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Polémica en Punta Colorada por casas que intendencia quiere demoler: discusión llega hasta la corona española

La Justicia ordenó suspender la demolición, que estaba prevista para este miércoles, y llamó a una audiencia entre la comuna y la familia que, asegura, tiene la propiedad de los terrenos en la playa.

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Maquinaria municipal en la playa de Punta Colorada. Foto: Ricardo Figueredo
Maquinaria municipal en la playa de Punta Colorada.
Foto: Ricardo Figueredo

Redacción El País
Hay dos versiones encontradas: la Intendencia de Maldonado asegura que los terrenos son públicos, mientras que quienes viven allí afirman tener títulos de propiedad y haber pagado la Contribución Inmobiliaria durante 100 años. La comuna quiere demoler las casas porque están sobre la playa y los hermanos que allí habitan -que heredaron el terreno- piden que no les toquen sus viviendas. Esta polémica tiene lugar en el balneario Punta Colorada, y la Justicia intervino para llamar a una audiencia entre las partes y tratar de poner fin a un conflicto que tiene décadas.

Los abogados del estudio Donnángelo Durán Sasson presentaron una denuncia penal contra el intendente de Maldonado, Enrique Antía, y a otros jerarcas de la comuna en representación de varios hermanos que fueron heredando el terreno que está sobre la playa y sobre el que hoy en día están construidos unos ranchos donde, por ejemplo, funciona la ONG Rescate de Fauna Marina.

En esa denuncia, a la que accedió El País, los abogados indican que el padrón fue adquirido por un hombre llamado José Villanueva Pico cuando se lo compró a la Corona de España en el año 1752. “Dicho padrón comprendía toda la zona conocida como Punta Colorada, según Real Cédula Catastral expedida el 30 de abril de 1754”, indica la denuncia. “Desde entonces dichas tierras fueron ocupadas por diversas personas que se dedicaban primordialmente a la pesca artesanal y diversos cultivos”, añade.

Durante el correr de los años estas tierras fueron cambiando de dueño, hasta que en 1896 una de ellas fue adquirida por el tatarabuelo de quienes hoy denuncian a Antía y reclaman que no les demuelan sus casas. “De ahí en más, dichas tierras permanecieron en la familia hasta el día de hoy”, señala la denuncia.

El texto de los abogados añade que allí hay actualmente “construcciones precarias” conocidas como ranchos “de alrededor de 150 años de antigüedad” y que “constituyen el hogar que hoy día poseen los hermanos”, todas “personas adultas mayores que han sobrevivido a la estirpe originaria que adquirió y dedicó toda su vida a estas tierras”.

La denuncia repasa que en 2021 Antía intimó a los hermanos a demoler las casas, “eludiendo cumplir” con la concurrencia previa a la Justicia para que esta determine si se puede derribar las construcciones o no. Pero también señalan que “la arbitraria demolición de sus viviendas fue ordenada” por Antía “sin que medie el pago de una justa y previa indemnización”.

Aquella resolución de 2021 fue recurrida por los hermanos, que trasladaron el tema al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), donde buscan que se anule. Este tribunal aún no se expidió. Pese a ello, el intendente resolvió días atrás volver a avisar a los hermanos que las casas serían demolidas este miércoles 15 de noviembre. En este sentido, denuncian a Antía por “abuso de funciones”.

El abogado Pablo Donnángelo dijo a El País que los habitantes de las casas “tienen más de 80 años”. Pero además aseguró que el terreno “nunca ingresó al dominio público” y por tanto “nunca perteneció al Estado uruguayo”, y que la familia pagó “por más de 100 años la Contribución Inmobiliaria”.

En paralelo, los abogados Marcelo Güinle y Hugo Costa presentaron una demanda en el ámbito civil solicitando que quede sin efecto la demolición prevista para este miércoles. Y al menos de momento, lo consiguieron. La acción de amparo fue tomada por un juzgado de Maldonado a cargo del magistrado Federico Rodríguez que, ante la “inminente demolición de las construcciones y a la irreversibilidad de los posibles perjuicios” de la demolición, dispuso “en forma provisional la prohibición a la Intendencia de Maldonado” de efectuar la destrucción.

Según la resolución a la que accedió El País, para terminar de resolver el asunto, el juez convocó a una audiencia entre las partes para este miércoles a las 17:00.

La intendencia dice que "es un terreno público para el uso de toda la población"

Por su parte, Adriana Graziuso, directora general de Asuntos Legales de la Intendencia de Maldonado, dio la versión de la comuna, que asegura que los terrenos son públicos y que desde 1995 se cortó el cobro de la Contribución Inmobiliaria.

“Desde 1995 la intendencia ha querido la tenencia de ese padrón en razón de que se dictaminó que era un lugar público”, dijo Graziuso a El País, y agregó que “desde esa fecha los particulares intentaron acciones judiciales tendientes a que sean declarados propietarios, y en ninguna con éxito”.

Incluso, señaló, los hermanos “habían alambrado” el terreno que se encuentra sobre la playa, “y se tuvo que ir con acciones judiciales a desalambrar”.

Luego, en 2014 tuvo lugar “una de las últimas sentencias” judiciales en donde se indica que los terrenos son públicos, según indicó la jerarca, y de nuevo “se inician gestiones para demoler las casas que están en infracción”. En 2021 es que Antía dicta una nueva resolución en la que ordenó la demolición, que fue recurrida ante el TCA. Pero Graziuso aseguró que el acto de la demolición “no está suspendido por el tribunal”.

“La familia pidió muchas veces al intendente que no la cumpliera (su propia resolución) todavía por temas personales, por la edad de los integrantes, y muchas veces vinieron a hablar para pedirle al intendente un tiempo. El intendente por razones humanitarias fue postergando la demolición, hasta que se tuvo que decir que no se puede esperar más porque eso es un bien público y no han resuelto la decisión de desocupar el lugar público”, añadió.

Ahora la comuna se presentará a la sede judicial este miércoles tras la acción de amparo tomada por el juez, pero de todas formas, aclaró la jerarca, la demolición no se iba a llevar a cabo este miércoles porque Bethy Molina, directora de Medioambiente de la comuna y quien supervisa este tipo de acciones, “se encuentra con covid”.

Sobre la ONG animalista que también está ubicada en el predio, Graziuso dijo que “se los va a reubicar en forma amigable con el medioambiente”.

“Es un terreno público para el uso de toda la población y no de una familia”, sentenció la jerarca.

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