Jueza cita a 20 retirados por desaparición en Maldonado

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Desde la semana que viene, unos 20 militares retirados deberán declarar ante la Justicia. El gobierno advirtió ayer que "no es admisible" que las Fuerzas Armadas asuman como institución "la defensa de personas indagadas por varios delitos".

A partir del próximo lunes 7, una veintena de militares comparecerán ante la jueza penal Mariana Mota y la fiscal Ana María Tellechea, quienes indagan la muerte de Horacio Gelós Bonilla, desaparecido a principios de 1976 estando detenido en el batallón de ingenieros de combate N°4 con asiento en Laguna del Sauce, Maldonado.

Gelós Bonilla integraba el Partido Comunista y se estima que sus restos habrían sido sepultados en un predio próximo al aeropuerto de la Laguna.

La jueza Mota y la fiscal Tellechea tienen previsto interrogar a militares retirados los próximos días 7, 8, 10 y 14 de febrero, a razón de cinco militares por día, dijeron fuentes del caso consultadas por El País.

Las mismas magistradas tienen a su cargo otros 19 casos de homicidio y desaparición que se indagan en forma conexa al juicio que se sigue contra el ex dictador Juan María Bordaberry, aunque por esos hechos todavía no se fijaron audiencias.

Por otro lado, la defensa del coronel (r) Tranquilino Machado -a cargo de los abogados Miguel Langón y Graciela Figueredo- presentó ayer un escrito solicitando el diligenciamiento de nuevas pruebas antes de que el juez Sergio Torres decida si procesa al militar por el asesinato de Ramón Peré en julio de 1973.

Langón dijo a El País que entre otras cosas se pidió al magistrado la posibilidad de analizar las piezas anatómicas de los restos de Peré como forma de probar que Machado no fue quien disparó el arma que terminó con la vida del joven. Las pericias ofrecidas serán realizadas por el forense Guido Berro.

"NO ES ADMISIBLE". En tanto, el gobierno señaló ayer que "no es admisible" que "se intente que las Fuerzas Armadas asuman como institución la defensa de personas indagadas por diversos delitos".

En una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, leyó un comunicado de dos carillas que marca la posición formal del gobierno ante el Foro Concordia y Libertad, integrado por militares retirados y en actividad que reclaman acciones para que no haya más procesamientos por delitos ocurridos en la dictadura.

El comunicado señala que para "la convivencia armónica" es necesario "el respeto integral de las normas constitucionales y legales que la sociedad uruguaya ha construido a lo largo de su historia".

A su vez, la nota resalta que "el Poder Ejecutivo respaldará con sus instituciones en forma plena las resoluciones adoptadas por el Poder Judicial".

Rosadilla indicó ayer que el Foro Concordia y Libertad entregó una carta con sus pedidos a los comandantes de las tres fuerzas ya que él autorizó esas reuniones.

"Por tanto -dijo el ministro- no se trata de una actividad política sino de una actividad reservada en la que una organización como muchas otras solicita ser recibida para entregar una nota".

Breccia, por su parte, señaló que "de ninguna forma" los dichos formulados en la carta del grupo implican "una amenaza". Sin embargo, el funcionario advirtió que "contiene descalificaciones hacia algunos de los poderes legítimamente constituidos del Estado. Instamos a cesar con esa actitud".

PIT. En tanto, el Secretariado del Pit-Cnt calificó ayer como "tibia y tímida" la respuesta del gobierno al planteo de los militares aglutinados en el Foro Libertad y Concordia.

"Preocupa que se produzca un llamado a desconocer las citaciones de la Justicia y que no haya una contundente declaración del poder político", según dijo el dirigente sindical Washington Beltrán.

El Secretariado resolvió reunir el jueves a la comisión de Derechos Humanos de la central para organizar una movilización junto con otros grupos que venían apoyando la anulación de la ley de caducidad.

"¿Y qué le parece?" Esa fue la escueta respuesta del presidente José Mujica ante la consulta de un periodista sobre si su presencia en la asunción de Leslie Van Rompaey como nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) era una señal de apoyo al Poder Judicial tras los cuestionamientos de militares retirados que reclaman que no haya más procesamientos por hechos de la dictadura.

En forma casi inesperada, Mujica junto el secretario y prosecretario de la Presidencia, Alberto Breccia y Diego Cánepa, asistieron a la ceremonia protocolar realizada en la mañana de ayer en el Palacio Piria, sede de la SCJ.

Hasta el lunes, la Corporación no tenía confirmación respecto a la asistencia de ningún jerarca del Poder Ejecutivo, pero al final de la tarde de ese día, la Presidencia anunció que Mujica asistiría al evento que marcó el inicio de la actividad judicial de 2011.

En su discurso, Van Rompaey agradeció la presencia de Mujica porque "honra al Poder Judicial". No es habitual que los presidentes asistan al acto de apertura de los tribunales. Así procedió durante su gobierno Tabaré Vázquez, ya que a esos eventos concurría el entonces vicepresidente Rodolfo Nin Novoa.

"Yo lo entiendo como un apoyo institucional al principio constitucional de la separación de poderes y a la independencia del Poder Judicial", dijo Van Rompaey sobre la presencia de Mujica.

Luego, en rueda de prensa, Van Rompaey resaltó que los jueces "no van a ceder ante amenazas o presiones provengan de quien provengan". Agregó que "todos los ciudadanos" van a ser juzgados según lo que dispone la ley.