Obra polémica

Ve inconstitucional inmunidad de jerarcas de Gas Sayago.

El Tribunal de Cuentas decidió el mes pasado observar el denominado "Acuerdo de Pago y Respaldo" que suscribieron Ancap y UTE con Gas Sayago (la sociedad que iba a construir la fracasada regasificadora) para desembolsar para esta última el dinero que resultara de sentencias condenatorias y para declarar indemnes a los directores de esa sociedad ante eventuales reclamos de terceros.

En el octavo considerando de la resolución del organismo de contralor, se señala que la indemnidad "en tanto los titulares de los cargos son funcionarios públicos de los entes intervinientes, contraviene lo dispuesto por el artículo 25 de la Constitución de la República".

El tribunal también dispuso comunicar a la Unidad de Acceso a la Información Pública que se pactó la confidencialidad del acuerdo por el término de diez años pese a que no existe la resolución fundada requerida en estos casos por la ley 18.381.

El diputado nacionalista Pablo Abdala hará próximamente un pedido de informes sobre este punto porque, además, en la resolución del Tribunal de Cuentas se informa que la constructora brasileña OAS, la empresa que iba a hacer la fracasada regasificadora, inició un proceso de reclamación por daños y perjuicios por un monto de US$30 millones. Hasta ahora, solo había trascendido que había trabado un embargo contra Gas Sayago por US$13 millones.

El Partido Nacional ya presentó un informe con sus conclusiones sobre la investigadora que indagó todo el proceso vinculado a la obra que quedó trunca y pidió el pasaje del asunto a la Justicia. El miércoles próximo presentarán sus respectivos informes los partidos Independiente, Colorado y Unidad Popular.

En el informe nacionalista se señala que el Estado sufrió un perjuicio por todo el proceso de adjudicación y construcción por alrededor de US$174 millones. La obra quedó paralizada en 2015.

Por otra parte, en el Juzgado de Concurso de 1er. Turno, Gas Sayago y la constructora brasileña OAS intercambian acusaciones que rozan los límites de lo jurídico y alcanzan ribetes agraviantes.

La discusión se centra en las maquinarias que han ido transformando en chatarra a la intemperie en el obrador de la planta que quedó trunca en 2015 y en los costos de su uso. Pertenece a la Administración nacional de Puertos.