JUSTICIA

Rendición no atiende aspiración para contratación de más fiscales

Fiscalía de Corte pidió fondos para crear 165 cargos; Ejecutivo le dará alrededor de 35%.

Eduardo Bonomi por Arotxa
Eduardo Bonomi por Arotxa

Una trabajadora sexual denunció ser víctima de violencia de género y la Justicia dispuso su custodia policial para evitar una agresión. El resultado es que un agente debió a acompañarla hasta el hotel donde trabajaba para vigilarla. No es el único caso, los policías deben custodiar a mujeres que van a locales bailables, a personas en situación de calle o hasta a un rapiñero en un asentamiento.

Pero si de situaciones insólitas se trata, hay una que en particular llama la atención. Según supo El País, la Justicia dispuso la custodia a una funcionaria dentro de un ministerio, luego de que ella denunciara haber sido víctima de violencia doméstica.

Desde que se aplica el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) el uso excesivo de la custodia policial se ha vuelto un problema para el Ministerio del Interior. A eso se suma el error de cálculo de los delitos que se cometían y la sobrecarga que deben enfrentar fiscales que llegan a tener a estudio hasta 800 casos.

El uso de 500 policías como custodias, que podían estar patrullando en la vía pública, afecta la seguridad. La afirmación es del propio ministro del Interior Eduardo Bonomi, quien no titubeó en enfrentarse al resto de los operadores judiciales por las fallas en la implementación del nuevo CPP.

Dentro del Frente Amplio, hay preocupación por los inconvenientes en la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal y los desencuentros públicos entre el Ministerio del Interior, la Fiscalía y los jueces. En busca de una solución, el Poder Ejecutivo envió un conjunto de medidas para corregir el funcionamiento del CPP y establecer el uso de la prisión preventiva preceptiva para casos de delitos graves.

La Fiscalía de Corte fue contemplada para la próxima Rendición de Cuentas que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento, pero no en la magnitud que esperaba el fiscal de Corte, Jorge Díaz. Se otorgarán 65 millones de pesos tanto en 2019 como en 2020. Fuentes de gobierno dijeron a El País que esta cifra permitiría la contratación de entre 50 y 60 funcionarios para la Fiscalía de Corte y no de 165 como se solicitaba.

Para esta Rendición, la Fiscalía elaboró un proyecto de presupuesto que establece la contratación de fiscales, administrativos y abogados que se incorporarán al nuevo diseño de las fiscalías. De estos, 40 serían fiscales titulares, departamentales y adscriptos, 80 abogados y el resto administrativos. La cifra de funcionarios que se podrá contratar con los fondos que se le destinarán es sensiblemente menor, alrededor del 35%.

Como la Fiscalía de Corte recibió la información de que no será contemplado el 100% de su pedido, podría optar por la contratación de más abogados que fiscales. Si solo opta por fiscales, la asignación que le otorgará el Poder Ejecutivo permitiría la contratación de un número muy inferior de este tipo de funcionarios. A su vez, ya existe un déficit de fiscales porque en la Rendición de Cuentas pasada no se estableció la creación de 15 cargos que ya habían sido solicitados.

De todos modos, la Fiscalía apuesta a mejorar ese porcentaje en función de negociaciones, primero con el Poder Ejecutivo y luego en el Parlamento. "Iremos por todas las necesidades concretas. Cuando se instala un Código de estas características, se supone que en cada una de las instancias presupuestales se siguen otorgando recursos", dijo un operador judicial a El País.

Autocrítica.

¿Por qué los fiscales no dan abasto a la hora de atender las denuncias? La repuesta apunta a la existencia de "errores de cálculo", que fueron reconocidos por el propio fiscal de Corte el pasado 3 de abril en la Comisión de Constitución y Códigos del Senado.

Se había hecho una estimación con un promedio de 18.000 "noticias criminales" o denuncias mensuales, pero el promedio es de 29.398, casi 30.000 por mes. "Respecto a los posibles errores de cálculo, no tenemos ningún problema en reconocerlos. No nos duelen prendas en el sentido de si en algún momento cometimos algún error a la hora de prever los recursos humanos", admitió Díaz, según consta en la versión taquigráfica de la reunión. De todos modos, acotó que si existió tal error "fue mínimo".

Para calcular los recursos que necesitaría el nuevo sistema, la Fiscalía de Corte se basó en números del Ministerio del Interior de 2015. Hoy, hay una cifra más elevada de denuncias que con el viejo Código pues todos los hechos que ingresan en el sistema del Ministerio del Interior pasan directamente a la Fiscalía. En el pasado, apenas un 5% de las denuncias terminaban en un juzgado.

Una posibilidad es que ese "error" fuera producto del subregistro anterior de denuncias, previo a la aplicación del nuevo Código. La otra, es que "en algunos sectores del país" exista un incremento de los delitos, explicó Díaz.

