 3 de años) podría ser destituido.

MÁS HOMBRES. Desde una perspectiva de género, el análisis del estudio de la Oficina Nacional de Servicio Civil da cuenta de una amplia prevalencia masculina en los sumarios. En la Administración Central el 61% de estas investigaciones fueron iniciadas a hombres, mientras las mujeres generaron el 39% restante.

DELITOS. Al analizar la distribución de sexo dentro de cada causal, se desprende que para los sumarios iniciados por "presunción de delitos", se obtiene una marcada mayoría de hombres sobre mujeres.

MÁS MUJERES. Por el contrario, dentro de la causal "inasistencias médicas" prevalece el inicio de sumarios en la población femenina, lo que coincide con otros hallazgos realizados en países de América del Sur que estudiaron la misma problemática en sus administraciones públicas.

EDADES. La mayor parte de los sumariados hombres y mujeres (el 62%) tiene entre 37 y 55 años, coincidentemente con el perfil etario de los funcionarios de la Administración Central.

POCOS JÓVENES. Solamente el 10% de los sumariados tienen menos de 36 años.

SANCIONES. De acuerdo con los resultados obtenidos en el informe, la mayoría de los sumarios concluidos (más del 54%) no finaliza en una sanción para el funcionario. En el resultado de ese análisis incide sobremanera que el 79% de los sumarios iniciados por inasistencias médicas, y el 49% de los causados por faltas administrativas, no culminan con una sanción.

RETENCIÓN. Para el 29,9% de los sumarios ya concluidos se aplicaron sanciones de naturaleza económica, como la retención de salarios parcial o total. Las sanciones por presunción de delito representan un 13,4% del total de sanciones.

36 meses es lo que demora un sumario por inasistencias en la Administración Central. El 79% de ellos finaliza sin sanción.

Las pérdidas de horas de clase vinculadas al ausentismo docente "constituyen un problema estructural del sistema".

Según la información de Consejo de Educación Secundaria, en año 2008 dejaron de dictarse unas 600 mil horas de clase, aproximadamente el 14% del total.

La principal causa de estas inasistencias son las licencias por enfermedad, que representan entre el 40% y el 50% de las clases no dictadas.

El Estatuto del Funcionario Docente, en el ar- tículo 70, establece 14 causales en el derecho a hacer uso de "licencia extraordinaria", con goce de sueldo.

Pero además, el Estatuto dice que el trámite para comprobar "la configuración de abandono del cargo" se iniciará después de 15 días consecutivos de ausencias sin causa justificada.