CASO PEPÍN

LA NACIÓN (GDA)

La jueza federal Maria Servini envió este lunes un exhorto a Uruguay en el que señaló que es “urgente” la captura de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, exasesor de Mauricio Macri. Señaló que los delitos por los que se lo busca, extorsión y amenazas, “no son políticos” y se castigan con penas que van desde los cuatro a los 15 años de prisión.

El Juzgado Letrado Penal Especializado en Crimen Organizado de 1º Turno, a cargo de la Dra. Adriana Chamsarián, recibió la solicitud de detención y extradición, se formó expediente y pasó para asignar Fiscalía, confirmó a El País Raúl Oxandabarat, vocero de la Suprema Corte de Justicia.

En la documentación, de 124 carillas y tres anexos –a los que accedió LA NACION– y que el juzgado envió a Uruguay a través de la Cancillería argentina, la jueza enumera las evidencias que dijo haber reunido en contra del exasesor de Macri para pedir su captura.

En esta causa, Rodríguez Simón es investigado porque supuestamente presionó a Cristóbal López -empresario que durante el kirchnerismo expandió geométricamente sus negocios en el juego, los medios y el petróleo- en nombre de Macri, para que apoyara al gobierno de Cambiemos o de lo contrario le iba a ocasionar perjuicios económicos.

Servini escribió en su exhorto que “existe urgencia en el caso por cuanto Fabián Rodríguez Simón se dio a la fuga del territorio de la República Argentina y manifestó su intención de no someterse a la jurisdicción del país, lo cual determinó que se lo considerara rebelde y se ordenara su captura nacional e internacional”.

En rigor, Rodríguez Simón estaba citado a prestar declaración indagatoria el 17 de junio y antes de esa fecha pidió asilo como refugiado político en Uruguay. Ese trámite es el que impide que se ejecute la orden de captura enviada por la jueza Servini.

Uruguay tiene 90 días para decidir si le da asilo como refugiado político.
Mientras tanto, Pepín no puede ser detenido.

En su exhorto, Servini escribió que es la jueza competente para investigar, que los delitos por los que pide la detención de Rodríguez Simón “no son políticos, ni militares” y por eso es aplicable el tratado de extradición entre los dos países.

Describió las evidencias que sostienen su pedido de extradición y dijo que los delitos se busca a Pepín son amenazas y extorsión, que de manera conjunta prevén una pena de entre 4 y 15 años de prisión.

Los tres anexos del exhorto enviado por la jueza son la copia de la resolución formal de extradición y detención, la copia de la resolución que declara la rebeldía y la captura internacional y las copias de los artículos del Código Penal argentino que muestran que los delitos por los que se busca al acusado están previstos en los dos países (condición para otorgar la extradición) y que no están prescriptos.

En el exhorto la jueza informó a Uruguay que Pepín declaró una dirección en la ciudad Vieja de Montevideo para poder ubicarlo, pero fuentes ligadas al caso en Uruguay dijeron que se trata de un estudio jurídico. En caso de que no se lo pueda ubicar en ese lugar, la jueza pidió a Uruguay que haga las diligencias necesarias para saber dónde se encuentra.