FISCAL DE CORTE SUBROGANTE

El fiscal de Corte subrogante protagoniza una situación incómoda: su esposa y su hija trabajan en la Fiscalía, es decir, él es su jefe. Para Juan Gómez, esta realidad no representa un problema. Con la serenidad que lo caracteriza, Gómez se recuesta sobre el respaldo de la silla de su oficina, entrelaza las manos sobre su pecho y dice:

-No es un secreto. Yo no pido que nadie haga fe de lo que yo digo, lo sostengo con hechos. Jamás intervine ni pedí nada respecto a mi señora o mi hija.

La esposa de Gómez, Laura Bentos, es abogada y escribana. Cuando se casaron, Gómez ya integraba la Fiscalía pero no como fiscal, sino como funcionario administrativo. En 1997 le ofrecieron asumir la titularidad de la fiscalía de Rivera, y luego de una deliberación personal, pese a la resistencia de su familia -cuenta-, aceptó. En 2002 su esposa se presentó a un concurso para ser secretaria dentro de Fiscalía, y accedió. Más de 10 años después, Bentos concursó para ser fiscal adjunta (el cargo anterior a fiscal letrado departamental), y quedó en primer lugar.

-Nunca trabajó conmigo. Tiene derecho a concursar como cualquier ser humano. No tiene nada que ver con la Fiscalía de Corte y jamás viajó.

En un momento en el que el trabajo de los fiscales es objeto de discusión pública, con sus potestades e independencia como parte del debate, ante la pregunta de qué situaciones desafiantes podrían presentársele a él, en su cargo, respecto a su esposa, Gómez responde que Bentos, que trabaja como adjunta en la Fiscalía de Flagrancia de Montevideo, no tiene intenciones de presentarse a ningún concurso para ser fiscal departamental en otro sitio. Sin embargo, si lo hiciera, él debería nombrar un tribunal de cinco miembros que entenderían en dicho concurso.

Por otra parte, su hija, la psicóloga Daniela Gómez, se presentó a concurso a la institución en la que trabajan sus padres e ingresó en febrero de 2019, cuando Gómez aún no trabajaba en la Fiscalía de Corte. Ejerció en Ciudad de la Costa hasta que la directora de la Unidad de Víctimas y Testigos, Mariela Solari, pidió que pasara a cumplir funciones en ese servicio.

-Mi hija vio una oportunidad laboral, porque no deja de ser eso. Yo no tenía ninguna incidencia en nada cuando ella ingresó. Sacó el segundo lugar. ¿Qué derecho tengo yo, que me estoy yendo, de decir ‘no te presentes’? Si alguien piensa, si alguien tiene la maldad incorporada de creer que todo es oscuro, bueno, que viva con esa forma. Yo no vivo así.

Dice Gómez que a su hija la eligieron en la Unidad de Víctimas por su capacidad, y dedica unos minutos a exponer su trabajo y su sensibilidad, de los que se siente orgulloso.

-Es muy probable que haya aprendido algo del padre. Al día de hoy atiendo a muchas personas que me llaman, que no sé cómo obtienen mi teléfono, y nunca les saco el cuerpo de ayudar a las personas.

En ambos casos insiste en que desempeñan sus tareas bien, que ninguna está “sentada en un sillón cobrando un sueldo”. Su hija “se preocupa por las víctimas y pone de su bolsillo si es necesario”. Su esposa “integra la institución hace 20 años y ha tenido el reconocimiento de todos los fiscales que trabajaron con ella”.

Gómez se aferra al cumplimiento de la norma base en lo que refiere a los parentescos dentro del ministerio público (el suyo no es el único): mientras los familiares no trabajen en la misma oficina, y mientras no haya una relación de dependencia directa entre ellos, no hay problema.

