La Fiscalía cierra la investigación contra Gustavo Penadés y pedirá una pena alta por los delitos imputados

Corren las últimas horas en las que la Fiscalía puede investigar al exsenador Gustavo Penadés. Tiene hasta el viernes inclusive para presentar la demanda acusatoria que pondrá el sello final a la primera parte del caso. En ella, debe incluir su solicitud de pena. ¿Cuántos años podría pasar el exlegislador tras las rejas?

La fiscal Isabel Ithurralde pretende pedirle la pena máxima posible para los delitos por los que lo acusa, informó M24. Según reconstruyó El País, la idea del Ministerio Público es solicitar la pena máxima o cercana a ella. Eso es difícil de calcular, porque hay que tener en cuenta la gran variedad de delitos imputados y sus agravantes para llegar al número final. En ese sentido, fuentes de la causa señalaron que, dependiendo del cálculo y la teoría jurídica aplicada, la máxima podría alcanzar los 16 años o los 20.

Cuando aún estaba al frente del caso, la fiscal Alicia Ghione barajó la posibilidad de pedir 18 años.

Pero ¿por qué es tan importante la presentación de la acusación? Hay dos motivos principales. El primero, es que ese documento contiene toda la teoría del caso de la Fiscalía. Esto es: los hechos por los que pretende inculpar a Penadés y las evidencias con las que cree que queda demostrado que esos hechos sucedieron. El segundo, es que con su presentación culmina la etapa de la investigación. Esto significa que la Fiscalía ya no puede sumarle otros cargos ni sumar a más víctimas.

Luego de su presentación, se abre un espacio de 30 días para que la defensa conteste la demanda. Allí pueden exponer su propia teoría del caso y presentar evidencia que la sustente. Finalmente, la jueza Marcela Vargas llamará a la audiencia de control de acusación. Esta tiene como objetivo controlar cada una de las evidencias que las partes quieren llevar a juicio y verificar que sean legales y pertinentes.

Una vez que eso ocurre, por sorteo se elige otro juez que nunca haya tenido contacto con el caso. Esa persona será quien estará encargado del juicio y definirá, en primera instancia, si Penadés es culpable o inocente de los delitos por los que se lo acusa. En Montevideo hay 15 jueces penales, pero hay al menos dos que no tienen chance de ser electos. Ellas son la propia Vargas y María Noel Odriozola. En el caso de la última, porque suplió a la titular en una de las audiencias del caso y por ende, ya tuvo contacto con el expediente.

La recta final del caso se caracterizó por la toma de declaraciones, pero también incluyó un allanamiento. Ithurralde volvió a citar a algunas de las víctimas del caso para aclarar puntos que le generaban dudas, entre ellas, Romina Celeste Papasso y Javier Viana.

En el caso de Viana, rectificó que era mayor de edad cuando se encontró con Penadés, informó El Observador. Más allá de eso, sigue formando parte del caso puesto que él denunció haber sido abusado sexualmente por el exlegislador.

Además, hasta ayer inclusive hubo varias instancias judiciales para tomarle declaración al expolicía Federico Rodríguez. Él fue condenado por participar de “la trama” para salvar a Penadés. La Fiscalía había pedido que declare antes de iniciar el juicio por considerar que era un testigo que estaba en peligro, dado que fue, tiempo atrás, amenazado por el exdirector del Comcar, Carlos Tarocco, también condenado en la causa. Así lo había informado en su momento Alicia Ghione.

La toma de esta declaración llevó cuatro audiencias. Esto se debe a que, para ingresar como prueba sus chats con Tarocco —en los que, según Fiscalía, planeaban “la trama”—, él debía explicarlos, dar contexto y acreditarlos. Así, durante horas, él declaró refiriéndose a esos mensajes.

La posición de la defensa de Penadés —compuesta por Laura Robatto y Homero Guerrero— es que se rompió la cadena de custodia del dispositivo porque fue utilizado previo a la pericia. Luego de una extensa discusión, la jueza Marcela Vargas consideró que la discusión sobre la eventual ruptura de la cadena de custodia debe darse en el juicio.

Rodríguez era el policía al que le habían encargado como tarea seducir a Jonathan Mastropierro, una de las víctimas del caso, para sacarle información. A cambio, recibiría un pago, pero según declaró ante la jueza, nunca le fue abonado.

Por otra parte, hace pocos días, se realizó un allanamiento en un apartamento que solía ser de Penadés a pedido de la fiscal Ithurralde. El lugar está ubicado en Bulevar Artigas y Maldonado. El exlegislador vivió allí entre los años 90 y los 2000.

Viana, que denunció haber sufrido abusos por parte de Penadés en el libro Gustavo Penadés: dos caras de un hombre con poder, afirmó haber ido a ese lugar con el dirigente político. Además, describió la disposición de ambientes que tenía el edificio y el apartamento en ese momento.

¿Por qué se allana un edificio por hechos que, se denuncia, ocurrieron hace 30 años? En la mayoría de los casos, lo que se busca determinar es si la descripción del lugar que hizo la víctima coincide con él, más allá de que, con el paso de los años, pudieran haberse realizado obras o modificaciones.

El mismo día que se vence el plazo para presentar la acusación, se vencen las medidas cautelares tanto de Penadés como del profesor Sebastián Mauvezín. Esto significa que se abre una nueva oportunidad para debatir si deben continuar presos o pueden ir a arresto domiciliario.

Un argumento que suelen utilizar los fiscales —pero no siempre es contemplado por los jueces— es el hecho de que el riesgo crece una vez que se presenta la acusación. Ello, debido a que el imputado, enfrentado a la petición de una pena alta, puede verse más seducido a fugarse. Una posición similar a esa esgrimió en una de las audiencias anteriores el fiscal Fascioli, por ejemplo.

Sin embargo, hay defensores que utilizan la misma tesis para fundamentar lo contrario. La Fiscalía ya acusó y la investigación se cerró, por lo que no hay forma en que los imputados pongan en riesgo una indagatoria que ya culminó.

Lo más probable es que este debate se lleve adelante el día jueves, señalaron fuentes del caso. La jueza Vargas ha sostenido desde el mes de febrero que, a su juicio, los imputados deben de estar en arresto domiciliario. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones consideró que la medida que corresponde es la prisión.

Después del fallo del tribunal, Vargas ha tenido que volver a resolver sobre el mismo tema en dos oportunidades. En esos casos, sostuvo que aunque ella crea que deben ir a domiciliaria, corresponde la prisión.

¿Por qué? En junio, dijo que cuando envió a Penadés a domiciliaria y fue reingresado a la cárcel, generó “conmoción social” puesto que la policía fue a buscarlo a su casa y la prensa lo documentó. Explicó que no estaba dispuesta a repetir ese momento, teniendo en cuenta que el tribunal revocaría nuevamente su decisión. El suyo, aseveró la jueza, era un “fundamento pragmático”.

Los ministros del tribunal de cuarto turno contestaron que Vargas “debía limitarse a hablar por ella y no por lo que el tribunal podría llegar a resolver”.

Hace 20 días, cuando negó la solicitud de los abogados de Mauvezín, la jueza desarrolló el concepto: “Yo entiendo que esos riesgos en este momento pueden ser morigerados de otra forma. Esa es mi posición. Y si mantuve la resolución (en junio), no fue por un argumento ad hominem de que lo que piense un tribunal superior me tenga que determinar a mí”. “Tampoco (resolví lo que resolví) por el temido concepto de ‘conmoción social’ que no se puede manifestar, sino que fue por otros motivos empíricos y de mantenimiento de la coherencia, de la institucionalidad”, agregó.