Nuevas audiencias por el femicidio de Natalia Lagos; policías y juezas son investigados por su accionar en el caso

Cinco meses después del femicidio de Natalia Lagos, que generó conmoción en agosto del año pasado, el caso continúa y se definió una nueva audiencia, en la que se buscará renovar las medidas del imputado. Se trata de su expareja -un expolicía de 29 años-, a quien Natalia -de 23 años- había denunciado por episodios de violencia, amenazas y acosos.

Hasta el momento, el femicida se encuentra con medidas cautelares, que vencerán el próximo 5 de febrero, por lo cual se fijó una audiencia el 1° de ese mes con el objetivo de que las medidas continúen hasta que se lleve adelante el juicio oral.

Fuentes del caso indicaron a El País que, si bien no está fijada la fecha del juicio, estiman que tendrá lugar en abril. Las medidas a revisar y que serán renovadas son prisión preventiva y prohibición de comunicación con el entorno de la víctima.

Esta instancia se llevará adelante, mientras que se espera por otra audiencia -la de control de acusación-, en la que el fiscal Ignacio Montedeocar solicitó 45 años de prisión para el imputado -30 años de pena máxima por el delito y 15 años de medidas de seguridad eliminativas por considerar que hay “peligrosidad” en el hombre. Esta cantidad es la máxima posible en Uruguay.

Además de esperar por estas audiencias y por el juicio oral, paralelamente se está llevando adelante una investigación administrativa a dos juezas que participaron en el caso, cuando Natalia denunció violencia por parte de su pareja, ya que se entiende que se tomaron “medidas insuficientes”. Desde la defensa de la familia, se dijo a El País que “otras medidas pudieron haber evitado la muerte de Natalia”.

La intención de iniciar estas investigaciones había sido manifestada hace algunos meses por la defensa de la familia de Natalia -integrada por los abogados Rafael Silva, Nicolás Pereyra y Valeria Campos-, quienes consultados recientemente por El País confirmaron que ya están en proceso, aunque “es un procedimiento reservado” y se les comunicó que “solo serán notificados cuando se tome una resolución”.

Además, la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio del Interior está investigando a funcionarios policiales, que intervinieron cuando Natalia hizo la primera denuncia. En todos los casos se cree que “existió un mal proceder”.

Natalia mantuvo una relación de pareja de aproximadamente un año con el ahora imputado, llegando incluso a convivir. Luego de terminar el vínculo -en julio de 2023-, ella lo denunció por varios episodios de violencia que dijo haber sufrido durante toda la relación, así como acosos y amenazas posteriores.

Debido al miedo que ella tenía por las constantes amenazas, es que por las noches era acompañada por familiares o amigos, quienes se turnaban para que no pasara sola.

Cuando en las primeras horas del 2 de agosto, el imputado se hizo presente en la vivienda donde se encontraba Natalia, ella estaba con Franco Aranda, un amigo que la estaba acompañando.

El exnovio de Natalia “tiró la puerta abajo”, según dice la acusación a la que accedió El País, y comenzó a golpear en la cara a Aranda mientras amenazaba con matarlo.

Luego de pegarle, tomó una cuchilla de la cocina y lo apuñaló en el abdomen, mientras que le decía a su exnovia: “Si no es conmigo, no va a ser con nadie”.

Fue en ese momento que el ahora imputado se llevó a Natalia en el auto de Aranda, conduciendo con destino desconocido. Mientras, Aranda se encontraba ensangrentado sobre la cama, aunque consiguió sobrevivir.

Cerca de las 2 de la madrugada, el femicida aceleró el vehículo a la altura del peaje ubicado en la ruta 8, en el kilómetro 50,5, e impactó contra una protección de hormigón. Natalia falleció al momento del choque mientras que el hombre tuvo heridas leves que no le significaron ninguna complicación a su salud.

Consultada la defensa de la familia de Natalia sobre este hecho, aseguran que “no hubo ninguna intención de suicidio”, basándose en que el impacto principal se dio sobre el lado de la víctima.