Parentescos en fiscalía

Los otros vínculos familiares

En la respuesta a un pedido de acceso a la información realizado por el senador Guido Manini Ríos ante la Fiscalía General de la Nación -y publicado en parte por El País semanas atrás-, se detallan los vínculos de parentesco de los funcionarios de Fiscalía con otros funcionarios. Además del caso de Gómez, que tiene a su esposa y a una de sus hijas trabajando allí, aparece el del fiscal Ricardo Perciballe, especializado en Crímenes de Lesa Humanidad. Perciballe ingresó en 1991 y su esposa, Andrea Melogno, lo hizo en 2009; ella se desempeña como adscripta de la Fiscalía Penal de Montevideo de Flagrancia. Otro caso que se informa es el del fiscal Carlos Rodríguez Carreté, que ingresó el mismo año que Perciballe. Su esposa, Silvia Ferreira, ingresó por concurso en 2009. Rodríguez y Ferreira trabajan en la Fiscalía Departamental de Salto, pero él lo hace dirigiendo el segundo turno y ella, que es fiscal adscipta, se desempeña en el cuarto turno. Luego se menciona a la fiscal de Maldonado Ana Laura Rosés, que ingresó a Fiscalía en 2013 y es fiscal de ese departamento desde 2018. Su esposo, Jorge Vaz, ingresó a Fiscalía por concurso en 2016 y es fiscal de San Carlos desde 2019.

En la respuesta, que se elaboró aún estando Jorge Díaz pero que rubricó y entregó Juan Gómez, no se informa la pareja del fiscal de Flagrancia de Montevideo Carlos Negro y la directora de la Unidad de Víctimas y Testigos, Mariela Solari. Esto es, explicó Gómez, porque ellos no tienen un vínculo conyugal. Del mismo modo, hay otras parejas que no aparecen allí, dijo el fiscal de Corte, que alegó: “¿Con qué fundamento puedo decir que dos seres humanos mantienen una relación que no es de matrimonio o concubinato? No sé cuándo empezó, cómo se desarrolla… sería meterme en la vida privada de las personas. Uruguay no es así”. En su momento, la designación directa de Solari fue motivo de comentarios en Fiscalía porque -se sabe- Díaz y Negro son amigos. Para Gómez, Solari “tiene un gran profesionalismo y es ideal para la función que cumple”. Y concluyó: “Si tuviera que hacerlo, no tengo ninguna duda de que la elegiría a ella”.

Pero para este fiscal de Corte, que es subrogante desde el 6 de octubre de 2021 y a la misma vez sigue ejerciendo funciones como adjunto de Corte -cargo que empezó a desempeñar en abril de ese año-, la situación es un poco más compleja. El hecho de que ocupe ambos cargos implica que no se tome vacaciones, que si se enferma no tiene quien lo reemplace, y que en la eventualidad de que haya algún procedimiento que involucre a alguna de sus familiares -traslado, concurso o sanción- no tiene a un “dos” para recurrir.

-No está presentado el tema. Si yo fuera el fiscal de Corte y tuviera un adjunto de Corte, obviamente sería natural que lo hiciera el adjunto. Pero tampoco me puedo responsabilizar de eso, que lo único que a mí me implica es una mayor contracción a la actividad y arriesgar. Arriesgo en salud. Yo no tengo una salud muy buena y a veces… no es que me estrese, yo no me estreso. Uno está tranquilo pero la responsabilidad es muy grande.

-Entonces, ¿podría abstenerse eventualmente?

-Hoy, si hubiera algo que tuviera algo que ver mi familia, yo me apartaría. No tenga ninguna duda.

La ley orgánica de Fiscalía, aprobada en 2017, establece que si el fiscal de Corte pidiera excusarse de participar de algo o abstenerse, se crearía una comisión integrada por los tres fiscales de Montevideo más antiguos en dicho cargo, que deberían resolver su solicitud.

Los parentescos de Gómez son conocidos en Fiscalía. Algunos, por lo bajo, evalúan la inconveniencia del asunto pero confían en su accionar. Otros le quitan importancia. Desde la Asociación de Fiscales, Willian Rosa, dijo que el tema no ha sido analizado a nivel gremial.

