CORRUPCIÓN

Piden a la Corte nulidad de actuaciones de banda policial

Hubo pruebas plantadas, testigos falsos y allanamientos truchos, dice escrito.

Patrullero. Foto: Gerardo Pérez.
El Ministerio del Interior decidió relevar a jefes de la Zona IV luego que un grupo de oficiales incurriera en ilícitos tras engañar a fiscales. Foto: Gerardo Pérez.

La Suprema Corte de Justicia deberá pronunciarse sobre una casación presentada ayer por el abogado penalista Daniel Lamela, donde pide la nulidad de los procedimientos de la banda policial de la Zona IV en la investigación de un homicidio. Lamela pidió la libertad de un adolescente acusado por la Justicia en base a “pruebas plantadas”.

El documento, que fue presentado ayer ante la Corporación, señala que el menor de edad fue encarcelado por un homicidio que no cometió. En su contra, dice Lamela, se utilizaron pruebas falsas y allanamientos irregulares realizados por los policías hoy procesados e investigados por la Fiscalía por robar “bocas” de drogas mediante allanamientos truchos. Es decir, los policías engañaban a fiscales solicitándoles allanamientos a viviendas para robar dinero de narcos.

El menor defendido por Lamela también fue acusado en forma irregular por los policías de la Zona IV de cometer una rapiña junto con “el Pato Feo” y darle cobertura durante sus fugas de la cárcel. Pero, por ese caso, no recibió una sentencia de la Justicia de Adolescentes.

En primera instancia y un Tribunal de Apelaciones ratificaron la prisión del menor, pese a que Lamela denunció irregularidades en el allanamiento en la casa del adolescente, en la recolección de pruebas (municiones) y en la designación de cuatro testigos protegidos encontrados por los efectivos de la Zona IV.

Esos testigos fueron validados por la Fiscalía y la Justicia, según señala Lamela en su escrito de casación. Y advierte: “Muy lamentablemente, varios de los atropellos, abusos, ilegalidades y delitos cometidos por la asociación para delinquir policial tuvieron un correlato fiscal y judicial”.

Agrega que la “prueba plantada” y la “simulación de incautación” de municiones fueron denunciadas en autos (en el Juzgado), reiteradamente, en audiencia y por escrito, ante la Fiscalía y la Sede de Garantías”.

“El allanamiento trucho (en la casa del menor defendido), absolutamente nulo, carente de acta de resultancias y de incautación, fue denunciado también ante la Fiscalía y la Sede de Garantías”, recordó el penalista.

En el expediente, los policías de la Zona IV declararon que el homicidio supuestamente cometido por el menor se dio en el marco de una balacera.

Lamela solicitó un riguroso relevamiento fotográfico de las casas acribilladas, prueba que “evitaron los hombres de la Zona IV primero, la Fiscalía después”, pero que en definitiva declaró inadmisible la jueza de Garantías.

En otro tramo del escrito, Lamela vuelve a cargar contra la actuación de la Fiscalía y de la Justicia con respecto al caso.

“Los hombres de la Zona IV se reunieron amable y reiteradamente con los supuestos (inventados) testigos y les ofrecieron protección, reserva de identidad, en suma, impunidad”, dice el documento entregado ayer a la Corte.

Y agrega: “Pero las reuniones secretas con ellos, a escondidas de la Defensa, las mantuvo la Fiscalía y no la Zona IV”.

El 27 de mayo de 2019, la fiscal de Rosario, Ana Laura Roses, solicitó la detención de varios efectivos policiales tras recibir la denuncia por parte de una mujer que hizo saber que su sobrino, domiciliado en Rosario, habría sido extorsionado por policías de Montevideo. Hasta el momento siete policías de la Zona IV fueron a prisión acusados de los delitos de asociación para delinquir, privación de libertad y peculado.

El lunes 3, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, advirtió que muchas causas investigadas por la Zona IV quedarán en “situación vulnerable”, ya que no podrán contar con los testimonios de los policías hoy presos. “Hay una daño potencial considerable”, dijo Díaz según el programa “No Toquen Nada”.

El crimen del Peladito

El Peladito estuvo involucrado en el homicidio de un delincuente, cuya muerte la Justicia atribuyó al menor que defiende Lamela.

En su escrito, Lamela dijo que los policías de la Zona IV “le ocultaron” a la Fiscalía y a la Justicia el asesinato del “Peladito”. Pero, “cuando la Defensa presentó la denuncia como hecho nuevo ante el Juzgado de Garantías, la Sede -en una actitud procesal que la califica mejor que las palabras-, le devolvió el escrito, dispuso su desgloce por entender que ya había cesado su competencia”, dice el documento. Y concluye: “No se trata entonces tan solo de demonizar la corrupción policial organizada dentro de la Zona IV. Las actuaciones de la Fiscalía y de la Justicia en autos (expediente) fueron compatibles con la corrupción policial”.

Policías se llevaron pruebas del crimen

El abogado Daniel Lamela dijo que los policías de Zona IV sabían que el menor que defiende estuvo cerca del lugar de un crimen y decidieron adjudicarle la autoría del homicidio simulando que se trataría de un ajuste de cuentas. “Sacaron (los policías) del lugar del crimen el arma que portaba y disparó la víctima”, agregó Lamela. Luego allanaron la casa del adolescente. “Plantaron prueba, depositando debajo de un árbol de la casa de mi defendido, una vaina similar a las ubicadas en la escena del crimen”, expresó.

MÁS

Las preguntas de un penalista

El abogado, Daniel Lamela, le dedica un capítulo a conclusiones en formato pregunta sobre el pruebas falsas contra su defendido presentadas por policías de la Zona IV.

Las fugas del Pato Feo: “¿Por qué los hombres de la Zona IV habrán acusado falsamente a mi defendido de participar en una rapiña con el Pato Feo y de encubrirlo en su domicilio tras la fuga de Traumatología?”

Fotografías del lugar del crimen: “¿Por qué no hay fotografías de la fachada de la casa de la víctima (de un homicidio) y de las fincas linderas?”

Allanamiento irregular: “¿Por qué será que en el allanamiento de la finca de la calle Tapes, donde supuestamente se ubicaron las municiones vinculadas al crimen, no se labró acta legal?”

Prueba plantada: “¿Quién colocó una vaina (cargador de balas) similar a las ubicadas en la escena del hecho, un mes y medio después del crimen, bajo el árbol de la puerta de la casa de mi defendido?”

Testigos protegidos: “¿Por qué aparecen un mes y medio después (del homicidio), recién cuando es detenido el menor?”

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