Víctima de femicidio denunció ocho veces a su agresor y él la mató: “El Estado es responsable”, sostuvo la familia

Daiana Laguna ya estaba muerta cuando la Justicia que, denuncia su familia, la dejó desprotegida, la citó a una audiencia. Había denunciado ocho veces que el padre de sus hijas la quería matar. Aunque lo pidió, nunca logró que le pusieran una tobillera. En agosto de 2022 la asesinó a disparos en frente de sus hijas e inmediatamente se suicidó.

A comienzos de este mes, la familia de Laguna presentó una demanda acusando al Poder Judicial, la Fiscalía y el Ministerio del Interior de “graves incumplimientos” y de haber desoído las “innumerables advertencias” de una víctima a las que su “negligencia” le costó la vida, según surge del texto al que accedió El País.

Aunque hacía años que sufría violencia física, psicológica y patrimonial, Laguna decidió denunciarlo cuando vio que lo que ocurría impactó en la salud de sus hijas de 10 y seis años. El 7 de junio de 2022 hizo la primera denuncia en la Policía. Aseguró que su pareja amenazaba con matarla si lo dejaba. Dijo que tenía testigos y mensajes que podían probarlo.

En ese momento no pasó nada. Nueve días después, reportó que su pareja le mandaba cartas, mensajes y la manipulaba para volver. Además, iba constantemente al Hospital Pereira Rossell, donde ella estaba internada con sus hijas. Al otro día, el centro de salud mandó un informe “categórico” a la Justicia informando el miedo que tenían las niñas de que su padre matara a su madre y que lo vieron con un cuchillo.

Foto: Estefanía Leal

La Justicia le prohibió acercarse a menos de 500 metros. Mientras tanto, la Policía intentó comunicarse con él para que se presentara en la seccional, pero el hombre respondió con evasivas. De hecho, nunca fue.

Dos días después de que se le impusiera la restricción, él la incumplió, denunció, una vez más, Daiana Laguna. Contó que el hombre quiso ir a verla al hospital y se puso muy agresivo ante su negativa.

El 24 de junio les dieron el alta y, al volver a su casa, encontró la camioneta de él en la puerta pese a que lo tenía prohibido.

Otra vez lo denunció. La policía la acompañó al lugar y encontró al hombre dentro del domicilio al que, por orden judicial, no podía ingresar. “In fraganti delito”, en palabras del abogado de su familia, Pablo Lamela. Estuvo unas horas detenido y fue liberado por orden fiscal. Según la familia de la víctima, debió habérsele imputado por desacato. Frente a eso, ella pidió a la Policía que por favor le pusieran una tobillera, pero el juez no lo hizo.

Foto: AFP.

El 27 de junio llegó la primera audiencia en el juzgado. La demanda afirma que, aunque debió haber sido a 72 horas de la primera denuncia, en su caso pasó más de una semana. El agresor no se presentó y ella no tuvo abogado porque no había, lo que dicen es un “flagrante incumplimiento” a la ley. Todo siguió igual.

Entre esa fecha y el 4 de agosto, día en el que finalmente su expareja la asesinó, Laguna recibió dos denuncias de su parte. La acusaba de descuidar a sus hijas y consumir drogas.

El día del homicidio la víctima notó que su expareja había estado deambulando por los techos de la vivienda. Llamó al 911 y aprontó a sus hijas para que la acompañaran, por novena vez, a concurrir a la seccional a denunciar. Cuando se dirigía a allí caminando, él la interceptó, le disparó frente a las niñas y se suicidó.

Las hijas de Laguna quedaron al cuidado de la hermana de ella, que tiene otros dos hijos. Junto con otros parientes reclaman un resarcimiento económico que los ayude a solventar el futuro de las niñas y cubrir los gastos que generó la tragedia.