Jueza Gatti, con la llave de los casos de corrupción

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PABLO MELÉNDREZ

Por cuestión del destino, la jueza Graciela Gatti ha acaparado en el último tiempo los casos más sonados sobre presunta corrupción estatal y política y cada paso que dé puede impactar en la elección. Es una magistrada que cultiva el perfil bajo.

Junto a su colega Jorge Díaz, Gatti ocupa uno de los dos juzgados especializados en crimen organizado que fueron creados por el Poder Ejecutivo y que están operativos desde el pasado mes de enero, pero evita las exposiciones mediáticas. Los nuevas sedes, que tienen jurisdicción nacional, se ocupan de delitos de especial complejidad como tráfico de drogas, lavado de activos y corrupción pública.

Antes de ser designados por la Suprema Corte para ocupar estos cargos, tanto Gatti como Díaz se desempeñaron durante algunos años al frente de juzgados penales de Montevideo. Gatti ha cobrado mayor notoriedad en el último tiempo como consecuencia del gran número de expedientes sobre presuntos casos de corrupción que han llegado a su juzgado.

La jueza tiene bajo su responsabilidad los expedientes sobre posibles irregularidades en el Hospital Maciel y su empresa de limpieza Clanider S.A.; el caso que investiga una llamativa exportación de libros a Venezuela; la denuncia por irregularidades en la compra de equipos para el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (Cudim) y el novelesco caso del "espía" que ingresó a trabajar en Antel tras imitar a Jorge Vázquez.

Díaz, por su parte, ha tramitado un mayor número de casos sobre tráfico de drogas.

"Mala suerte". Gatti expresó a El País que tuvo "mala suerte" porque le han tocado "casos que llaman la atención". Aclaró que, pese a ello, los expedientes se tramitan como cualquier otro, aunque la exposición pública por esos casos "es una carga más que "no implica una presión" Dijo que, en definitiva "se resuelve lo que hay que resolver".

Gatti dijo que más allá de que los medios de comunicación se interesen por los expedientes en curso y brinden información sobre los casos, los actores judiciales deben mantener la reserva del presumario para no entorpecer las indagatorias ni perjudicar la imagen de las personas indagadas que son consideradas inocentes hasta tanto exista una sentencia condenatoria. "Lo único que importa es si las resoluciones son acertadas o no. Y eso se puede hacer público cuando hay un procesamiento o un archivo", sostuvo. A Gatti le "llamó muchísimo la atención" la importante cobertura informativa dada a la apertura de los nuevos juzgados especializados en crimen organizado.

De todos modos, Gatti ya había estado al frente del juzgado penal de 7° turno en casos de alta repercusión pública como el procesamiento del ex dictador Juan María Bordaberry a fines de 2006.

PERFIL. Diversos actores del foro consultados por El País coincidieron en que Gatti posee un elevado nivel técnico, lo que fue uno de los principales elementos tomados en cuenta para ser nombrada en el nuevo juzgado.

En su novel sede no se han dictado sentencias definitivas aunque sí diversos fallos. Sin embargo, un abogado destacó que durante su pasaje al frente del juzgado penal de 7° turno, Gatti emitió sentencias "muy fundamentadas y con citas de doctrina moderna, lo que da la pauta que además de hacer su trabajo, se preocupa por aggiornarse con la última doctrina penal, lo cual no es habitual en la mayoría de los jueces".

A su vez, el abogado destacó otra cualidad de la magistrada: "combina un trato distante con una gran capacidad para atender a los profesionales". Es cordial, pero siempre los saluda con un firme apretón de mano.

Otro operador dijo que Gatti tiene una metodología de trabajo propia de la Justicia Civil, con un particular estilo de instruir las indagatorias y realizar los interrogatorios, que habitualmente a nivel penal son de un tenor muy inquisitivo. "Ella llega al mismo resultado con un método diferente", se explicó.

El caso más sonado de los últimos días a cargo de Gatti es la investigación respecto a la sobrefacturación de horas de limpieza de Clanider S.A. al Hospital Maciel.

A este expediente -que fue iniciado de oficio por la jueza en base a la información divulgada por la prensa- está vinculada la esposa del senador Eleuterio Fernández Huidobro, Alejandra De Mello, quien trabaja en un alto cargo de la empresa.

Gatti indaga también las posibles irregularidades en la compra de equipamiento médico para el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular, y el manejo de fondos derivados de las misiones de paz de la ONU.

También tiene a su cargo el caso de la llamativa exportación a Venezuela de Apliser S.A. que entre diciembre de 2008 y febrero 2009 exportó 50 mil kilos de libros por US$ 32 millones cuando el costo de producción fue estimado en US$ 500 mil.

E indaga, además el caso del ex policía Elbio Javier Román, quien ingresó a trabajar en Antel luego de hacerse pasar por el prosecretario de la Presidencia, Jorge Vázquez, lo que culminó en un escándalo que llevó a la destitución de Edgardo Carvalho y Gladys Uranga del directorio del ente e involucra al anterior vicepresidente, Gonzalo Perera.

La jueza Graciela Gatti tiene 44 años de edad. Inició su carrera en el Poder Judicial como actuaria y, en 1992, comenzó a ejercer como magistrada, cuando fue designada como jueza de Paz de Montevideo.

Luego, la Suprema Corte dispuso su traslado a diversos puntos del país, donde ejerció como jueza departamental. Entre otros destinos, prestó funciones en Carmelo, Paso de los Toros y Maldonado.

En 2003 regresó a Montevideo para asumir en el Juzgado Laboral de 14° Turno.

Después, la Suprema Corte de Justicia la nombró titular del Juzgado Penal de 7° Turno, cargo que desempeñó hasta fines del año pasado, cuando la Corporación la designó junto a Jorge Díaz como magistrados penales especializados en crimen organizado.

Tanto Gatti como Díaz han realizado en forma constante cursos sobre lavado de activos y tráfico de drogas tanto en Uruguay como en el exterior del país y fueron electos en esos cargos entre varios postulantes.