La Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y las organizaciones de usuarios demandarán a los neonatólogos y pediatras intensivistas que presentaron sus renuncias a los CTI de Salud Pública.
La demanda de los usuarios se basará en artículos del Código Penal sobre el abandono colectivo de funciones en los servicios públicos y la omisión de asistencia.
En el caso de ASSE, el juicio civil será por daños y perjuicios debido a los gastos que tendrá el Estado al verse obligado a contratar CTI privados para atender a los niños.
Martín Desarkissian, director de ASSE, dijo a El País que un día en un CTI pediátrico cuesta unos US$ 1.000.
Los hospitales públicos disponen de 44 camas en sus CTI de niños. Ayer hubo una nueva reunión entre las partes, pero por ahora sin solución al conflicto.
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