RESOLUCIÓN

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) resolvió iniciar un procedimiento disciplinario a la jueza Letrada de Rivera de 6º Turno (Maria Sánchez Ruiz), "suspendiéndola en el ejercicio de su cargo y ordenando la retención de la mitad de su sueldo por el plazo de seis meses". La magistrada "convive" con un imputado por robo de equipos informáticos de su juzgado.

El máximo órgano judicial recibió una denuncia del Colegio de Abogados de Rivera respecto al funcionamiento del dicho juzgado, donde se señaló "la suspensión intempestiva de las audiencias, la existencia de atrasos en el despacho y omisiones en el dictado de sentencias", informó la SCJ a través de un comunicado.

Al mismo tiempo, la División Informática del Poder Judicial identificó que "diversos equipos informáticos de los juzgados letrado de Rivera que fueron vandalizados, verificándose la falta de memorias y/o discos".

La fiscal de Rivera Dra. Stella Alciaturi solicitó la formalización de un hombre tras contar con "imágenes de cámaras del Ministerio del Interior que le muestran ingresando por la puerta principal mediante el uso de llave, en dos oportunidades durante un domingo y en una tercera ocasión durante un lunes, antes de la llegada del personal administrativo".

Posteriormente allanaron su domicilio e incautaron "tres placas madre de mini PC y algunos teléfonos celulares, entre los que se hallaba el teléfono personal de la magistrada ya referida, quien estaría conviviendo con el imputado según surge de las investigaciones cumplidas", señala la SCJ.

Tras esta investigación, la SCJ entendió que existen elementos suficientes para afirmar que "la Sra. Magistrada habría incurrido en injustificadas dilaciones u omisiones" y que surgen pruebas que "aparentan ser verosímiles respecto al incumplimiento de parte de la Dra. S. de sus obligaciones como magistrada", en particular "suspensiones excesivas de audiencias y dilaciones indebidas en el dictado de sentencias".

La corporación judicial "fundó su decisión en la verosimilitud de estas 'acciones u omisiones en el cumplimiento de sus cometidos, cuando de ellas puede resultar perjuicio para el interés público o descrédito en la Administración de Justicia y por asumir conductas irregulares que comprometieran el decoro de su ministerio'”.