Piden 39 años de cárcel para el asesino de los tres marinos en un puesto de guardia en el Cerro

FISCAL RELATÓ CÓMO FUE EL HOMICIDIO

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Fue un caso que conmovió a la opinión pública y sacudió al gobierno a poco más de un año de haber asumido. Tres marinos de un puesto de guardia ubicado en el Cerro fueron encontrados baleados a quemarropa.

En un principio se tejieron hipótesis conspirativas: un ataque comando de narcos o un enfrentamiento por una mujer. Luego se supo que el matador había sido un marino desertor, Jonhatan Bragundi (28), que ingresó al puesto con la intención de robar las armas de sus excompañeros.

El criminal fue capturado el 1° de junio de 2020 por efectivos de la Dirección de Hechos Complejos. Al día siguiente, la jueza Diovanet Olivera hizo lugar al pedido de la fiscal de Homicidios, Mirta Morales, y formalizó la investigación contra Bragundi.

El juicio penal ahora ingresó a sus etapas finales. La semana pasada, la fiscal de Homicidios Mirta Morales presentó a la jueza Diovanet Olivera la acusación al exmarino.

En el documento, al que accedió El País de fuentes del caso, la fiscal sostiene que en la madrugada del 31 de mayo de 2020 Bragundi ingresó al puesto de guardia de las Fuerzas Armadas, ubicado en la ladera de la Fortaleza del Cerro de Montevideo. Se trata de un predio militar custodiado por personal de Fusna (Fusileros Navales) conocido como “La Antena”. Dentro del lugar cumplían funciones de vigilancia los marinos Alan Rodríguez, Juan Manuel Escobar y Alex Guillenea.

Bragundi conocía el inmueble por haberse desempeñado como funcionario militar hasta el 22 de mayo de 2020 cuando desertó a la fuerza castrense.

Según la fiscal, Bragundi ingresó al puesto de guardia y se dirigió hacia uno de los dormitorios donde se encontraba durmiendo Escobar. Allí, dice la Fiscalía, el hoy acusado le sustrajo su pistola Glock y luego se dirigió a la habitación principal que era utilizada como oficina.

En el lugar efectuó disparos primero contra el funcionario castrense Alan Rodríguez y luego contra Alex Guillenea. Ambos marinos fallecieron en el lugar, dice la fiscal Morales.

Acto seguido, Bragundi se dirigió nuevamente al dormitorio y allí hizo varios disparos contra Escobar, quien se encontraba “totalmente indefenso” puesto que su arma de reglamento le había sido sustraída por el asesino, expresa la acusación de la Fiscalía de Homicidios

Tras ultimar a los marinos, Bragundi se apoderó de sus armas y se fue caminando sin forzar las puertas. Pocas horas después fue capturado por la Policía.

En su declaración en la Fiscalía, realizada el 18 de junio de 2020, Bragundi dijo que entró por la banderola del baño y se retiró por el mismo lugar.

“Necesitaba plata. Estuve dos meses buscando trabajo y no conseguía nada. Me di cuenta que la única manera era entrar al lugar donde fue el hecho (el triple crimen). Fui a robar las armas”, explicó.

Enseguida agregó: “Ellos (las víctimas) no me escucharon cuando entré. Luego pasé a uno de los cuartos. Había uno durmiendo (Escobar). Agarré su arma y los dos cargadores. Los puse en el bolsillo. Cuando salía por la ventana del baño, ellos (Rodríguez y Guillenea) sintieron el ruido. Me dieron la voz de alto. Puse los cargadores en la pistola. Sinceramente, era la vida de ellos o la mía”.

A las 8:00 horas del día de los asesinatos y ante la falta de respuesta del personal de la guardia nocturna, militares encargados del relevo decidieron acercarse al puesto. Allí encontraron los cuerpos y dieron cuenta a la Policía.

Después de cometer los crímenes, Bragundi se dirigió a la casa de una pareja amiga ubicada en el Cerro donde residía desde hacía un tiempo. En el camino se desprendió de dos de las tres pistolas Glock que pertenecían a las víctimas.

Investigadores policiales sospecharon que Bragundi las cambió por drogas y algo de dinero con el que compró un asado para comer con la pareja amiga.

Horas más tarde, las tres armas fueron recuperadas por investigadores de la Dirección de Hechos Complejos. Dos pistolas fueron abandonadas en una esquina del Cerro tras una llamada anónima a la Policía y la tercera fue recuperada en un allanamiento a la casa donde vivía Bragundi.

Allí, además, fue detenida una pareja acusada de encubrimiento pero la Justicia los declaró inocentes.

En su acusación presentada ante la jueza Olivera, la fiscal Morales afirmó que Bragundi es soltero, tiene 28 años y carece de legajo penal.

Tras relatar a la magistrada todas las evidencias que posee contra el exmarino, la fiscal dijo que los hechos descriptos en la acusación configuran un delito de homicidio muy especialmente agravado para realizar otro ilícito (el robo de armas).

Morales explicó que a Bragundi se le debe tipificar la autoría de los tres crímenes y señaló que la cantidad de muertes ocasionadas agravan el delito. También advirtió que constituyen circunstancias agravantes de los homicidios la utilización de un arma de fuego, la nocturnidad, el abuso de confianza y el hecho de que los asesinatos ocurrieron para sustraer las armas automáticas. Como atenuante se tuvo en cuenta la primariedad del homicida.

Al finalizar su acusación, la fiscal Morales pidió a la jueza que dicte un pena de prisión para Bragundi de 29 años y seis meses, más la imposición de nueve años de medidas de seguridad eliminativas.

Luego del asesinato de los tres marines, el Ministerio de Defensa se propuso perseguir a los soldados desertores que se alistan en una fuerza distinta a la que fueron dados de baja. Para eso se empezó a hacer un relevamiento combinando la base de datos de cada una de las fuerzas, al tiempo que el ministro Javier García firmó un decreto por el cual se resolvió llevar adelante mayores controles en los ingresos.

Que había soldados de una fuerza que luego se alistaban en otra es algo que quedó en evidencia en mayo de 2020, luego de que los tres infantes de marina que cuidaban una antena en una pequeña estación del Cerro fueran ejecutados por un desertor. Según informó El País en su momento, además del homicida, ninguna de las víctimas debió haber estado allí la madrugada del triple crimen.

De los dos muertos, uno también era desertor, pues había sido expulsado del Ejército luego de faltar más de 144 horas a trabajar. Otro había sido dado de baja por notoria mala conducta y el último tenía antecedentes por hurto. O sea, a ninguno se le debió haber permitido su ingreso a la Armada.

El decretó de García lo que hizo fue centralizar los ingresos a cada una de las fuerzas (el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea) en una sola base de datos, para que fuera más fácil detectar ingresos de personas que ya han sido expulsadas. Con el cambio de criterio, el Ministerio de Defensa delegó a fines de 2020 el 40% de los ingresos de aspirantes. Desde 2014 y hasta 2019 -últimos datos dados a conocer por la cartera- los desertores fueron 775.

Todos los aspirantes a las Fuerzas Armadas deben realizar el curso dictado por el Centro de Instrucción de Reclutas, que tiene una duración de tres meses. Aunque muchos de los que lo empiezan lo abandonan por la mitad, no se considera que estos sean desertores, puesto que se entiende que aún no conocen la reglamentación. Una vez terminan esta instrucción, si abandonan su fuerza sin avisar sí se convierten en desertores. La mayoría son considerados así por un día dejar de presentarse a trabajar.