Fallo judicial

Estado resarcirá a enfermera acusada de un asesinato

En 2012 fue encarcelada en forma indebida por muerte de pacientes.

Tratamiento de cáncer. Foto: Archivo El País
 Foto: Archivo El País

En 2012 el caso sacudió a Uruguay y tuvo repercusiones en Argentina, España, Estados Unidos e Inglaterra. Tres enfermeros fueron catalogados como "ángeles de la muerte" y acusados de matar a pacientes terminales.

La enfermera A.A. fue procesada con prisión ese año por complicidad de homicidio de un paciente terminal, pese a que siempre negó su participación. Posteriormente, fue acusada de un delito de encubrimiento. Los otros dos enfermeros confesaron el delito y luego señalaron que lo hicieron porque sufrieron apremios físicos. Más tarde, la Justicia penal absolvió a los tres acusados en 2015. Un año después, un Tribunal de Apelaciones ratificó ese fallo. Son inocentes, dijo.

La enfermera A.A. estuvo presa 493 días y sometida a proceso penal por cuatro años y dos meses.

En la cárcel, un jerarca del Instituto de Rehabilitación Femenino (IRF) la instaló en el fondo del presidio, en unas barracas, para aislarla de otras reclusas.

Y le sugirió que dijera que había sido encarcelada por tráfico de drogas. Es que matar pacientes o niños son delitos que generan ira en la población reclusa. Poco tiempo después, la enfermera recibió amenazas de muerte.

El martes 6, el juez de lo Contencioso Administrativo, Gabriel Ohanian, condenó al Poder Judicial al pago de US$ 98.250 más intereses (aproximadamente unos US$ 130.000) a la enfermera por entender que esta sufrió una prisión indebida.

La demanda.

El reclamo de A.A., redactado por los abogados penalistas Fernando Posada y Andrés Ojeda, expresa que su defendida fue acusada pese a no existir prueba alguna en su contra. Los hijos de la enfermera, entonces de 12 y 15 años, no pudieron tener a la madre en ese momento tan importante de su vida, debiendo lidiar con el encierro y con el estigma de ser familiares directos de una "asesina serial" como quedó marcada ante la opinión pública, dice la demanda

Posada y Ojeda exigieron el pago de US$ 73.950 por daño moral. Solicitaron al juez Ohanian una indemnización equivalente a US$ 150 diarios por cada día de prisión. También pidieron US$ 15.000 por daño emergente y $ 2.431.438 por lucro cesante.

Esa cifra equivale a los salarios que la enfermera no percibió durante el tiempo que estuvo en prisión y la indemnización por despido.

Solicitaron, además, un resarcimiento por lucro cesante de $ 10.906.209 por los 207 meses que restan para que alcance los 65 años.

Juez Gabriel Ohanian. Foto: archivo El País.
Juez Gabriel Ohanian. Foto: archivo El País.

La réplica.

El Poder Judicial señaló que, en el momento del procesamiento de la enfermera, sí existían elementos de convicción suficientes requeridos por la ley para remitirla a la cárcel.

Recordó que el Tribunal de Apelaciones cuando decretó la inocencia de A.A. señaló que se contó con elementos que exigía el Código de Proceso Penal (CPP) para disponer el procesamiento. No cuestionó que la cobertura del caso haya afectado a la enfermera, pero advirtió que ello no era responsabilidad del Poder Judicial.

En cuando al daño reclamado, el Poder Judicial entendió que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo solo deberá considerar el que haya sido causado directamente por la prisión preventiva cumplida en exceso.

También dijo que el daño moral reclamado por la enfermera "resulta alto" de acuerdo a los parámetros establecidos por la jurisprudencia.

Y sostuvo que no correspondía calcular el lucro cesante futuro porque la demandante se encuentra capacitada para trabajar como lo hizo en una empresa en 2014 y 2015.

El fallo.

Ohanian cuantificó el daño moral en US$ 150 por día de prisión por la aflicción sufrida por la enfermera por la pérdida de libertad y por la notoria repercusión que el caso tuvo en todos los niveles de la sociedad.

El juez coincidió con Posada y Ojeda en que la situación "disvaliosa" que vivió fue producto de la prisión indebida donde fuera catalogada como "ángel de la muerte" y se genera por la actividad del Poder Judicial. Por ello la responsabilidad de los perjuicios deben imputarse al Estado y en consecuencia también su reparación, dijo el fallo de Ohanian.

El magistrado no hizo lugar al pedido de indemnización por despido ni por lucro cesante.

El Poder Judicial aún tiene plazo para apelar la sentencia.

Una testigo: “Hoy nadie le da trabajo; tiene un estigma”
Polémica y malestar en el sistema de salud por los nuevos timbres que deben pagar los usuarios. Foto: F. Ponzetto

El 16 de mayo de 2018, una enfermera, Gabriela M. declaró como testigo ante el juez Gabriel Ohanian, que trabajó con la enfermera A.A. entre 2000 y 2012 en la Asociación Española. “Las visitas (a la cárcel) para nosotros era todo nuevo. Se nos registraban las cosas que llevábamos; allí estábamos con ella. Por lo menos en una de las veces que fuimos hubo un intento de motín. Nos hicieron salir de apuro”, dijo.

Agregó que la vida de la enfermera A.A. corrió peligro en la cárcel.

“Ella vivió su reclusión como una cosa espantosa. Sufría mucho. Yo la conozco hace muchos años y es una persona de carácter. Se sintió degradada, humillada, horrible”, dijo.

Expresó que su amiga hoy trabaja en una casa de salud y recibe un sueldo bajo.

“Luego de lo que le pasó, muy poca gente le da trabajo. Es un estigma. Ella fue recluida por algo que no pasó”, dijo Gabriela M.

Otra testigo, Mariana D., también compañera de la demandante, señaló en el Juzgado que A.A. sufrió mucho en la prisión.

“(En la cárcel) la vi llorar. Sé que fue amenazada. Ella en un momento no quería salir de esos contenedores porque por comentarios decían que estaba amenazada por la causa por la que estaba recluida”, dijo la testigo.

Señaló que, como al esposo no le alcanzaba el dinero, “nosotros le ayudábamos con alimentos, plata”.

Fue procesada por un mensaje de texto

La enfermera A.A. fue procesada con prisión porque envió un mensaje al enfermero Marcelo P., quien fue acusado de ultimar a tres pacientes terminales. Los abogados Fernando Posada y Andrés Ojeda afirmaron que su clienta fue procesada por haber enviado un mensaje de texto que decía que la limpieza estaba hecha. A.A. se refería a una limpieza umbandista. El fiscal y el juez del caso entendieron que hablaba de muerte de pacientes, según los penalistas.

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