JUSTICIA

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"Totalmente al tanto. Conozco perfecto la causa”. Esa fue la respuesta que dio el empresario argentino Marcelo Balcedo cuando el juez Huberto Álvarez, en una audiencia que tuvo lugar en la mañana de ayer, leyó una nueva solicitud de extradición de la Justicia argentina sobre el empresario, por una investigación por coacción.

El fiscal Gilberto Rodríguez explicó en sala que Argentina solicitó la extradición por un delito calificado como coacción especialmente agravada. “En nuestro derecho (por Uruguay) podría tipificar un presunto delito de violencia privada cuya pena habilita el proceso de extradición”, indicó.

Uno de los puntos de la solicitud de extradición que redactó el juez argentino Ernesto Kreplak se tituló “otros hechos”. Ahí el magistrado hizo alusión a que hubo “numerosas denuncias formuladas por trabajadores de la educación, en razón de afiliaciones compulsivas y por reticencia a la desafiliación por parte del Soeme”. El Soeme es el Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y Educación de Argentina, del cual Balcedo era secretario general.

Durante la audiencia de ayer, que duró menos de una hora, el abogado defensor de Balcedo, Marcelo Domínguez, solicitó que la entrega del empresario sea aplazada ya que en Uruguay hay “una causa penal abierta que falta tiempo dilucidar”.

El juez Álvarez le preguntó a Balcedo si aceptaba ser extraditado a Argentina. “Sí, doctor”, respondió el empresario sin titubear. Con la aceptación del empresario, el juez hizo lugar a la solicitud de la defensa sobre el aplazamiento de la entrega. “La entrega correspondiente será aplazada hasta que queden extinguidas las responsabilidades penales del mismo en este país, en caso de corresponder”, indicó el juez en el fallo. Esto quiere decir, explicó el magistrado, que en caso de ser declarado culpable por la causa en Uruguay Balcedo deberá cumplir una pena. Si queda absuelto será extraditado a su país.

El empresario, junto con su pareja Paola Fiege, son acusados en Uruguay de eventuales delitos de lavado de dinero, contrabando de vehículos y porte ilegal de armas. Otro pedido de extradición de la Justicia argentina se dio en el marco de una investigación en ese país por lavado de activos.

Paola Fiege tenía apenas 20 años cuando conoció a Balcedo. En ese momento, vivía en Villa Cabello, uno de los barrios más populares de la ciudad de Posadas, Misiones. Balcedo, entonces de 41 años, de profesión ingeniero y con un máster en Comunicaciones en Estados Unidos, viajaba a menudo a Posadas por negocios. Tras formalizar su relación, la pareja se estableció en Buenos Aires.

El 1° de diciembre de 2008, Balcedo y Fiege pusieron pie en el balneario Playa Verde, ubicado a 35 kilómetros de Punta del Este. Fiege adquirió una propiedad por la suma de US$ 310.000, según la investigación fiscal. Luego compraron otros 11 padrones donde construyeron un chalet que denominaron “El Gran Chaparral”, una mansión en las cercanías de Piriápolis. Justamente en “El Gran Chaparral” fueron detenidos el jueves 4 enero de 2018 y ese mismo día imputados con prisión preventiva.

El miércoles 29 de mayo de 2018 la jueza especializada en Crimen Organizado, María Helena Mainard, dispuso la prisión domiciliaria para Fiege que, hasta ese momento, cumplía la medida cautelar en el Instituto de Rehabilitación Femenino, ex Musto. Seis meses después, el 21 de diciembre de ese año, Mainard hizo lugar al pedido del abogado de Balcedo y le otorgó la prisión domiciliaria al empresario por entender que no existía a la fecha un riesgo de fuga. En ese momento la magistrada destacó la situación de arraigo de la pareja en Uruguay, así como también el hecho de que todos los bienes y documentos de viaje de ambos se encuentran incautados.

En setiembre de este año el fiscal de Corte, Jorge Díaz, indicó en su cuenta de Twitter que Balcedo y su esposa “citaron a conciliación al fiscal Rodrigo Morosoli por supuestos daños y perjuicios generados durante el allanamiento a la chacra El Chaparral”. Para Díaz se trato de un “intento de amedrentar la acción de los fiscales” que intervinieron en la causa y dijo que “la institución no admitirá ningún intento de coaccionar el accionar de los fiscales”.