Un juicio con más de 20 años: vecinos de Euskal Erria y BHU enfrentados por monto de reparación por vicios

La batalla judicial entre los vecinos de Euskal Erria CH 70 y el Banco Hipotecario del Uruguay se arrastra hace más de 20 años y parece estar lejos de terminar. La Justicia -donde ya hubo fallos de primera instancia, segunda y casación- resolvió que la institución financiera deberá hacerse cargo de reparaciones por vicios de construcción en bienes propios y comunes. Lo que está en discusión es el monto y el alcance de las obras en el complejo habitacional en Malvín Norte.

Las posturas de los vecinos, el BHU y la ANV -esta última quedó implicada porque estas propiedades son parte de la cartera que pasó a su órbita- continúan a una distancia difícil de acercar. Para esta instancia -la liquidación de sentencia- se pidieron peritajes para dirimir cuál debe ser el alcance de las obras que deben realizarse en las nueve hectáreas con 37 torres.

El Tribunal de Apelaciones tomó una resolución en julio pero los habitantes de Euskal Erria CH 70 no están conformes, por lo que el lunes se presentaron ante la Justicia para pedir que se expida la Suprema Corte de Justicia.

Todo comenzó en 2004 cuando los vecinos reclamaron por vicios constructivos en los bienes propios -como humedades y problemas en los baños y dormitorios con las paredes de yeso- y en los comunes -complicaciones con los ductos, fisuras en las fachadas y errores en los tanques de agua. A lo que más tarde se sumaron otros elementos como el costo de la pintura para poder proteger las estructuras de hormigón de las torres.

Uno de los problemas en los que se ha hecho mayor hincapié es en los baños debido a que denuncian dificultades para arreglar los caños porque los ductos son ciegos. Los propietarios han recurrido a varias medidas, como poner un embudo para canalizar el agua que viene desde el techo, así como otros decidieron hacer obras para paliar la situación. Al mismo tiempo, según contó una de las vecinas en una recorrida que hizo El País hace un año, se da otro problema: la humedad que se genera deja los hierros de la estructura a la vista porque se cae el hormigón.

El Tribunal de Apelaciones determinó que la condena era solo por la recuperación de las estructuras -por un monto máximo de US$ 740.000- y los baños -que suman un tope de US$ 1.450.000-, más un 15% extra, e intereses desde la demanda principal de agosto de 2004.

Pero hay un punto clave -y argumento en el que hicieron hincapié el BHU y la ANV durante el proceso-: el complejo habitacional tiene 1.474 viviendas, de las cuales 1.192 -promitentes compradores, a octubre de 2019- hicieron un acuerdo con la agencia para desistir del juicio y renunciar de manera “expresa” a “todo reclamo vinculado a vicios o defectos en sus unidades individuales y en los bienes comunes del complejo” -según se desprende de la sentencia del Tribunal de Apelaciones- a cambio de una quita del monto adeudado por el apartamento.

Por lo tanto, el Tribunal de Apelaciones determinó que se debe liquidar la suma por cada uno de los representados por la Comisión Administradora Central (CAC) en 1/1.747 ava parte. Por lo tanto, para poder cobrar, las personas tienen que demostrar que fueron parte actora en el proceso y no haber suscrito acuerdos con la ANV o el BHU que implique una renuncia.

Los vecinos -dispuestos a agotar todas las instancias- no están de acuerdo con la resolución, por lo que pidieron el lunes -último día habilitado- que se expida la Suprema Corte de Justicia. Porque la postura de la CAC es que no solo representan a los que no firmaron un acuerdo para desistir de reclamos en esta batalla judicial que lleva más de 20 años por una obra de 1983.

Es más, los vecinos ven que esta sentencia del Tribunal de Apelaciones representa un retroceso en su reclamo ya que antes, en una primera instancia, el Juzgado Letrado en lo Civil de 6° Turno concluyó que los acuerdos que firmaron los prominentes compradores con la ANV eran por sus unidades pero no por los vicios constructivos de las torres en las partes comunes, lo que les daba un mayor monto a cobrar para realizar las obras de reparaciones.

El BHU y la ANV no estuvieron de acuerdo con la resolución del Juzgado Letrado en lo Civil de 6° Turno, que decía que los acuerdos de los vecinos con la agencia eran solo por los bienes propios. Para estos, la condena implicaba una “doble reparación” que entraba en contradicción con los convenios a los que habían llegado. Creían, entonces, que esos acuerdos debían tener un impacto en el monto a pagar o que afectaría la legitimidad de la CAC para continuar en el juicio dado que eran el 80,8%.

También se puso sobre la mesa que la demanda inicial de los vecinos era por un total de US$ 3.304.500, que incluía varios rubros, de los que no a todos se le dio el visto bueno. Por lo tanto, se sostuvo que la condena no podía superar el monto estimado para cada uno más los intereses.

Por otra parte, hace un año, los vecinos enviaron una nota al Parlamento con el objetivo de encontrar respuestas. En ella, explicaron que el “complejo presenta un deterioro avanzado, asociado al partido arquitectónico de resolución, errores de ejecución, el efecto de la meteorización y la consecuente dilatación y contracción del material, el paso del tiempo, y además, la ausencia y dificultad de realizar acciones de mantenimiento”.

Y se añadió que “estas causas y orígenes se expresan en problemas tales como: la corrosión del acero de refuerzo y desprendimiento del recubrimiento en el hormigón, fisuras donde debieron existir juntas y donde falta aislación para evitar el choque térmico, en la visualización de la armadura por velado y falta de recubrimiento, además de otra serie de lesiones internas, como filtraciones pluviales y sanitarias, y condensaciones”.