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Suprema Corte exhorta a los jueces a hacer un “uso responsable” de las tobilleras electrónicas

La Corte pidió a los magistrados que hagan un relevamiento de los casos para determinar si pueden disponer de una alternativa al Sistema de Monitoreo Electrónico.

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Tobillera electronica
Corte exhorta a jueces a dar un "uso responsable" a tobillera electrónica
MARIO TAMA/AFP

Una fundamentada y extensa queja por escrito del Ministerio del Interiormotivó que el pasado 28 de diciembre la Suprema Corte de Justicia librara una circular para exhortar a los jueces a hacer un “uso responsable” de las tobilleras electrónicas. Asimismo, la Corte pidió a los magistrados que hagan un relevamiento de los casos para determinar si pueden disponer de una alternativa al Sistema de Monitoreo Electrónico.

El planteo del Ministerio del Interior señala que hay decenas de ejemplos en los que se ordena el uso de tobillera para casos que no cierran con los perfiles preestablecidos y, peor aún, que hay situaciones en las que sí se debería ordenar este monitoreo y, sin embargo, se opta por otras medidas “de justificación dudosa” y que ponen en riesgo la seguridad de la víctima. “A partir de las decisiones que han venido adoptando los magistrados, se ha producido un exponencial incremento de la aplicación de dichos dispositivos, en términos que este Ministerio no considera adecuados, en la perspectiva de la protección a las víctimas de violencia de género y, a la vez, de responder a la demanda de la Seguridad Pública en general”, sostuvo el subsecretario Pablo Abdala en la nota enviada a la Suprema Corte.

En 2020 el Ministerio del Interior disponía de 1.200 tobilleras para atender los fallos del Poder Judicial. Actualmente hay 1.900 dispositivos colocados y está en trámite el llamado para arrendar otros 400. El Programa de Tobilleras Electrónicas demandó en el año 2023 un presupuesto de $ 200 millones.

Según el Ministerio del Interior, en el último trimestre del año pasado hubo más de 400 decisiones judiciales relativas a la aplicación de tobilleras electrónicas.

Abdala afirmó en su escrito que el Ministerio ha constatado “una gestión no del todo eficiente en la asignación y, muy especialmente, el seguimiento de los casos”. Indica la nota que hay decenas de dispositivos que se mantienen conectados desde hace más de dos años cuando el promedio debería ser de seis meses. También precisa que hay tobilleras reconectadas por reiterados daños intencionales sin que esto tenga consecuencia alguna en los responsables.

Pero Interior también identificó casos en los que sería razonable la tobillera y sin embargo se ha apelado a otras medidas. Abdala afirmó que esto “impacta en el combate a la violencia de género, porque realidades que demandarían la aplicación de tobilleras son relegadas por otras de justificación dudosa, pero también en la seguridad pública en general”.

Abdala: la mala aplicación “impacta en el combate a la violencia de género

En los casos que se podrían solucionar con la tobillera y sin embargo no se ordena esa medida, para el cuidado de las víctimas el Ministerio del Interior debe asignar una dupla de funcionarios policiales, en tres turnos, además de destinar patrulleros a este fin.

Casos que no cierran

La Dirección de Monitoreo Electrónico (Dimoe) es la encargada de monitorear las tecnologías de verificación de presencia y localización de personas en situaciones de alto riesgo en violencia doméstica (tobilleras electrónicas) dispuestas por la Justicia.

Un informe de esta unidad enviado al ministro del Interior, Nicolás Martinelli, detalla una serie de casos que no encajan dentro del protocolo de actuación que en 2010 definió una comisión de trabajo interinstitucional para el uso eficiente de las tobilleras.

Las tobilleras fueron pensadas para situaciones de violencia doméstica que evidencian una situación de alto riesgo, como una herramienta transitoria, no permanente, y un mecanismo de contralor de la medida de prohibición de acercamiento. En los últimos meses la Justicia ha ordenado la colocación de tobilleras en 12 personas en situación de calle. Estas personas sostienen que esto les genera dificultades para acceder al cupo de refugio del Mides; no pueden proporcionar un domicilio real y fijo para ser controlados y aducen no poder cargar los dispositivos por no poder acceder a energía eléctrica.

La Dimoe afirma que estas personas “multiplican las dificultades para adaptarse a las pautas de funcionamiento del Sistema de Monitoreo Electrónico, generando procedimientos policiales continuos para mantener monitoreado al usuario, lo que implica envío de móvil y traslado para cargar el dispositivo, ingresos a las zonas de exclusión, etc.”.

La Justicia también ha solicitado que se conecten tobilleras en personas con problemas de salud mental mal diagnosticados. En los últimos meses el Ministerio del Interior trabajó con 10 usuarios con diversas patologías mentales y señala que se trata de personas que demandan más recursos de los que se puede ofrecer.

“La demanda de estos usuarios es mayor, provocando desgaste de los recursos que actualmente se disponen en la Dimoe. En algunos casos presentan dificultades para adaptarse a las pautas de funcionamiento. Al quedar internados continuamente generan eventos ya que no siempre continúan con el dispositivo”, se indica.

En el 10% de los casos el vínculo entre la víctima y ofensor es de madre-hijo/a. Son situaciones muy diferentes al resto porque las víctimas no comprenden la problemática y mantienen a escondidas contacto con el ofensor, abandonando el dispositivo para verlo, brindarle alimentación, etc., o incluso permitiendo su ingreso al domicilio.

Cuando la Policía actúa, suele ocurrir que la propia víctima pide que se libere al ofensor, pero también solicita que continúe en el programa para que esté “controlado” porque se trata de personas en situación de calle y adictas.

Otros casos en los que las Dimoe considera que se deberían buscar alternativas tienen que ver con víctimas que no desean portar el dispositivo. “Se desplazan en zonas cercanas al ofensor sin llevar el dispositivo consigo e incluso lo abandonan con el propósito de encontrarse con él sin estar monitoreadas. No genera evento ni alerta alguna por no portar la persona víctima el dispositivo, por lo que Dimoe toma conocimiento por otro familiar que alerta, o por alguna situación en concreto en donde se deba llamar a la víctima”, indica el informe.

Durante 2023 fueron cinco las víctimas lesionadas por el ofensor mientras se encontraban con este, en tanto otras no desearon asistirse.

Además

Casos que generaron “riesgo” a víctimas

El extenso informe de la Dirección de Monitoreo Electrónico dedica un espacio a “resoluciones judiciales que podrían poner en riesgo la vida de las víctimas, así como la efectividad del programa”. En su nota, Abdala las refirió como casos “de justificación dudosa”.

Entre ellas, el Ministerio del Interior detalla: “Resoluciones que permiten ingresar a la persona ofensora a las zonas de exclusión; resoluciones que disponen el porte del dispositivo a responsable, tutores, curadores de víctimas incapaces o niños/as, quedando estos de igual forma sin protección, principalmente en casos de situaciones de abuso sexual; resoluciones que disponen el ingreso de una misma persona tanto en el rol de víctima como en el rol de ofensor, portando dispositivo de víctima y además tobillera como persona ofensora.”

Agrega también decisiones judiciales que “autorizan la voluntad de la víctima de no tener custodia cuando se encuentra a un radio menor de 500 metros del ofensor, lo que no permite una respuesta policial”.

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