Más allá de esto, lo que más le inquieta a Gómez es que por algún quebranto de salud suyo la Fiscalía quede sin mando. Los legisladores no han negociado lo suficiente como para llegar a una persona de consenso que pueda ser nombrada en su lugar (se precisan tres quintos del Senado), pero tampoco han querido dar su apoyo para que él sea quien oficialmente quede en el cargo. Eso lleva, a su vez, a que él no pueda nombrar a un adjunto.

Mientras tanto, reza.

-Si Dios me da salud, yo cumplo. Lo único que cumplo es la ley. La ley dice que el fiscal adjunto de Corte, cargo que yo tenía y acepté en una decisión libre y voluntaria, queda como subrogante en caso de ausencia temporal o definitiva del fiscal de Corte. Acepté, pero nunca preví que tan pronto estaría como fiscal de Corte subrogante. Mi única aspiración es no dejar a mi institución con más de 46 años de pertenencia, sin un mando. A veces la edad y los problemas físicos que tengo me preocupan. Y pienso: pucha, no hay nada previsto de quién sería. Mi esperanza es que efectivamente (los legisladores) decidan.

Durante la gestión de Jorge Díaz al frente de la Fiscalía General de la Nación se fue instalando una puja con un grupo de fiscales que, según manifestaron varias veces a través de la prensa, se sentían desplazados por no ser cercanos a él. Advirtieron de la discrecionalidad de Díaz al definir traslados, ascensos y sumarios, teniendo en cuenta “amiguismos” e incluso parentescos, como con algunos primos o primos lejanos, y perjudicando a ciertos fiscales. Algunos denunciaron directamente “persecución”.

Dos casos que terminaron en demanda judicial fueron el de las fiscales Cristina Falcomer y Sandra Fleitas. Falcomer había sido sumariada por supuesto acoso laboral en la Fiscalía de Atlántida. Fue degradada y pasó a desempeñarse como fiscal adjunta. Presentó un reclamo al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) y el tribunal le dio la razón. Fleitas, en tanto, entabló dos juicios por daños y perjuicios a raíz de dos sumarios que le hiciera Díaz. La actual fiscal de Rosario dijo para esta nota que ambos juicios están en etapa de alegatos. A su vez, Fleitas agregó que presentó una tercera acción de nulidad cuando dictaron la revocación del segundo acto, porque le mantuvieron la retención de haberes por interpretación de Díaz. Eso aún está corriendo en el TCA .

Manini abordó en varias preguntas aquel malestar, en particular sobre el último concurso. En la respuesta se indica que hubo tres recursos administrativos contra la resolución de 2020, que era la que establecía las bases del concurso. Originalmente fueron nueve fiscales los que accionaron contra Díaz por considerar que se había “armado una estructura macabra” para favorecer a algunos fiscales sin trayectoria, méritos o antigüedad suficiente, recuerda uno de los fiscales que participó de ese reclamo y que pidió mantenerse anónimo. Cuestionaban que Díaz hubiera designado para viajar a capacitaciones al exterior a ciertos fiscales, y que luego considerara esas mismas capacitaciones como un mérito para los concursos. “Por eso hay gente muy joven en puestos que no debería estar”, dice la fuente.

También se planteaba que los integrantes de los tribunales “eran siempre los mismos”, y que coincidía con que eran los políticamente afines a Díaz. Al respecto, la respuesta de la Fiscalía dice: “Los tribunales de concurso se integran con tres miembros y sus respectivos suplentes, los cuales posean un nivel de carrera superior al del cargo concursado dentro del mismo escalafón y con reconocida idoneidad técnica”.

Hoy, varios de aquellos que se identifican como los “innombrables” de esa época sostienen que Juan Gómez ha dado señales claras de no querer ir en el mismo camino. “Está mechando gente nueva”, dicen, en los viajes por ejemplo, y acercándose a ellos para transmitirles apoyo.