Justicia negó extradición de excura a Bolivia por entender que prescribieron delitos; habría abusado de 30 niños

La Justicia uruguaya negó la extradición del excura uruguayo Juan José Sant’Anna a Bolivia, donde había sido acusado de abusar sexualmente de unos treinta niños que tenía a su cargo en un internado en una zona rural del departamento de Cochabamba y de huir tras ser descubierto, con el fin de evadir el proceso judicial. Durante más de 17 años logró mantenerse prófugo, ignorando las distintas citaciones de la Justicia de Bolivia.

En la audiencia celebrada en la tarde del miércoles, el juez Matías Porciúncula centró el argumento de su decisión en la prescripción de la acción penal conforme a la ley nacional. En una audiencia anterior, el 29 de octubre pasado, la defensa del ex sacerdote había solicitado a la Justicia de Bolivia que aclarara la edad de las presuntas víctimas, que según los testimonios tomados en 2007 tenían entre 6 y 18 años. El fin era aclarar si el delito seguía vigente, a pesar de la declaratoria de rebeldía de Sant’Anna en 2011, lo que había detenido el reloj del proceso general.

El juez fue expeditivo. Explicó que la respuesta de Bolivia había llegado y la interpretación era que la prescripción no se constataba según la legislación de ese país. Ese debate en todo caso debía darse en el juicio que tendría lugar en Bolivia, señaló el juez. Sin embargo, para hacer lugar a la extradición, la causa no puede estar prescripta en ninguno de los dos Estados.

Según los cálculos que realizó el juez uruguayo, el delito de abuso deshonesto que se imputó a Sant’Anna en el país andino equivaldría a un delito de atentado violento al pudor en la normativa nacional. El tiempo para evitar la prescripción es de 10 años que empiezan a contarse a partir de la declaración de rebeldía en 2011. La prescripción del delito habría sido en 2021, planteó el juez. Y apuntó: entre 2021 y 2025, la Justicia de Bolivia no realizó ninguna acción, fue recién en setiembre de 2025 que emitió una alerta roja de Interpol que causó la captura del excura prófugo. De acuerdo a su análisis, ya era demasiado tarde.

La fiscalía no apeló. Ahora resta la respuesta de la Justicia de Bolivia. Mientras tanto, Sant’Anna estará en libertad. En la audiencia indicó que volverá a Salto, a la casa de su familia en el barrio Palomar donde se mantuvo semioculto durante prácticamente 18 años.

Foto: Prensa de Bolivia.

En 1989 Sant’Anna ingresó al seminario de la Congregación Salesiana con el fin de ordenarse sacerdote, pero debido a distintos comportamientos detectados por sus superiores decidieron que sus “dificultades para la vida en comunidad” impedían que egresara.

En 2005 viajó a Bolivia, se instaló en Cochabamba y allí sí fue ordenado en el clero secular. Rápidamente se le asignó la tarea de administrar y dirigir el ala masculina del internado Ángel Gelmi,de Tapacarí, una zona rural aislada y tremendamente pobre. Allí se educaban, alimentaban y en muchos casos se alojaban decenas de niños de contextos vulnerables, en algunos casos huérfanos.

El exsacerdote tenía unos setenta niños varones a su cargo. Según fuentes locales, allí era popular por jugar bien al fútbol y así se ganó la confianza de los niños. De acuerdo a los testimonios recogidos por los investigadores judiciales en su momento, habría cometido distintos abusos sexuales contra unos 30 menores. La práctica habitual —según se desprende de los relatos— era invitarlos a ver videos a su habitación y allí cerrar la puerta con llave. En ocasiones, habría utilizado somníferos. Los niños también contaron que a veces seleccionaba a más de uno para llevarlos a su habitación.

En octubre de 2007 una monja descubrió los presuntos delitos de Sant’Anna al encontrar a un niño llorando. Le dijo que el padre Juanjo lo “molestaba mucho” y le contó lo que pasaba. Al día siguiente, otra vez narró lo mismo pero esta vez sumó a más compañeros, que también describieron los mismos abusos.

Desde que fue informado, el arzobispo de Cochabamba ordenó una investigación interna y fue avisado el Servicio Departamental de Gestión Social, organismo que debía fiscalizar el funcionamiento del internado —acción que no realizaba por falta de locomoción. Finalmente se denunció a las autoridades judiciales y a la Policía, algo que se hizo luego de unos 20 días. En el medio, Sant’Anna huyó.

Tras la denuncia, el excura había sido enviado a una residencia sacerdotal. Según surge de la documentación que envió la Justicia de Bolivia a su par uruguaya, en una conversación con el sacerdote Eugenio Coter, designado por el arzobispo para realizar las primeras investigaciones en el internado, Sant’Anna “asumió haber cometido los delitos”.

Vino a Uruguay, a Salto. Y se estableció en la casa de sus padres. En 2008, allí lo halló Interpol. En 2010, lo enfrentó un periodista de LR21 a quien Sant’Anna le habría reconocido cometer los delitos. En 2023, toco a su puerta un periodista de Bolivia. Y en agosto de 2025, fue El País. Tras este informe, unas semanas después la Justicia de Bolivia pidió su captura.

Foto: M.Solomita.

En Bolivia, el caso del padre Juanjo era señalado como un ejemplo de impunidad de la que gozan las figuras religiosas señalas de cometer abusos sexuales. Cuando se supo la noticia de su eventual extradición tuvo un enorme eco mediático y fue celebrada por la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes, una agrupación de víctimas de otros sacerdotes que se ha convertido en un grupo de presión para que la Justicia actúe ante la oleada de denuncias que surgió desde 2023, cuando un informe del diario español El País difundió los diarios del padre Alfonso Pedrajas en los que revelaba que entre 1972 y el 2000 había abusado de unos 85 niños y detallaba cómo había sido encubierto por sus superiores.

Semanas antes de que se librara la orden de captura contra Sant’Anna, en Cochabamba se aplaudía la condena de dos sacerdotes que habían encubierto a Pica. La Comunidad de Sobrevivientes, cree que esa sentencia envalentonó a la Fiscalía para actuar con el excura uruguayo.

En Bolivia, donde el caso Sant’Anna se sigue de cerca, distintos grupos sociales y políticos exigían la recalificación del delito de abuso deshonesto, planteando que de los testimonios surgen indicios claros de abusos sexuales más graves —violación contra niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, delito que no estaba legislado en 2007—, y pedían que fuera juzgado por la pena máxima, lo que le implicaría un condena de 30 años si se consideraban los distintos agravantes. Expectantes de las novedades en Uruguay, la noticia de la negación de la extradición los dejó “sin palabras”.

“El delito de violación a niños, niñas y adolescente es equiparable al delito de tortura y es considerado un delito de lesa humanidad, en esta perspectiva es imprescriptible y se puede perseguir más allá de las fronteras de cada país, la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes espera que la extradición pueda realizarse”.