Los abogados de los damnificados del caso Conexión Ganadera entraban y salían del Juzgado con valijas llenas de papeles. Después de algunos minutos, lograban encontrar un lugar en el ascensor y llegar al piso de los Juzgados de Concurso. Al bajarse, se veían últimos en la fila de un pasillo angosto y lleno de gente. El chiste entre los funcionarios del juzgado era que parecía la manga de un avión, cuando los pasajeros aguardan a ingresar pero aún no abrieron la puerta. Con una diferencia: la puerta del juzgado hacía horas que estaba abierta.

Esta escena se repitió varias veces en la semana del 25 de abril, fecha límite para que los ahorristas presenten la documentación que prueba que Conexión Ganadera está en deuda con ellos (verificación de créditos). Esto significó un pico en la cantidad de un trabajo que ya está exigido por tener a su cargo un expediente tan voluminoso. "Hay un volumen feroz de papeles", consideró la directora general de los Servicios Administrativos del Poder Judicial, Adriana Berezán. El secretario general de la asociación que nuclea a los funcionarios judiciales, Pablo Elizalde, indicó por su parte que el caso "tensionó brutalmente" la situación del juzgado.

Que este juzgado funcione correctamente es de vital importancia para el caso ya que son ellos quienes actúan como guardianes de las cuentas de Conexión Ganadera. El día que, eventualmente, los acreedores cobren su dinero será por las diligencias que realice el juez del caso, Leonardo Méndez, en coordinación con el síndico. Por eso es relevante que el proceso sea perfecto.

Una semana y media después de haberse vencido el plazo para verificar los créditos, reconstruyó El País, los funcionarios encargados de acondicionar el expediente aún no habían llegado a la mitad. Esto eran, aproximadamente 100 piezas de 300 hojas cada una. Es decir, 30 mil hojas solo para probar que los acreedores son verdaderamente acreedores.

Esos expedientes están acumulándose en todos los muebles que hay disponibles y otros que los trabajadores fueron buscando en las oficinas. Hay, incluso, alguna piezas en la cocina de la sede porque no encontraron otro lugar.

Recibir y ordenar toda esta información hizo que la poco más de decena de funcionarios que tiene el juzgado, dejaran sus roles y todos se enfocaran en la misma tarea: recibir escritos, enumerarlos y cocerlos al expediente. "Hasta los contadores estaban foliando las hojas de los expedientes", contó Berezán.

Ignacio Sánchez

Fuentes judiciales estimaron que, desde la llegada del caso de Conexión Ganadera y Hernandarias XIII, el trabajo se multiplicó por seis. Todos coinciden en que esto no se debe a que el concurso de esta empresa sea muy diferente al del resto. No cuenta con ninguna complejidad especial, salvo la cantidad de personas involucradas. Eso multiplicó enormemente el volumen de documentación a considerar y consultantes a los que asistir.

La sobrecarga que estaba sufriendo el juzgado llegó a conocimiento de la Corte por un planteo que hizo el Colegio de Abogados del Uruguay (CAU), explicó Berezán. Ellos le contaron que como todo el tiempo se agregaban nuevos escritos al expediente y el juez debía fallar sobre estos, casi siempre que iban a la baranda a ver el expediente no podían hacerlo. Esto porque lo tenía Méndez a su estudio o los funcionarios organizando los nuevos escritos que se adjuntaron.

A partir de eso, la Dirección General de Servicios Administrativos (DGSA) entregó dos escáners inteligentes y puso en funcionamiento el sistema de registro de audio en las audiencias. Con ayuda de los escáners, intentarán comenzar un proceso para que los abogados puedan consultar el expediente digitalmente, pero eso llevará un tiempo. Luego, funcionarios del propio juzgado transmitieron la necesidad de que se sumen más personas al equipo.

Ya habían pasado meses recibiendo a decenas de abogados, pero también a ahorristas desesperados que creían que el juzgado era el lugar al que podían ir para reclamar enfáticamente su dinero. No se enfrentan con esas situaciones asiduamente, así que fue un shock. En ese momento tenían 10 funcionarios para seis tareas distintas. Sin embargo, no daban abasto. Eso hizo que funcionarios que habían previsto tomarse su licencia reglamentaria no lo hicieran y que otros que están bajo agresivos tratamientos de salud no faltaran ni un día a trabajar.

Cuando comenzaron los contactos entre el juzgado y la DGSA, inicialmente la dirección les ofreció que algunos funcionarios dispuestos a hacer horas extras, colaboraran con ellos. Eso duró algunas semanas, porque las horas extras son opcionales y la situación era tan comprometida que necesitaban un apoyo más contundente.

En ese momento, a pedido de los funcionarios, intervino la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU). Pablo Elizalde, el secretario general, visitó la sede de Concurso el jueves 24 de abril, un día antes del vencimiento del plazo para verificar los créditos. Ese día se resolvió que si en una semana no se otorgaba un refuerzo de al menos tres funcionarios, el lunes 5 de mayo se haría un paro con asamblea en esa sede.

Finalmente, la Corte dispuso el traslado de cuatro funcionarios más, provisoriamente, para colaborar con la causa judicial. Con ayuda de estos nuevos colaboradores, extendieron el horario de trabajo en la oficina y ahora funciona desde temprano en la mañana hasta última hora de la tarde.

Desde la DGSA afirman que siempre estuvo la voluntad de facilitar el trabajo del juzgado, pero hay procedimientos administrativos que no pueden saltearse. A su vez, Berezán prometió que evaluarán cómo se sigue desarrollando el proceso con los funcionarios nuevos y "si fuera necesario, por supuesto", sumarán a más personas.