DEMANDA
El abogado de la víctima aseguró que “el sistema la había perjudicado en vez de protegerla”.
La jueza de 5º Turno de familia especializado, Livia Pignataro, sentenció que Alejandra Álvarez , de 47 años, padeció violencia de género por parte de la jueza de 7º Turno.
En un primer momento, Álvarez acudió al juzgado por un caso de violencia doméstica y privación de su domicilio por parte de una pareja que vivía con ella. La jueza de 7º Turno (cuyo nombre no aparece en la sentencia) resolvió ofrecerle “como única solución un hogar del Ministerio de Desarrollo Social (Mides)” y, en tanto, “la dejó en situación de calle”.
La jueza Pignataro concluye en la sentencia del 18 de agosto del 2021 que “se ejerció violencia por parte del Estado comprendida en el lit. Q artículo 6 de la Ley 19.580”. Dicha ley “comprende toda acción u omisión” de “autoridad, funcionario o personal del ámbito público o instituciones privadas que discriminen a las mujeres o tengan como fin menoscabar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las mismas”.
El caso.
Álvarez vivía en una casa en Bella Italia junto con una pareja amiga y su hijo pequeño, a quienes había conocido en reuniones religiosas umbandistas. Con el correr del tiempo, la pareja empezó a violentarse, a agredir y golpear a la mujer, con la intención de quedarse con la propiedad.
El 6 de junio de 2021, la situación llegó al límite. La pareja intentó ahorcar a Álvarez , quien logró escapar y corrió a una comisaría en pijama.
La mujer denunció que había sido “víctima de violencia física y psicológica expresada a través de insultos, controles, menosprecio y último patrimonial” por parte de la pareja, según lo que se señala en la sentencia de Pignataro.
En este sentido, la jueza de 5º Turno resolvió que la pareja debía retirarse del hogar, les puso una orden de restricción de 500 metros y se le incautó el arma que poseía el hombre.
Con respecto al delito cometido por la jueza, no se tomaron medidas cautelares. Por ser una sentencia de un juez análogo, la víctima llevará el caso a la Suprema Corte de Justicia.
El abogado de Álvarez , Raúl Menéndez, dijo a El País que a la víctima “el sistema la había perjudicado en vez de protegerla”.
Y explicó: “La habían sacado de su propia casa, la habían dejado en la calle y la dejaron solo con la ropa que tenía puesta. Es decir, claramente era violencia de género contra ella”.
Así, el abogado procedió a hacerle una denuncia a la propia jueza porque “no está usando el sistema como el sistema dice que debe usarse”.
Menéndez concluyó: “El sistema funciona horrible, esto lo vemos todos los días. Yo como abogado me encuentro con jueces que no reconocen derechos, jueces que tienen problemas psiquiátricos y sentencias totalmente arbitrarias”.
Consecuencias.
En un principio, la Justicia no ordenó el allanamiento del domicilio por lo que Álvarez no pudo recuperar su propiedad.
La mujer tuvo que vivir durante tres meses en la casa de un amigo, durmiendo en el piso.
Cuando finalmente recuperó su vivienda, la casa estaba “destruida” y ya no tenía muebles ni electrodomésticos, cuenta Álvarez llorando a El País.
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