En siete meses de funcionamiento del nuevo CPP, las denuncias llegan a 210.000.

Esto significa un 60% más que en el sistema procesal penal anterior. Con el viejo Código del Proceso Penal, las denuncias rondaban las 225.000 anuales.

En la Suprema Corte de Justicia, se considera que cualquier deficiencia en la instrucción "es culpa de los fiscales". "No lo digamos con mucho gre-gre para decir Gregorio: el responsable básico de la investigación y de supervisar la actividad de la Policía es el fiscal", dijo el ministro de la Corte Jorge Chediak a radio Carve.

El presidente de la Asociación de Magistrados, Alberto Reyes, dijo a El País que "todavía no se comprende lo que conlleva la reforma". "Hay temas de seguridad que estaban planteados como problemas mucho antes del Código. El gran error es haber pensado que con el nuevo CPP se iba a producir una especie de milagro que iba a mejorar el resultado del combate contra el delito y eso no sucedió", señaló Reyes.

Además salió al cruce de Bonomi por sus críticas a los magistrados. "A poco de la entrada en vigencia del Código, el ministro fue uno de los primeros en cuestionarlo. Dijo que el Código provocó más delitos y ya eso sonó raro. Después, aparece un discurso de que los problemas de seguridad son culpa del Código (...) Ahora ya no es el Código, son los jueces, nos ha tocado ser el chivo expiatorio", subrayó Reyes con ironía.

Tobilleras.

El vocero del Ministerio del Interior, Fernando Gil, dijo a El País que llegaron 30 tobilleras electrónicas nuevas y agregó que otras 170 arribarán esta semana. La mayoría de esas tobilleras se usará para casos de violencia doméstica; se sumarán a las 400 que están en funcionamiento, agregó Gil.

En tanto, otra fuente ministerial afirmó que la constante demanda de estos mecanismos es producto de su "mala utilización" por parte de los operadores judiciales, que optan por este mecanismo en lugar de aplicar otros como la prisión preventiva.

Agregó que, por ejemplo, la ciudad de Madrid tiene una población superior a la de Uruguay y usa 150 tobilleras. "Acá las tobilleras se están usando para custodiar a personas peligrosas. Esas personas deben esperar el juicio en prisión y no en libertad. Hubo casos de rapiñeros que quedaron en libertad. La realidad demostrará que no alcanzarán las 600 tobilleras adquiridas por el Ministerio del Interior", señaló.

Desde el punto de vista del presidente de la Asociación de Magistrados, el problema de las custodias arranca cuando no hay tobilleras.

"El número de custodias no lo definimos los jueces; lo establece el Ministerio del Interior", finalizó.

4.000 casos viejos aún en trámite

El miércoles 11, dos funcionarios cosían expedientes en el mostrador de un juzgado que atiende casos del viejo Código del Proceso Penal. "No paro de coser expedientes", se lamentó uno de ellos. El otro le dijo: "El problema es que tenemos 100 homicidios sin aclarar". Consultada la jueza de esa sede, respondió que en su juzgado tiene 500 expedientes en trámite. "Hay muchos que son por homicidios y delitos graves que se están investigando", explicó.

La situación es similar en los otros siete juzgados que atienden los casos anteriores al 1° de noviembre de 2017, fecha en que comenzó a regir el nuevo Código del Proceso Penal (CPP).

Los magistrados titulares de estos juzgados informaron a la Suprema Corte de Justicia que iban a poder archivar esos expedientes a corto plazo. Jerarcas de la Corporación concurrieron a esos juzgados. También lo hicieron los servicios inspectivos. En este momento, esos juzgados no reciben asuntos nuevos. "Las oficinas están funcionando y lo están haciendo bien", agregó la jueza. A principios de este mes, otra se quejó de que hace se sucedían continuos apagones duraderos, porque saltaba la térmica al haber prendido el aire acondicionado. Ello significa que no está preparado el edificio para esa potencia. También criticó que hay un solo baño para jueces, actuarios y empleados (hombres y mujeres al mismo, haciendo cola a veces). Como solo los despachos de los jueces dan a la calle y tienen luz natural, el resto de la oficina queda sumida en absoluta oscuridad. Los boxes (donde llevan a los presos) quedan absolutamente oscuros: no se ve nada. Lo que puede resultar peligroso: se pueden fugar. Una fuente de la Corporación dijo a El País que el organismo está trabajando en optimizar al máximo posible sus recursos, ya que en las últimas rendiciones de cuentas no ha recibido aumentos presupuestales. En una entrevista concedida a radio Carve, el ministro de la Corte Jorge Chediak dijo que el organismo "tiene aspiraciones moderadas" .

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